CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Santa Fe - Paraná - 1994

 

 

 

PREÁMBULO

 

 

Nos los representantes del pueblo  de la  Nación  Argentina,  reunidos en Congreso General

Constituyente  por voluntad y elección de las provincias que la componen,  en cumplimiento de

pactos preexistentes,  con el objeto de constituir la unión nacional,  afianzar la justicia, consolidar la

paz interior,  proveer a la defensa común,  promover el bienestar general,  y asegurar  los  beneficios 

de la  libertad,  para nosotros,  para nuestra posteridad,  y para todos los hombres del mundo que

quieran habitar en el suelo argentino:  invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y

justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

 

PRIMERA   PARTE

CAPITULO PRIMERO

Declaraciones, derechos y garantías

 

Artículo 1º.-  La  Nación  Argentina  adopta para su gobierno la forma representativa 

republicana  federal,    según  la  establece la presente Constitución.

 

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

 

Artículo 3º.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se

declare  Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión echa por una o

más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

 

Artículo 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los  fondos  del  Tesoro 

nacional  formado  del  producto de derechos de importación y  exportación, del de la venta  o

locación  de  tierras  de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las  demás  contribuciones

que    equitativa   y    proporcionalmente   a   la   población   imponga el Congreso General,    y de

los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la

Nación, o para empresas de utilidad nacional.

 

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema  representativo 

republicano,   de acuerdo  con  los  principios, declaraciones y garantías de la Constitución

Nacional:   y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación

primaria.

Bajo de estas condiciones  el  Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de

sus instituciones.

 

Artículo 6º.- El  Gobierno  federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la 

forma  republicana  de  gobierno,  o repeler invasiones  exteriores,   y a requisición de sus

autoridades constituidas para  sostenerlas  o  reestablecerlas,  si hubiesen sido depuestas por la

sedición, o por invasión de otra provincia.

 

Artículo 7º.- Los actos públicos  y  procedimientos  judiciales de una provincia gozan de entera

fe en las demás;  y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la  forma  probatoria 

de  estos  actos  y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

 

Artículo 8º.-  Los  ciudadanos  de  cada  provincia gozan de todos los derechos,  privilegios e

inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás.    La extradición de los criminales es de

obligación recíproca entre todas las provincias.

 

Artículo 9º.-  En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las  nacionales  en

las cuales  regirán  las  tarifas que sancione el Congreso.

 

Artículo 10º.- En el interior  de la  República es libre de derechos la circulación de los efectos

de producción o fabricación nacional, así como la  de  los  géneros  y  mercancías de todas clases,  

despachadas en las aduanas exteriores.

 

Artículo 11º.- Los artículos de producción  o  fabricación  nacional  o extranjera,   así  como 

los  ganados  de  toda  especie,   que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los

derechos llamados de tránsito,  siéndolo también los carruajes,  buques o bestias en que se

transporten;  y  ningún  otro  derecho  podrá  imponérseles  en adelante, cualquiera  que  sea  su 

denominación,  por  el  hecho  de  transitar el  territorio.

 

Artículo 12º.- Los buques destinados de una provincia a otra,  no serán obligados a entrar, 

anclar  y  pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse

preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

 

Artículo 13º.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse  una 

provincia  en el  territorio de otra u otras,  ni de varias formarse una sola,  sin el consentimiento de

la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a

las leyes que reglamenten su ejercicio;  a saber:  de trabajar  y  ejercer toda industria lícita;   de

navegar y comerciar;  de peticionar a las autoridades;  de entrar,  permanecer,  transitar y salir del

territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su

propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

 

Artículo 14º bis.- El  trabajo  en  sus  diversas  formas gozará de la protección de las leyes,  las

que asegurarán al trabajador:   condiciones dignas y equitativas de labor;   jornada limitada; 

descanso y vacaciones pagados;   retribución justa;   salario  mínimo  vital  y  móvil;   igual

remuneración por igual tarea;  participación  en  las  ganancias  de  las empresas, con control de la 

producción  y  colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del

empleado público; organización  sindical  libre y democrática,  reconocida  por  la  simple

inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios:  concertar  convenios  colectivos  de trabajo; recurrir a la

conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.

Los representantes gremiales gozarán de las  garantías necesarias para el cumplimiento de su

gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,  que  tendrá carácter de integral e

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a cargo de 

entidades  nacionales  o provinciales con autonomía financiera y económica,  administradas por los

interesados  con  participación  del  Estado,    sin  que  pueda  existir superposición de aportes;

jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia;  la defensa del bien de

familia;  la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

 

Artículo 15º.- En la Nación Argentina no hay esclavos:  los pocos que hoy existen quedan

libres desde la jura de esta Constitución;   y una ley especial reglará las indemnizaciones  a que dé 

lugar  esta  declaración.

