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Establecimiento Modelo Terrabusi SA s/ transferencia paquete acc

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"Dictamen del Procurador Fiscal de la Corte Suprema. Para as decidir, en lo que aqu interesa, el tribunal coincidi con el organismo, que haba impuesto sancin de multa entre otros a los recurrentes, Patricio Spaghi, Gilberto L. Montagna y Francisco Pr

Agregado: 03 de DICIEMBRE de 2001 (Por Martin Barbera) | Palabras: 12819 | Votar! |
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    Establecimiento Modelo Terrabusi SA s/ transferencia paquete accionario a Nabisco

    Suprema Corte:

    - I -

    La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de acuerdo con el dictamen del seor Fiscal General ante dicha alzada, confirm lo dispuesto en la Resolucin N 11.377 del 11 de julio 1996 de la Comisin Nacional de Valores.

    Para as decidir, en lo que aqu interesa, el tribunal coincidi con el organismo, que haba impuesto sancin de multa entre otros a los recurrentes, Patricio Spaghi, Gilberto L. Montagna y Francisco Prea, al encontrarlos responsables de realizar negocios incompatibles con la posicin que investan en la sociedad "Establecimiento Modelo Terrabusi S.A.", transgrediendo las normas que sancionan el uso indebido de informacin relevante y no pblica a la que tenan acceso, en el marco de las negociaciones efectuadas para la transferencia del paquete accionario de control a la firma Nabisco International Inc.

    Para confirmar la decisin de la Comisin Nacional de Valores, como se dijo, el a-quo hizo suyo el dictamen del Fiscal General, quien desestim la viabilidad de los reparos que efectuaron los recurrentes en cuanto a la validez constitucional de la Resolucin General N 227 de la Comisin Nacional de Valores, y sostuvo, que la exigencia constitucional de que la conducta y la sancin se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, se hallaba cumplida en el caso a travs del art. 80 del decreto 2284/91 y aadi, que las sanciones aplicables tambin tenan fuente legal, en virtud de la modificacin introducida al artculo 10, inciso b) de la ley 17.811 por la

    ley 24.241, que contempla a las "personas fsicas y jurdicas que no cumplan las disposiciones de esta ley y las normas reglamentarias".

    Por tal razn, consider cumplida, a travs de la reglamentacin cuya validez se cuestiona, la exigencia de determinacin legislativa previa de hechos punibles y sanciones a aplicar, las que se dictaron -dijo- en el marco del razonable ejercicio del poder de polica estatal, tendiente a asegurar la necesaria transparencia del sistema de oferta pblica de ttulos valores.

    Luego de efectuar un relato de los hechos objeto del sumario, entre ellos -las negociaciones entre los directivos de Terrabusi y Nabisco para la transferencia del paquete accionario- seal el Fiscal, que tales hechos no son discutidos por los recurrentes, quienes s ponen en tela de juicio las conclusiones que, con base en ellos, determinaron el encuadre de la conducta de los sumariados en las prescripciones de la Resolucin General N 227/93.

    Por otra parte, destac que no comparte la postura de los apelantes en el sentido de que la figura del "Insider Trading" requiere la configuracin y demostracin de un dao especfico, entendi que la infraccin no requiere la efectiva alteracin del mercado mobiliario, sino que la agresin al bien jurdico tutelado se produce cuando existe la mera posibilidad de que el uso de informacin privilegiada altere la "pars conditio", pues la norma contempla una infraccin de peligro abstracto, que no requiere que la conducta descripta tenga un efecto negativo sobre la cotizacin.

    En cuanto a la valoracin de la prueba efectuada en el acto que impugnan, luego de describir los agravios de los apelantes, concluy, sobre la base no slo de presunciones, y de lo que seala fueron los propios dichos de los protagonistas, que los miembros del directorio de Terrabusi estaban al tanto de los trminos precisos del acuerdo preliminar o de entendimiento.

    Seguidamente, destac la importancia de las presunciones como institucin procesal til a los efectos de indagar en infracciones como las que constituyen el objeto de la presente causa, puesto que se trata de hechos normalmente ocurridos en un grupo cerrado de personas ("insiders") que toman sus recaudos para que no trasciendan al exterior las transgresiones a la prohibicin de utilizar informacin relevante y que las conclusiones del sumariante se apoyan en testimonios sobre los que no cabe dudar, y de inferencias lgicas derivadas de los hechos comprobados de la causa.

    A partir de estas premisas, consider el mencionado Fiscal General, que todas las intervenciones en el mercado que se mencionan en el acto recurrido, importaron una clara violacin a lo estatuido en el artculo 21 de la Resolucin cuestionada.

    Por ltimo, estim que son inoficiosos los agravios vinculados al monto en que se calcul el beneficio obtenido por los recurrentes y, asimismo, descart la tacha de inconstitucionalidad basada en el carcter confiscatorio de la sancin.

    - II -

    Disconformes con dicho pronunciamiento, los sancionados Patricio Spaghi, Gilberto L. Montagna y Francisco Prea dedujeron el recurso del art. 14 de la ley 48, al cual adhiri subsidiariamente la Sra. Auge de Spaghi, ello con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, y en la inconstitucionalidad de los artculos 1, 11, 21, 22, 25, 26 y 27 de la Resolucin General N 227/93 de la Comisin Nacional de Valores, ya que la decisin es contraria al derecho que se sostuvo deriva directamente de los artculos 28 y 33 de la Constitucin Nacional, en atencin al carcter confiscatorio y falto de razonabilidad de las sanciones impuestas por dicho organismo. Ante la denegatoria del mismo a fs. 1448, recurren por va directa, en la presente queja.

    - III -

    En primer lugar, el recurrente, se dedica a efectuar un relato de los hechos relevantes de la causa y a fundamentar la procedencia formal del recurso con base en que la decisin es descalificable como acto judicial, frustratoria de un derecho acordado directamente por la Constitucin Nacional y que declara la validez de una norma contraria a derechos y garantas establecidos explcitamente en el texto fundamental.

    Seguidamente, aduce la arbitrariedad de la sentencia recurrida, por cuanto -a su entender- la evaluacin que efecta referida a la prueba producida en autos incurre en graves omisiones y falencias, respecto de la verificacin de los hechos conducentes para la solucin del litigio. Tal defecto -dice - habilitara a V.E. a revisarla, pues aun cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba, contiene una serie de imperfecciones concernientes al apartamiento del buen sentido y de la sana crtica en la apreciacin de los mismos.