Todo contrato de compra  y  venta  de  personas es un crimen de que serán responsables los que

lo celebrasen,   y el escribano o funcionario que lo autorice.   Y  los  esclavos  que de cualquier

modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.

 

Artículo 16º.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no

hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza.

Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que

la idoneidad.  La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

 

Artículo 17º.- La propiedad es inviolable,  y  ningún habitante  de la Nación puede ser privado

de ella,  sino en virtud de sentencia fundada en ley.  La expropiación por causa de utilidad pública, 

debe ser calificada por  ley  y  previamente  indemnizada.    Sólo  el  Congreso  impone  las

contribuciones  que se  expresan  en el  artículo  4º.   Ningún  servicio personal es exigible, sino en

virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

Todo autor o inventor es propietario exclusivo  de su  obra,   invento  o descubrimiento, por el

término que le acuerde la ley.  La confiscación de bienes queda borrada para siempre del  Código 

Penal  argentino.   Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones,  ni  exigir  auxilios de ninguna

especie.

 

Artículo 18º.- Ningún habitante  de la  Nación  puede ser  penado sin juicio previo fundado en

ley anterior al hecho  del  proceso,  ni juzgado por comisiones especiales,  o sacados de los jueces

designados por la ley antes del hecho de la causa.   Nadie puede ser obligado a declarar contra sí

mismo;   ni  arrestado  sino  en  virtud de orden escrita de autoridad competente.  Es  inviolable  la 

defensa en juicio de la persona y de los derechos.   El domicilio es inviolable,   como también la

correspondencia epistolar y los papeles privados;  y  una  ley determinará en qué casos y con qué 

justificativo  podrá  procederse  a su allanamiento y ocupación.

Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento

y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias , para seguridad y no para castigo de

los reos detenidos en ella, y toda medida  que a  pretexto de precaución conduzca a mortificarlos

más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

 

Artículo 19º.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a

la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,  y  exentas  de la 

autoridad de los magistrados.

Ningún  habitante  de la  Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo

que ella no prohibe.

 

Artículo 20º.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles

del ciudadano;  Pueden  ejercer  su industria, comercio y profesión;  Poseer bienes raíces, 

comprarlos  y  enajenarlos;  Navegar los ríos y costas;  Ejercer libremente su culto;  Testar y casarse

conforme a las leyes.    No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones

forzosas extraordinarias.   Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos  en la  Nación; 

Pero  la  autoridad  puede acortar este término a favor del que lo solicite,   alegando  y  probando

servicios a la República.

 

Artículo 21º.- Todo  ciudadano  argentino  está obligado a armarse en defensa de la patria y de

esta Constitución,  conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos  del 

Ejecutivo  nacional.  Los ciudadanos  por  naturalización  son libres de prestar o no este servicio por

el término de  diez años  contados desde el día  en  que  obtengan su carta de ciudadanía.

 

Artículo 22º.- El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y

autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se

atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

 

Artículo 23º.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el

ejercicio de esta Constitución y  de las  autoridades creadas por ella,  se  declarará  en  estado  de 

sitio  la  provincia  o territorio en donde exista la perturbación del orden,  quedando suspensas allí

las garantías constitucionales.  Pero  durante  esta  suspensión  no podrá el presidente de la

República condenar por sí ni aplicar penas.  Su poder se limitará en tal caso respecto de las

personas,  a  arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación,  si  ellas  no  prefiriesen salir

fuera del territorio argentino.

 

Artículo 24º.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y

el establecimiento del juicio por jurados.

 

Artículo 25º.- El Gobierno federal promoverá la inmigración europea;  y no podrá restringir, 

limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que

traigan por  objeto labrar la tierra, mejorar las industrias,  e introducir y enseñar las ciencias y las

artes.

 

Artículo 26º.- La  navegación  de  los ríos interiores de la Nación es libre para todas las

banderas,  con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.

 

Artículo 27º.- El  Gobierno  federal  está  obligado  a  afianzar sus relaciones de paz y

comercio  con las  potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los

principios  de  derecho público establecidos en esta Constitución.

 

Artículo 28º.- Los principios,  garantías y derechos reconocidos en los anteriores  artículos,   

no  podrán  ser  alterados  por las  leyes  que  reglamenten su ejercicio.

 

Artículo 29º.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional,  ni las legislaturas

provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder

público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las  que  la  vida,   el  honor  o las  fortunas  de 

los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.   Actos de esta naturaleza llevan

consigo una nulidad insanable,  y  sujetarán  a los que los formulen,   consientan o firmen,   a la

responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

 

Artículo 30º.- La  Constitución  puede  reformarse  en  el  todo  o en cualquiera de sus partes. 