    En este punto, destaca el recurrente que la sentencia, a excepcin de la descripcin de las operaciones burstiles realizadas por los sumariados, carece de toda motivacin esencial y se aparta de las expresas probanzas de autos. Esta falta de fundamentacin recta, demostrara que la sentencia no tiene por apoyo sino en una pura y simple voluntad que discurre por fuera de la razn o de la ley y la descalifica como acto serio del Poder Judicial, en violacin al derecho de defensa (artculo 18 de la Constitucin Nacional), al debido proceso adjetivo y la garanta de razonabilidad (artculos 28 y 33 de la Constitucin Nacional).

    Aduce que la Cmara parte de dos premisas falsas: por un lado, que el Ingeniero Montagna inform los datos relevantes que estaba obligado a resguardar y por otro, que todos los sancionados estaban en conocimiento de los mismos. De tales premisas -contina diciendo- no avaladas por prueba alguna, se construye una gama de forzadas inferencias enderezadas a crear conductas incriminantes, con agravio al derecho constitucional de defensa en juicio de los sancionados, a quienes se pretende castigar con penas millonarias en base a la constatacin de lazos de parentesco y confianza que los unen.

    Luego de analizar las declaraciones testimoniales vertidas por cada uno de los sumariados en las actuaciones y de argumentar la arbitrariedad de las inferencias realizadas por el juzgador para arribar a la conclusin de que se viol el deber de reserva, destac que aqullos no intervinieron en el mercado burstil en el perodo de las negociaciones, con el conocimiento de los precios que se manejaban, sino que actuaron segn un constante y homogneo seguimiento de las oscilaciones burstiles bajo las cuales oper el mercado en esos tiempos.

    Resalta el valor de las presunciones como elemento corroborante de la sana crtica valorativa, con arreglo a la cual debe proceder todo juzgador, a lo que agrega, que en autos se ha omitido tener en cuenta que las presunciones slo pueden hacer prueba en tanto sean varias, graves, precisas y concordantes. En este orden de ideas, sostiene que, en virtud de la presuncin de inocencia enraizada en el artculo 19 de la Constitucin Nacional, consagrada por el artculo 8, inciso 2 del Pacto de San Jos de Costa Rica y por el artculo 1 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, slo cabe la sancin ante pruebas concretas y concluyentes que sean hbiles para destruir tal presuncin y, en caso de duda, debe estarse a lo que sea ms favorable al imputado.

    En cuanto a los artculos 1, 11, 21, 22, 25, 26 y 27 de la Resolucin N 227 de la Comisin Nacional de Valores, considera que resultan inconstitucionales por violar los principios de legalidad y de reserva contenidos en los artculos 18 y 19 de la Carta Magna., y concluye que los artculos citados de la Resolucin cuestionada deben declararse inconstitucionales por tipificar delitos y no ser ley formal.

    Agrega que ni la ley 17.811, ni ninguna otra ley sancionada por el Congreso, describe las conductas en forma genrica, para as permitir a la Comisin Nacional de Valores completar tipos penales.

    Recuerda que las facultades para dictar este tipo de normas deben ser ponderadas adecuadamente en el marco del ordenamiento jurdico argentino, y que, aun bajo las amplias facultades concedidas al Poder Ejecutivo Nacional por el artculo 99, inciso 3 de la Constitucin Nacional -texto de 1994-, le est vedado dictar normas que regulen materia penal, reforzando el principio "nullum crimen nulla poena sine lege penale praevia".

    Puntualiza que el fallo viene a defender la supuesta delegacin legislativa en materia punitiva en desmedro de garantas y principios constitucionales.

    Por otro lado, alega la inconstitucionalidad de las multas aplicadas por su carcter confiscatorio, gravoso, falto de razonabilidad y violatorias del derecho de propiedad consagrado en el artculo 17 de la Constitucin Nacional y sostiene la arbitrariedad de las desmesuradas multas impuestas por la Comisin, las cuales mostraran una evidente desproporcin entre la sancin aplicada y la conducta incriminada.

    Finalmente, en lo que hace a la procedencia de la presentacin directa, aduce que la denegatoria del recurso previsto por el art. 14 de la ley 48, omite considerar que las cuestiones debatidas son de derecho federal, por cuanto la interpretacin de la Resolucin N 227/93, reglamentaria de la ley 17.811, en la que se basa la sentencia apelada no se ajusta al ordenamiento vigente y, en particular, al orden de prelacin federal y dems derechos y garantas emergentes de la Constitucin Nacional. Asimismo, reitera que dicho pronunciamiento configura causal de arbitrariedad, de conformidad con la doctrina establecida por V.E. al respecto.

    - IV -

    En primer lugar, cabra declarar la admisibilidad formal del presente recurso, por encontrarse en tela de juicio la validez de una resolucin dictada por la Comisin Nacional de Valores, que reglamenta la ley 17.811 de carcter federal (Fallos: 304:883;; 315:2280), y la decisin apelada fue adversa a las pretensiones que los recurrentes fundaron en normas constitucionales.

    Empero, al haber planteos relacionados con la arbitrariedad en que habra incurrido la decisin impugnada, corresponde atender en primer trmino a stos (Fallos 312:1034, 317:1455 318:189).Ello es as, por cuanto si bien se refieren a cuestiones de hecho y derecho comn, ajenas, como regla, a la va del artculo 14 de la ley 48, ello no es bice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepcin al principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con esta se tiende a resguardar la garanta de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivacin razonada del derecho vigente con aplicacin a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 312:2507, entre muchos otros).

    V.E., dijo que son arbitrarias las sentencias que se limitan a efectuar un examen parcializado y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa (Fallos: 303:2080 y otros), circunstancia que desvirta la eficacia que, segn las reglas de la sana crtica, corresponde a los distintos medios probatorios (Fallos: 315:632).

    A la luz de las mencionadas pautas, cabe tambin remitirse a las consideraciones efectuadas en el dictamen de referencia del recurso ordinario trado en la causa, de donde se desprende que el fallo cuestionado ha incurrido en arbitrariedad al confirmar la resolucin de la Comisin Nacional de Valores, pues se limit a remitirse a las consideraciones efectuadas por el Fiscal General en el dictamen previo a la resolucin, sin agregar ningn otro elemento de juicio o razonamiento que conduzca a la confirmacin de la resolucin cuestionada, cuando, en rigor, de dicho dictamen no surgen fundamentos y razones que autoricen a tener por vlidos los argumentos del rgano de aplicacin para imponer las sanciones impuestas a los recurrentes y que sus conclusiones, no se corresponden con las probanzas de autos, adems de omitir la consideracin de otras relevantes, que realiza afirmaciones con fundamento en hechos no acreditados en autos y que slo constituyen meras inferencias opinables no susceptibles de considerarse como prueba de presunciones que por su gravedad, concordancia y precisin permitan tener por acreditadas las conductas imputadas.