La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al

menos de sus miembros;  pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

 

Artículo 31º.- Esta Constitución,  las leyes  de la  Nación  que en su consecuencia se dicten 

por el  Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación;  y  las

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas,  no  obstante cualquiera

disposición  en  contrario  que  contengan  las  leyes  o  constituciones provinciales, salvo para  la 

provincia  de  Buenos  Aires,  los tratados ratificados después del Pacto del 11 de noviembre de

1859.

 

Artículo 32º.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o

establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

 

Artículo 33º.- Las declaraciones,  derechos y garantías que enumera la Constitución,  no  serán 

entendidos  como  negación  de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del

principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

 

Artículo 34º.- Los jueces  de las  cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo  de los 

tribunales  de  provincia,  ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en

la provincia en que se ejerza,  y  que  no  sea  la  del  domicilio  habitual  del  empleado,

entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se

encuentren.

 

Artículo 35º.- Las  denominaciones  adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a

saber:  Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata; República Argentina;  Confederación Argentina, 

serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno  y  territorio

de las provincias,  empleándose las palabras  " Nación Argentina "  en la formación y sanción de las

leyes.

 

CAPITULO SEGUNDO

Nuevos derechos y garantías

 

Artículo 36º.- Esta  Constitución  mantendrá  su imperio aun cuando se interrumpiere  su 

observancia  por  actos  de  fuerza  contra  el  orden institucional y el sistema democrático.  Estos

actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles  de la  sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad 

para  ocupar  cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones

previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias,   los que responderán civil y

penalmente de sus actos.

Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el  derecho de resistencia  contra quienes ejecutaren los actos de

fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo  contra el  sistema  democrático quien incurriere en grave  delito doloso 

contra  el  Estado  que  conlleve  enriquecimiento, quedando inhabilitado  por el tiempo que las

leyes determinen para ocupar cargos y empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública  para el  ejercicio de la función.

 

Artículo 37º.- Esta  Constitución  garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con

arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio

es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre  varones  y  mujeres  para  el acceso a cargos electivos 

y  partidarios  se  garantizará  por  acciones positivas en la regulación  de los  partidos  políticos  y

en el  régimen electoral.

 

Artículo 38º.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación  y  el  ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto  a  esta 

Constitución,   la  que  garantiza  su  organización  y funcionamiento democráticos,  la 

representación  de  las  minorías,   la competencia para la postulación de candidatos a cargos

públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico  de sus  actividades y de la capacitación de

sus dirigentes.

Los partidos políticos  deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

 

Artículo 39º.- Los  ciudadanos  tienen  el  derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley

en la Cámara de Diputados.  El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de

doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada

Cámara,  sancionará  una ley  reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón

electoral nacional,  dentro del cual  deberá  contemplar  una  adecuada   distribución  territorial  para

suscribir la iniciativa.

No  serán  objeto  de  iniciativa popular  los  proyectos  referidos a reforma constitucional,

tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

 

Artículo 40º.- El  Congreso  a  iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá  someter  a 

consulta  popular  un  proyecto  de  ley.  La  ley  de convocatoria no podrá ser vetada.  El voto

afirmativo del proyecto por el pueblo  de la  Nación  lo  convertirá  en  ley  y  su  promulgación 

será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación,  dentro  de  sus respectivas competencias, podrán

convocar a consulta popular no vinculante.   En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso  con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada

Cámara,  reglamentará  las  materias,   procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

 

Artículo 41º.- Todos  los  habitantes  gozan del derecho a un ambiente sano,  equilibrado,  apto 

para  el  desarrollo  humano  y  para  que las actividades  productivas   satisfagan  las  necesidades  

presentes   sin comprometer  las de las  generaciones  futuras;  y  tienen  el  deber  de preservarlo. El

daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las  autoridades  proveerán  a la  protección  de este  derecho,  a la utilización racional de los

recursos naturales,  a  la  preservación  del patrimonio  natural  y  cultural  y de la  diversidad 

biológica,  y a la información y educación ambientales.

Corresponde   a  la   Nación  dictar  las  normas  que  contengan  los presupuestos mínimos de

protección,  y a las provincias,   las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las

jurisdicciones locales.

Se prohibe el ingreso  al  territorio  nacional  de  residuos actual o potencialmente peligrosos, y

de los radiactivos.

 

Artículo 42º.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,  en  la 

relación de consumo,  a  la  protección  de  su  salud, seguridad e intereses económicos;  a una

información adecuada y veraz;  a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán  a la  protección  de esos  derechos,  a  la educación para el

consumo,  a la  defensa  de la  competencia contra toda forma  de  distorsión  de los  mercados,  al 

control  de los  monopolios naturales y legales,  al de la  calidad  y  eficiencia  de los  servicios

públicos,  y a la  constitución  de  asociaciones  de  consumidores  y de usuarios.

La legislación establecerá  procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, 

y los  marcos regulatorios  de  los  servicios públicos de competencia nacional, previendo la

necesaria participación de las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios   y de  las   provincias

interesadas, en los organismos de control.