    Por otro lado, cabe agregar, que no se realiz un anlisis o consideracin de los razonamientos, fundamentos y pruebas ofrecidos por los recurrentes, sino que el dictamen slo se limit a mencionarlos, cuando resultaban ineludiblemente conducentes para resolver la cuestin litigiosa, en orden a que la propia decisin resalta, que la conviccin que lleva a tener por culpables a los recurrentes se apoya en un conjunto de presunciones, que en mi opinin no renen los requisitos exigidos por el artculo 163, inciso 5 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin, por lo que al estimar que ellas carecen de tal condicin, la decisin slo apoyada en las mismas, merece calificarse como un acto jurisdiccional invlido, que como tal debe ser revocado.

    En tal sentido, V.E. tiene dicho que por va de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la defensa en juicio y el debido proceso, los que resultan menoscabados, cuando la sentencia revela defectos graves de fundamentacin o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustracin del derecho federal invocado (Fallos: 308:2523; 310: 234 y muchos otros).

    Respecto de las afirmaciones que efecta el dictamen, cabe sealar que no se ajustan a las constancias de autos, entre ellas de los testimonios brindados por Montagna y la seora Auge de Spaghi, de los cuales surge una apreciacin de la constancia probatoria, parcial y no ajustada a lo que se expresa y literalmente surge de ella y del testimonio de Patricio Spaghi, que si bien es cierto corrobora los dichos de Montagna, lo hace pero en el sentido inverso al entendido por el sentenciante.

    Por lo tanto la inteligencia diversa del dictamen surge en mi parecer, de una conclusin derivada de la sospecha del sumariante, que podr ser o no verdadera, pero que sin duda requiere una acreditacin suficiente, que no puede reducirse a la mera especulacin de la falta a la verdad en los dichos de los declarantes, con lo cual la sentencia viene a carecer del presupuesto probatorio que la constituya en un acto jurisdiccionalmente vlido.

    Cabe poner de resalto al respecto, que el dictamen no considera la alegacin de que resultaba materialmente imposible que no se les transmitieran a los llamados -accionistas adicionales- al menos la existencia de la negociacin lo cual no importaba transmitir de por s, la informacin calificada de relevante.

    Por otra parte, no se tuvo en consideracin, que la existencia de la negociacin fue un hecho notorio desde su inicio, comentado de modo profuso por la prensa en general (ver informe de fs.41/44) lo que dio lugar al requerimiento de informacin y aclaracin por parte de la Bolsa de Valores, que los negociadores prestaron, con lo cual se desdibuja la categora de informacin reservada y privilegiada de la existencia de la negociacin, a la que slo habran tenido posibilidad de acceder los imputados, por intermedio de los negociadores, con ignorancia de los restantes accionistas y del rgano de control (ver la publicacin del 6 de Enero de 1994, del diario "La Nacin" fs.1051, de donde surge, el precio posible de la transferencia y adems el comentario de que el negociador Montagna no confirm nada, las publicaciones de fs.1087a 1089 de _mbito Financiero correspondientes a diciembre de 1993 y marzo de 1994, que tambin hablan del precio y la discusin sobre el valor final que preexista entre las partes).

    No se atiende, cuando ello resultaba conducente, ni por el sumariante, ni por el fallo, a la circunstancia de que los imputados aqu recurrentes, por la operacin de compra y venta de acciones ( Patricio Spaghi y Pera) que les eran propias o de terceros por quien operaron, no se hallaban afectados por la prohibicin establecida en la carta de intencin, disposicin sta, que resulta claro, slo estaba dirigida a los negociadores por sus propias tenencias.

    Tampoco toma en consideracin que la situacin planteada por el sumariante, y la conclusin a la que llega, que aparece confirmada por el fallo, supone la existencia de diversas hiptesis, susceptibles de plantearse, que resultaban de ineludible atencin para resolver de acuerdo a derecho y con ajuste a las circunstancias comprobadas de la causa.

    En primer lugar, si exista la prohibicin de hacer conocer las caractersticas puntuales de la operacin de compraventa del paquete mayoritario, y se cumpli con lo pactado, nada impeda y resultaba natural y propio de quien opera en la bolsa y tena acciones de la empresa, efectuara compras a bajo precio y vendiera cuando obtena una diferencia por su suba, sean parientes o no, como efectivamente sucedi, pues se realizaron operaciones de importancia durante el lapso, tanto por los imputados, como por muchos otros accionistas, nada obstaba a ello, mxime cuando era de pblico y notorio -estaba publicado en la prensa- que existan negociaciones para la venta.

    Tampoco se ponder debidamente la alegacin de los recurrentes de que vendieron por debajo del valor al cual podan transferir sus acciones, la que se descalifica por otra presuncin, como es el conocimiento de que poda fracasar la negociacin, y ello no otorga sustento suficiente a la sentencia, desde que, si el conocimiento era preciso, como se indica por el a-quo, debi tenerse en cuenta la circunstancia de que los apelantes, no se limitaron solo a comprar y luego a mantener tales tenencias, obrar que les hubiera reportado mayores ganancias a las entonces obtenidas.

    Por otra parte, no se consider que los sancionados se hallaban ejerciendo un derecho que le es propio, protegido constitucionalmente por la garanta de la libertad de contratar y comerciar, y cuya limitacin o restriccin no aparece en el caso puntual (como se dijo, la prohibicin slo era aplicable a los negociadores).

    En mi parecer, el error esencial en la construccin lgica del fallo se encuentra en que ignora que toda presuncin que permite llegar de un hecho conocido a otro por conocer, exige la previa prueba de los hechos que le sirven de base en el caso, a mi juicio, la presuncin de que los terceros accionistas adicionales conocan los datos relevantes por el "insider", requiere probar el hecho cierto del conocimiento a travs del imputado Gilberto Montagna. A dicho fin no cabe descalificar la prueba presuncional, pero ella debe ser de tal naturaleza que lleve a una conclusin precisa e indudable y a dicho fin se requiere acreditar materialmente algn hecho, lo cual no sucede en el caso.

    Cabe advertir asimismo, que en el razonamiento del fallo, la conclusin es que los imputados violaron la norma legal de reserva y se aprovecharon de tal circunstancia para obtener ventajas. Dicha conclusin requiere de la acreditacin de dos hechos o circunstancias, "el conocimiento por parte de" y "que el operar se debi a tal conocimiento", supuestos ambos que no han sido acreditadas por indicios o hechos ciertos o irrefutables, sino que se presumen, a partir de otras presunciones, lo que convierte al silogismo en una concatenacin de inferencias, pero ninguna apoyada en prueba material.

    Cabe poner de relieve, que se razona y concluye, que los mencionados accionistas adicionales, no podan operar porque les alcanzaba la previsin del artculo 21 de la resolucin 227, pero ello supone partir de una consideracin errnea, por no probada, cual es que les estuviera prohibido operar por el conocimiento del dato reservado, de igual modo dicha conclusin, que a la vez es premisa de otra, parte de otro error, cual es, no considerar que los "vendedores" mencionados en la carta de intencin, son slo los negociadores, y no los accionistas adicionales. Finalmente se toma como presupuesto corroborante de la comisin del hecho prohibido (hacer conocer slo a un crculo privilegiado datos relevantes), la conducta de operar en la bolsa, cuando esto ltimo no se hallaba prohibido para los que lo hicieron, en tanto no participaron de las negociaciones y los negociadores, no podan dar a conocer los datos esenciales de las mismas, como lo expresaba la carta de intencin.

    Pero el sentenciador parte de la circunstancia segunda para confirmar la primera, es decir la primera, es que se hubiera conocido por informacin de los negociadores los datos que les permitieran a los operadores negociar acciones, y tal premisa no se halla probada, sino que se infiere de la segunda, en otras palabras "porque se oper, se conoca".

    Por otro lado, se desprende de los informes requeridos a las Sub-gerencias de Fiscalizacin y Control, Econmico Contable y de Bolsas, Mercados y Cajas de valores de la Comisin Nacional, que el mercado en relacin al papel "Terrabusi", tuvo oscilaciones significativas, durante el tiempo que duraron las negociaciones, comportamiento similar a la de otros papeles,(ver fs.904, tercer prrafo), lo cual describe una conducta general de indecisin de la generalidad de los interesados, que slo puede provenir del desconocimiento de datos precisos sobre el tema y en todo caso, como lo seala el informe de la Subgerencia de Agentes y Monitoreo de Mercados, producto de las versiones periodsticas en el perodo analizado (ver fs.37, ltima parte), lo cual ratifica a la vez que una conducta de reserva por los negociadores, el conocimiento pblico y general de algunos datos sobre la marcha del mercado, en relacin al papel de "Terrabusi", prueba sta que no fue ponderada.

    Adems la conclusin del dictamen, al que remite el a-quo, slo encuentra explicacin en otra presuncin que debe ser acreditada, y es que los imputados conocan la posibilidad del fracaso de la operacin, pero sta es tambin una especulacin, que no se apoya en ninguna prueba fehaciente, no hay un hecho corroborado, un indicio concreto, desde el cual generar la presuncin. En realidad, slo hay suposiciones, que sostienen otras suposiciones "se presume que operaron como lo hicieron, porque conocan" y " se presume que conocan, porque operaron".

    Tampoco para acreditar la supuesta afectacin de los intereses del comprador, tambin fundamento y motivacin de la sancin, se toma en cuenta que no se produjeron cambios de significativa importancia en el valor de las acciones, sino como surge del citado informe de la Subgerencia de Monitoreo de Mercados de fs.37/38, una baja de mnima entidad, con lo cual la incidencia supuesta o posible de una conducta notoriamente diferente a la regular, influenciada por el conocimiento -invocan- puntual del dato por los sancionados, no se dio, alterando el valor de las acciones, producto de la demanda de quienes saban el posible precio de cierre de la compra.

    De todo lo expuesto, cabe concluir, que no se prob como se dijo, que el sancionado negociador Gilberto Montagna, haya reconocido que transmiti la informacin relevante del precio de base y de cierre a los socios parientes o conocidos, que los restantes imputados hayan corroborado tal afirmacin, que los mismos se hallaban impedidos de negociar sus acciones por el citado conocimiento, que hayan influido en la operatoria burstil con su comportamiento en el mercado, ni que de ello se haya derivado un perjuicio a otros accionistas, a la confiabilidad del mercado o al comprador de las acciones, conclusiones todas ellas que hubieran permitido tener por ajustada la sancin impuesta.

    Muy por el contrario, de los testimonios y pruebas obrantes en autos, surge que los imputados negaron en todo momento haber conocido la informacin relevante, que obraron segn un comportamiento regular y habitual de cualquier accionista, en un medio que se vale de informacin o datos al que tienen acceso la generalidad de los iniciados en el juego de la operatoria burstil.

    Por todo lo expuesto, y las consideraciones puntuales que surgen del dictamen en el recurso ordinario tambin en vista, al que me remito, con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, opino que V.E. debe hacer lugar a la presente queja y al recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia. NICOLAS EDUARDO BECERRA

    Buenos Aires, 27 de septiembre de 2001.

    Vistos los autos: "Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco".

    Considerando:

    1) Que la Sala A de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -al remitirse a los fundamentos del dictamen del fiscal- confirm la resolucin de la Comisin Nacional de Valores que haba impuesto sanciones de multa a Beatriz Auge de Spaghi, Patricio Spaghi, Gilberto L. Montagna y Francisco Prea, por considerarlos incursos en la infraccin que reprime el art. 21 de la resolucin general 227 de la Comisin Nacional de Valores y la ley 17.811 -uso indebido de informacin privilegiada y no pblica-, en el marco de las negociaciones efectuadas para la transferencia del paquete accionario de control del Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. a la firma Nabisco Internacional Inc.

    2) Que contra ese pronunciamiento la sumariada Beatriz Auge de Spaghi dedujo recurso ordinario de apelacin ante esta Corte, el que fue concedido a fs. 1440. El memorial de agravios obra a fs. 1455/1489, y su contestacin a fs. 1496/1498. Los dems sancionados interpusieron el recurso extraordinario de fs. 1395/1438 -al que se adhiri la seora de Spaghi, fs. 1438 in fine- que al ser denegado motiv la deduccin del recurso de queja E.37.XXXIV.

    3) Que, al ser este Tribunal el juez del recurso, corresponde examinar en primer lugar -dada la preeminencia reconocida al recurso ordinario de apelacin ante el conocimiento ms amplio que l presupone- si ha sido concedido debidamente. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el beneficio de la tercera instancia tiene por objeto proteger los intereses del fisco nacional y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuanta en tanto comprometan de ese modo el patrimonio de la Nacin (Fallos: 241:218; 304:984 y 320: 2379).

    4) Que, en tales condiciones, se requiere para la procedencia del recurso previsto en el art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto 1285/58, que la materia debatida ante esta Corte afecte el patrimonio estatal (Fallos: 203:155; 229:452 y 320:2379). En el sub lite, la recurrente cuestiona la sancin administrativa impuesta por la Comisin Nacional de Valores y confirmada por la cmara. Tal sancin pecuniaria, aplicada en virtud del ejercicio del poder de polica del Estado, persigue prevenir y restaurar la violacin de la ley de oferta pblica de ttulos valores y sus reglamentaciones, indispensables para lograr un ordenado, eficaz y transparente desenvolvimiento del mercado burstil. De ah que la multa impuesta (ya sea que se la considere administrativa, disciplinaria o represiva) no tiene carcter resarcitorio ni retributivo del posible dao causado, por lo que no existe un inters econmico sustancial del erario pblico (Fallos: 241: 218 y 304:984).