 

Artículo 43º.- Toda persona puede interponer  acción  expedita y rápida de amparo,  siempre

que no exista otro medio judicial más idóneo,  contra todo acto u omisión de autoridades públicas  o

de  particulares,  que  en forma  actual  o  inminente  lesione,  restrinja,  altere o amenace,  con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,   derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,  un

tratado o una ley.  En el caso,  el juez podrá declarar  la  inconstitucionalidad  de la norma en que se

funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo  relativo  a  los 

derechos  que  protegen  al  ambiente,   a  la competencia,  al usuario  y al  consumidor,  así como a

los  derechos  de incidencia colectiva en general,  el  afectado,  el defensor del pueblo y las 

asociaciones  que propendan a esos fines,  registradas conforme a la ley, la que determinará los

requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción  para tomar  conocimiento de los datos a ella

referidos y de su finalidad,  que consten en registros o bancos de datos públicos,  o los  privados

destinados a proveer informes, y en caso  de  falsedad  o  discriminación,  para  exigir  la  supresión,

la rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos.  No podrá afectarse el secreto de las

fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado,  restringido,  alterado o amenazado fuera la libertad física,  o en

caso de  agravamiento  ilegítimo  en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición

forzada de personas, la acción de  hábeas  corpus  podrá  ser  interpuesta  por el afectado o por

cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato,  aún  durante la vigencia del estado de sitio.

 

SEGUNDA  PARTE

Autoridades de la Nación

TITULO PRIMERO

Gobierno Federal

Sección Primera del Poder Legislativo

 

Artículo 44º.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras,  una de diputados de la Nación y otra

de senadores de las provincias  y  de  la  ciudad  de Buenos Aires, será investido del Poder

Legislativo de la Nación.

 

 

 

 

 

CAPITULO PRIMERO

De la Cámara de Diputados

 

Artículo 45º.- La Cámara  de  Diputados se compondrá de representantes elegidos

directamente por el pueblo de las provincias,  de  la  ciudad de Buenos Aires,  y de la Capital en

caso de traslado,   que se consideran a este  fin  como  distritos  electorales  de  un  solo  Estado  y a

simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil

habitantes o fracción  que no  baje  de  dieciséis mil quinientos.  Después de la realización de cada

censo,  el Congreso fijará la representación  con  arreglo  al  mismo,  pudiendo  aumentar  pero  no

disminuir la base expresada para cada diputado.

 

Artículo 46º.- Los diputados para la primera  Legislatura  se nombrarán en la proporción

siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce; por la de Córdoba seis;  por la de Catamarca tres; 

por la de Corrientes cuatro; por la de Entre Ríos dos;   por la de Jujuy dos;  por la de Mendoza tres;

por la de La Rioja dos; por la de Salta tres;  por la de Santiago cuatro; por la de San Juan dos;  por

la de Santa Fé dos;  por la de San Luis dos;  y por la de Tucumán tres.

 

Artículo 47º.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él,

el número de diputados;  pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.

 

Artículo 48º.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco  años,  tener 

cuatro  años  de ciudadanía en ejercicio y ser natural  de la  provincia  que  lo  elija,   o con dos años

de residencia inmediata en ella.

 

Artículo 49º.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer

efectiva la elección directa  de los  diputados de la Nación; para lo sucesivo el Congreso expedirá

una ley general.

 

Artículo 50º.- Los diputados durarán  en su  representación por cuatro años, y son reelegibles; 

pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados  para la  primera 

Legislatura,  luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.

 

Artículo 51º.- En caso de vacante, el gobierno de provincia,  o  de  la Capital, hace proceder a

elección legal de un nuevo miembro.

 

Artículo 52º.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes

sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

 

Artículo 53º.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, 

vicepresidente,  al  jefe  de  gabinete de ministros,  a los  ministros  y a los  miembros  de la  Corte 

Suprema,  en  las  causas  de responsabilidad que se intenten contra ellos, por  mal  desempeño  o

por  delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes,  después de haber conocido de

ellos y declarado  haber  lugar  a la  formación  de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus

miembros presentes.

 

 

CAPITULO SEGUNDO

Del Senado

 

Artículo 54º.-  El  Senado  se  compondrá  de  tres  senadores por cada provincia y tres para la 

ciudad  de  Buenos  Aires,  elegidos  en  forma directa y conjunta,  correspondiendo  dos  bancas al

partido político que obtenga el mayor número de votos,  y  la restante al partido político que le siga

en número de votos. Cada senador tendrá un voto.

 

Artículo 55º.- Son requisitos para ser elegido senador:  tener la edad de treinta años,  haber

sido seis años ciudadano de la Nación,  disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de

una entrada equivalente,  y ser natural de la provincia que lo elija,  o con dos años de residencia

inmediata en ella.