    5) Que, en efecto, en el caso no se cuestiona una deuda dineraria de carcter indemnizatorio, sino una sancin administrativa pecuniaria, cuya finalidad es castigar al infractor por no haber cumplido con los deberes impuestos por el ordenamiento jurdico especial. En estos supuestos el Estado no acta en calidad de titular de un derecho creditorio sino en funcin de su poder de polica para la defensa de la transparencia del mercado burstil.

    6) Que, por otro lado, el eventual y secundario inters fiscal que pueda tener la Nacin en la percepcin de ingresos provenientes de la aplicacin de aquella sancin en juicios de esta naturaleza, no basta para autorizar el recurso ordinario de apelacin, toda vez que no puede hablarse de valor disputado cuando lo que est en juego es la aplicacin de una sancin administrativa -disciplinaria o represiva- cuya finalidad es restaurar el orden jurdico infringido, para cuyo cometido es necesario herir al infractor en su patrimonio y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recurso para el erario. Por lo que, al no existir un inters econmico de la Nacin en juego, corresponde declarar inadmisible el recurso ordinario de apelacin deducido por la sumariada.

    7) Que, no obstante lo expuesto, corresponde que esta Corte trate los agravios formulados en el memorial de fs. 1455/1489 conjuntamente con el recurso extraordinario deducido por los restantes sumariados. Ello es as toda vez que lo decidido en los considerandos precedentes ha importado un cambio de la doctrina de esta Corte en relacin a lo que se resolvi, con otra integracin, en Fallos: 303:1776 -con referencia a sanciones disciplinarias aplicables por el Banco Central- y a las particularidades del caso. De ah que el rigor de los razonamientos debe ceder frente a la necesidad de no desnaturalizar la garanta de la defensa en juicio, especialmente cuando los agravios de la sancionada resultan ser semejantes a los formulados en el recurso extraordinario federal de fs. 1395/1438, al cual, por otro lado, se adhiri la apelante, en especial cuando as lo ha reconocido expresamente la parte apelada a fs. 1498. De tal modo, y con carcter excepcional, se evita frustrar el acceso de la justiciable a esta instancia cuando lo que ella pretende es precisamente el resguardo de sus garantas constitucionales.

    8) Que los recurrentes plantean la arbitrariedad del fallo por no constituir una derivacin razonada del derecho vigente de conformidad a las constancias de la causa y cuestionan la validez constitucional de los arts. 1, 11, 21, 22, 25, 26 y 27 de la resolucin general 227 de la Comisin Nacional de Valores, reglamentaria de la ley 17.811. De ambas impugnaciones corresponde considerar en primer trmino la aducida arbitrariedad pues, de configurarse ella, no habra sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034; 317:1454 y 318:189).

    9) Que los agravios deducidos sobre aquella base suscitan cuestin federal bastante para habilitar la instancia, sin que obste a ello que conduzcan al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, toda vez que lo resuelto sobre temas de esa ndole admite revisin en supuestos excepcionales cuando la sentencia impugnada satisface slo en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentacin y omite el tratamiento de planteos oportunos y serios de las partes, conducentes, en principio, a la solucin del pleito (Fallos: 303:1017; 311:119 y 318:189).

    10) Que este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que los fallos de los jueces deben ser fundados, es decir, contener una exposicin suficiente y clara de las razones que, con arreglo al rgimen normativo vigente y a las circunstancias de la causa, den sustento a su decisin (Fallos: 312:182 y 317:1852). Tal exigencia, aplicable particularmente en el caso en razn de la necesidad de una revisin judicial de decisiones de rganos administrativos, no ha sido satisfecha. En efecto, el a quo, al remitirse in totum al dictamen del fiscal de la cmara, no se hizo cargo de los agravios expresados por los sumariados, prima facie conducentes a resolver en definitiva sobre la responsabilidad imputada a los recurrentes por la comisin de la infraccin del "insider trading".

    11) Que los recurrentes se agraviaron porque la Comisin Nacional de Valores haba realizado una valoracin fragmentaria de las declaraciones de fs. 906/913, 417/419 y 574/580 y de la prueba presuncional, en cuanto no haba examinado si los indicios a que se refiere revelaban por s mismos o por su conexin aptitud suficiente y univocidad en el resultado de la interpretacin. No obstante la trascendencia de tales planteos para determinar si realmente Montagna haba trasmitido informacin privilegiada y no pblica y si los restantes sumariados haban actuado en el mercado con conocimiento de tal informacin, el tribunal se limit a reiterar los mismos fundamentos dados por el organismo administrativo, sin realizar en concreto un examen crtico de tales argumentos.

    12) Que, adems, la cmara no valor el alcance que deba otorgarse al informe de la Subgerencia de Agentes de Monitoreo de Mercados de fs. 37/38, a la planilla de fs. 894 y a la difusin periodstica que haba tenido la negociacin de los ttulos valores de la sociedad Terrabusi, impugnaciones que debieron ser objeto de un detenido y prudente examen a fin de determinar si los sumariados, al igual que los restantes inversores, haban operado en el perodo de las negociaciones debido a un constante y homogneo seguimiento de las oscilaciones burstiles bajo las cuales oper el mercado en esos tiempos, o si la conducta de aqullos haba sido diferente de la habitual en razn del supuesto conocimiento del precio inicial y final de las acciones convenido entre las partes negociadoras.

    13) Que, por otro lado, con respecto al ingeniero Montagna, el tribunal consider que era responsable por haber estado en conocimiento de tal informacin -por haber intervenido directamente en la operacin- y por haber actuado en el mercado a nombre de un tercero, mientras aqulla no se haba hecho pblica, pero sin resolver si el sumariado haba actuado como comisionista o como simple mensajero. Cuestin sta que necesariamente debi ser objeto de un examen previo para llegar a aquella afirmacin.

    14) Que, finalmente, a igual conclusin corresponde llegar con respecto a los planteos referentes al carcter confiscatorio de las multas impuestas y a la inconstitucionalidad del carcter devolutivo del recurso previsto por el art. 14 de la ley 17.811, toda vez que sobre la base de meras afirmaciones dogmticas y un excesivo rigor formal en la apreciacin de las circunstancias de la causa, la cmara consider que no corresponda su tratamiento. En efecto, el a quo se limit a sostener que tales agravios resultaban extemporneos, sin valorar que las sanciones pecuniarias slo pudieron ser impugnadas una vez que el organismo determin su monto y que en los escritos de descargo los recurrentes haban planteado la invalidez de diversas normas, entre ellas la atinente al modo como deba concederse el recurso de apelacin establecido por la ley 17.811.

    15) Que, en tales condiciones, debe ser descalificado el fallo apelado con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, pues al no tratar concretamente los agravios de los recurrentes carece de una decisiva fundamentacin, lo que afecta gravemente la garanta del debido proceso legal (art. 18 de la Constitucin Nacional); sin que lo expuesto implique pronunciamiento alguno sobre la solucin que, en definitiva, corresponde otorgar a la causa.

    Por ello, y lo concordemente dictaminado por el seor Procurador General, se declara inadmisible el recurso ordinario de apelacin concedido, sin costas en esta instancia pues la apelada no cuestion la procedencia formal del mencionado recurso. Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario de los sancionados y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifquese, agrguese la queja al principal, devulvase el depsito y remtase. JULIO S. NAZARENO (en disidencia)- EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

    DISIDENCIA DEL SEOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

    Considerando:

    1) Que la Sala A de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por los fundamentos del dictamen del seor Fiscal de Cmara don Ral Calle Guevara, confirm la resolucin de la Comisin Nacional de Valores que impuso sanciones de multa a Beatriz Auge de Spaghi, Patricio Spaghi, Gilberto L. Montagna y Francisco Prea, por considerarlos incursos en la infraccin contemplada en el art. 21 de la resolucin general 227/93 de la Comisin Nacional de Valores y la ley 17.811 sobre uso indebido de informacin privilegiada y no pblica, en el marco de las negociaciones efectuadas por la transferencia del paquete accionario de control de Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. a la sociedad Nabisco Internacional Inc.

    2) Que contra ese pronunciamiento la sumariada Beatriz Auge de Spaghi dedujo recurso ordinario de apelacin ante esta Corte, el que fue concedido a fs. 1440. El memorial de agravios obra a fs. 1455/1489 y su contestacin a fs. 1496/1498. Los dems sancionados interpusieron el recurso extraordinario de fs. 1395/1438 -al que adhiri la seora de Spaghi, fs. 1438 in fine- y que al ser denegado motiv la deduccin del recurso de queja E.37.XXXIV.

    3) Que el recurso ordinario de apelacin interpuesto por la seora Beatriz Auge de Spaghi resulta formalmente procedente pues se encuentran reunidos los requisitos del art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58, por estar dirigido contra una sentencia definitiva, hallarse involucrada una entidad autrquica del Estado Nacional y ser el monto cuestionado superior al previsto en la resolucin 1360/ 91.

    4) Que la similitud de los agravios formulados por los restantes sumariados en el recurso extraordinario, al que tambin adhiri la seora de Spaghi y que cumple con los recaudos que hacen a su admisibilidad formal, torna adecuado el tratamiento de ambas apelaciones en forma conjunta y, con carcter excepcional, a fin de resguardar la defensa en juicio de todos los recurrentes y la trascendencia de las cuestiones que por primera vez son tradas a esta Corte, atender sus agravios con la amplitud propia de la apelacin ordinaria.

    5) Que por resolucin 11.377 del 11 de julio de 1996 la Comisin Nacional de Valores aplic a los recurrentes la sancin de multa prevista en el art. 10 inc. b de la ley 17.811 (modificada por la ley 24.241) a Beatriz Auge de Spaghi ($ 800.000), Patricio Spaghi ($ 100.000), Gilberto L. Montagna ($ 250.000), Francisco Prea ($ 35.000) por infraccin al art. 21 de la resolucin general 190/91, modificada por la 227/93 de ese organismo.

    Se imput a los sumariados haber realizado negociaciones burstiles incompatibles con la posicin que tenan en el Establecimiento Modelo Terrabusi S.A., segn las normas que sancionan el uso indebido de informacin relevante y no pblica a la que haban tenido acceso en virtud de esa posicin.

    6) Que, entre los antecedentes relevantes, se tuvo en cuenta la posicin que ocupaba cada uno de ellos en la empresa y las relaciones de parentesco que los una. Se destac que en el curso de las reuniones preliminares, en las que participaron los seores Reyes Terrabusi y Montagna -presidente y vicepresidente segundo de la mencionada sociedad-, se lleg a un "acuerdo de entendimiento" en el cual Nabisco manifest su intencin de adquirir hasta el 71,16% de ese paquete a razn de $ 5,80 la accin (la informacin relevante). A travs de dicho acuerdo los nombrados confirmaban su intencin de vender el 53,93% de las acciones y el restante 17,24% del capital se integrara con las tenencias de A. Spaghi, Prea, Camoletti de Terrabusi, Repetto y otros (accionistas adicionales), condicionado a la conformidad de stos.

    Dicha operacin se encontraba sujeta, entre otras obligaciones, a que durante la fecha de vigencia (9/12/93) y la fecha de cierre (28/2/94) "a) Los vendedores no vendern ni negociarn directa o indirectamente acciones de Terrabusi ni inducirn a terceros a negociar dichas acciones ni mantendrn conversaciones relacionadas con la venta de las acciones a un tercero" (...) "d) NII no divulgar total o parcialmente la Informacin Relevante a terceros excepto cuando sea requerido por la ley o regulaciones o cuando sea convenido de comn acuerdo por las partes. Ni NII ni los vendedores revelarn a terceros el contenido de esta carta o las negociaciones existentes entre ambas partes". El 3/12/93 los seores Reyes Terrabusi y Montagna suscribieron dicho acuerdo.

    No obstante haberse fijado como fecha lmite el 28 de febrero de 1994 para llegar al acuerdo definitivo, dicho trmino sufri sucesivas prrrogas debido a que surgieron divergencias entre las partes; primero, en cuanto al precio, y despus, respecto de la integracin de cierta garanta que, exigida por la compradora para atender eventuales pasivos ocultos, fue resistida por Reyes Terrabusi, lo que paraliz las negociaciones hasta que, convocados los dems accionistas, aceptaron integrarla. Finalmente, solucionadas las diferencias, la compraventa se celebr el 14 de abril de 1994 en un precio de $ 6,50 la accin.

    7) Que la Comisin Nacional de Valores sostuvo que los sumariados conocieron desde el inicio el precio de las acciones ofrecido por Nabisco, lo que les impona, a su juicio, evitar toda intervencin en el mercado relacionada con ellas hasta que esa informacin se hiciera pblica. Les reproch que durante el lapso transcurrido hasta que la venta se concret, hubieran realizado las operaciones burstiles que se comprobaron en autos, violando su deber de abstenerse y colocndose en mejores condiciones que los dems operadores, habida cuenta de que, conociendo ese precio, pudieron especular con la venta de las acciones cuando su cotizacin en el mercado lo superaba, y con su compra cuando esa cotizacin era menor.

    8) Que dicho organismo encuadr las conductas en las disposiciones de su resolucin general 227/93 que en su art. 11 establece que "los directores, administradores, gerentes, sndicos, miembros del consejo de vigilancia, accionistas controlantes, profesionales intervinientes y, en general, cualquier persona que en razn de su cargo, actividad, posicin o relacin tenga informacin respecto al desenvolvimiento o negocios de una sociedad con oferta pblica autorizada que an no haya sido divulgada pblicamente y que, por su importancia, pueda afectar la colocacin de ttulos valores o el curso de su negociacin en los mercados deber guardar estricta reserva".

    Por su parte el art. 21 -cuyo incumplimiento se les imput a los sumariados- dispone que esas personas "...no podrn valerse de la informacin reservada all referida a fin de obtener para s o para otros, ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de ttulos valores o de cualquier otra operacin relacionada con el rgimen de la oferta pblica".

    9) Que la cmara, al entender en el recurso de apelacin previsto por el art. 14 de la ley 17.811 y con remisin al dictamen del fiscal general, confirm la sancin impuesta a los recurrentes. Rechaz en primer lugar las objeciones que efectuaron los sumariados en punto a la validez constitucional de la resolucin general 227 de la Comisin Nacional de Valores, en cuanto segn alegaron, era violatoria del principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitucin Nacional. Seal al respecto, que la exigencia constitucional de que la conducta y la sancin se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, se hallaba cumplida en el caso a travs del art. 80 del decreto 2284/91 que establece la competencia de dicho organismo para reglamentar las restricciones aplicables al uso de informacin por parte de las personas autorizadas a intermediar en la oferta pblica de ttulos valores, administradores, gerentes, empleados y cualquier otra persona vinculada a las sociedades emisoras, en transacciones con tales instrumentos. Agreg que las sanciones aplicadas, tambin tenan fuente legal, en virtud de la modificacin introducida al art. 10, inc. b, de la ley 17.811 en la ley 24.241, que contempla a las personas fsicas o jurdicas que no cumplan las disposiciones de esta ley y las normas reglamentarias.

    10) Que, en este contexto, encontr cumplida, en virtud de la reglamentacin cuya validez se cuestiona, la exigencia de la determinacin legislativa previa de hechos punibles y sanciones a aplicar. Seal, al respecto que las resoluciones atacadas se dictaron en el marco del razonable ejercicio del poder de polica estatal tendiente a asegurar la necesaria transparencia del sistema de oferta pblica de ttulos valores, habida cuenta del valor que el legislador ha acordado al bien jurdico a proteger.

    11) Que tras efectuar un relato de los hechos objeto del sumario, entre ellos -las negociaciones entre los directivos de Terrabusi y Nabisco para la transferencia del paquete accionario, determinacin de valores, relaciones de familia entre los sumariados y las operaciones burstiles que se llevaron a cabo durante las tratativas- destac que tales hechos no eran discutidos por los recurrentes, quienes slo ponan en tela de juicio las conclusiones que, con base en ellos determinaron el encuadre de sus conductas en las prescripciones de la resolucin general 227/93.

    12) Que, por otra parte, realiz un anlisis de la figura del "insider trading", de reciente incorporacin a nuestro ordenamiento jurdico por va de las resoluciones generales 190/91 y 227/93, sobre la base de su tratamiento en derechos extranjeros, para concluir que no comparta la postura de los apelantes en el sentido de que el "insider trading" requiere la demostracin de un dao especfico, que consiste en la intrnseca aptitud de los antecedentes que obran en su conocimiento para influir de algn modo en la colocacin de los ttulos valores o en el curso de la negociacin. Sobre el particular expres que la infraccin no requera la efectiva alteracin del mercado mobiliario, sino que la agresin al bien jurdico tutelado se produce cuando existe la mera posibilidad de que el uso de informacin privilegiada altere la pars condictio, pues la norma contempla una infraccin de peligro abstracto, que no exige que la conducta descripta tenga un efecto negativo sobre la cotizacin.

    13) Que, tras la valoracin de la prueba a la luz de los agravios propuestos por los apelantes, concluy que: a) de conformidad con el "acuerdo de entendimiento" y a la jurisprudencia del derecho comparado sobre el tema, el precio de $ 5,80 por accin s era informacin relevante; b) los trminos de dicho "acuerdo" prohibieron su divulgacin; c) el valor de la accin, y su consiguiente conocimiento, por su importancia poda "afectar la colocacin de ttulos valores o el curso de su negociacin" (art. 11 de la resolucin general 227/93); d) de las propias declaraciones de los sumariados y no slo por el sistema de presunciones, todos -con excepcin de Esteban Repetto- estaban al tanto de los trminos del acuerdo preliminar, incluido el precio; e) casi todos los protagonistas tenan vnculos familiares, se desempeaban en el mismo mbito de trabajo y tenan un compromiso que los obligaba a consultarse cuando alguno de ellos tena intencin de vender sus tenencias accionarias; f) el convenio firmado entre Reyes Terrabusi y Montagna, por un lado y Nabisco por el otro, afectaba tambin los paquetes accionarios de los restantes sumariados; g) las conclusiones de la Comisin no se basaron en meras suposiciones, sino en presunciones como medio de prueba fundamental en la indagacin de infracciones en figuras como el "insider trading"; h) caba considerar -sobre la base de tales presunciones- que todas las intervenciones en el mercado que se mencionaban en el acto recurrido, importaban una clara violacin a lo estatuido; i) la situacin del imputado Montagna mereca especial consideracin por cuanto no slo trasmiti informacin privilegiada, a cuya reserva se hallaba obligado, sino que negoci por cuenta de otro, volmenes considerables de acciones durante el perodo de negociacin; j) igual reproche deba hacerse extensivo a la seora Auge de Spaghi y Prea quienes eran "insiders" de pleno derecho y respecto de A. Spaghi que oper en la bolsa, por cuenta de su madre y declar que daba las instrucciones a Montagna quien, a su vez, las transmita al agente de bolsa.

    14) Que, asimismo, consider que resultaban inoficiosos los agravios vinculados al monto en que se calcul el beneficio obtenido por los recurrentes, pues el art. 10 de la ley 17.811 reformado por la ley 24.241 estableca multa de mil a cinco millones de pesos "la que podr elevarse hasta cinco veces el monto del beneficio obtenido del perjuicio evitado como consecuencia del obrar ilcito, si fuera mayor". Juzg, adems, que corresponda descartar el carcter confiscatorio de las multas impuestas y la inconstitucionalidad del carcter devolutivo del recurso previsto por el art. 14 de la ley 17.811 por extemporneos. Concluy que, admitida la validez de la escala legal, las multas deban ser confirmadas, no slo por la gravedad de las conductas que se juzgaban, sino tambin por la entidad del negocio en cuyo marco se cometi la infraccin.

    15) Que, en lo sustancial, los recurrentes cuestionan la validez constitucional de los arts. 1, 11, 21, 22, 25, 26 y 27 de la resolucin general 227 de la Comisin Nacional de Valores en tanto establecen un gravossimo rgimen punitivo en flagrante violacin de principios de legalidad y de reserva contenidos en los arts. 18 y 19 de la Constitucin Nacional. Sostienen, asimismo, que la cmara incurre en arbitrariedad -al igual que la citada comisin- al tergiversar las declaraciones testimoniales y valorarlas en forma fragmentaria arribando a conclusiones errneas. Se agravian tambin por estimar equvoca, ambigua y carente de rigor jurdico la prueba de presunciones a la que califican de ineficaz para constituir un medio de prueba fundamental en la indagacin de las infracciones de autos. En tal sentido afirman que la cmara parte de falsas premisas basadas slo en las operaciones burstiles efectuadas por los sancionados, en el hipottico conocimiento del precio ofrecido por Nabisco -sobre la base de hechos inexistentes- y de la presunta violacin del deber de reserva por parte del ingeniero Montagna. Sostienen que la sentencia es arbitraria por efectuar una apreciacin irracional e inadecuada de las probanzas de autos, as como prescindir de elementos conducentes tales como la difusin periodstica durante el perodo analizado y el informe de la Subgerencia de Agentes de Monitoreo de Mercados del que surgira que para esa poca no se produjeron cambios de significativa importancia en el valor de las acciones. Asimismo tachan de inconstitucional por confiscatorias las multas aplicadas, como lo resuelto por el a quo en torno a la extemporaneidad del planteo. Solicitan, adems, la inconstitucionalidad del carcter devolutivo del recurso de apelacin contra la resolucin 11.377 CNV.

    16) Que corresponde tratar en primer trmino el agravio dirigido a cuestionar las facultades de la Comisin Nacional de Valores para crear va reglamentaria infracciones que, segn sostienen los recurrentes, tienen carcter punitivo sin sustento normativo en la ley 17.811 ni en ley alguna.

    17) Que la ley 17.811 de oferta pblica orden una serie de aspectos del mercado de capitales y sujet a un rgimen especial a las personas que hagan oferta pblica de ttulos valores. Esta ley tuvo por fin proteger a los inversores, especialmente a aquellos que forman el medio comn de los habitantes, y que por carecer de la informacin necesaria han padecido en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez necesaria para garantizar un seguro y productivo destino al ahorro pblico.

    18) Que para llevar a cabo una adecuada proteccin al pblico inversor la citada ley deleg en la Comisin Nacional de Valores las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones autorizndola a dictar las normas a las cuales deben ajustarse las personas fsicas o jurdicas que, en cualquier carcter, intervengan en la oferta pblica de ttulos valores, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (art. 7). Por otra parte le corresponde establecer las normas a que deben ajustarse las personas fsicas y jurdicas autorizadas para efectuar oferta pblica, y quienes actan por cuenta de ellas (art. 6, inc. d).

    19) Que, asimismo, sin perjuicio de las facultades de inspeccin, fiscalizacin e investigacin la ley 17.811 le otorg a la Comisin Nacional de Valores facultades disciplinarias autorizndola a sancionar a las personas fsicas y jurdicas que no cumplieran las disposiciones de la ley y las reglamentaciones por ella creadas (art. 10).

    20) Que, adems, el art. 41 de la ley 23.697 de reforma del Estado facult al Poder Ejecutivo Nacional a "dictar las normas necesarias para afianzar el funcionamiento del mercado de capitales". En funcin de dicha norma se dict el decreto 2284/91 -ratificado posteriormente por la ley 24.307 B.O. 30/12/93-, cuyo art. 80 dispone: "Compete a la Comisin Nacional de Valores establecer los requisitos de informacin a los que debern sujetarse las sociedades emisoras que hagan oferta pblica de sus ttulos valores, las personas autorizadas a intermediar en la oferta pblica de ttulos valores, sus administradores, gerentes, empleados y cualquier otra persona vinculada a ellas. La Comisin Nacional de Valores reglamentar las restricciones aplicables al uso de la informacin por parte de las personas antedichas en transacciones con ttulos valores...".

    21) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido la constitucionalidad de normas legales que, al regular materias especficas de su incumbencia (arts. 14 y 67 inc. 16 -actual 75 inc. 18- de la Constitucin Nacional) han instituido procedimientos administrativos, atribuyendo competencia a ciertos rganos, centralizados o no, para establecer hechos y aplicar sanciones correlacionadas con la funcin de polica social que tenan asignada (art. 67, inc. 28 -actual 75 inc. 32- de la Ley Fundamental), con la condicin de que se preservara la revisin judicial de las decisiones adoptadas en el mbito administrativo (Fallos: 157:386; 303:1776).

    22) Que, asimismo ha afirmado, bien que con referencia a las facultades del Banco Central, pero con criterio aplicable al sub examine, que aunque tales reglamentaciones no provengan del Poder Ejecutivo, ello no es suficiente para negarles la eficacia que se cuestiona en el recurso, pues si bien, como principio, la reglamentacin de las leyes corresponde al presidente de la Nacin, nada obsta para que la ley asigne a un organismo descentralizado, la facultad de dictar normas especficas a las cuales debe ajustarse la actividad cuando estn de por medio las exigencias provenientes de la complejidad de las funciones del Estado, toda vez que las atribuciones de que se trata no son aquellas a las que puede considerarse como indelegables en razn de su naturaleza (doctrina de Fallos: 269:19).

    23) Que, las facultades sancionatorias que se atribuye a la Comisin Nacional de Valores no se hallan dirigidas a individuos cualesquiera, sino a cierta clase de personas fsicas y jurdicas que desarrollan una actividad especfica. Al respecto se ha sostenido que distintos rganos administrativos y aun ciertas instituciones que no forman parte, strictu sensu, de la administracin, se hallan investidos de la facultad de aplicar medidas disciplinarias a las personas que se encuentran, respecto de ellas, en una situacin de sujecin particular distinta del vnculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado (dictamen del seor Procurador General en Fallos: 251:343 y 275:265). En el caso, las normas que rigen las relaciones jurdicas entre la Comisin Nacional de Valores y las personas fsicas y jurdicas sujetas a su fiscalizacin se desenvuelven en el marco del derecho administrativo puesto que reglan el ejercicio del poder de polica del Estado sobre la actividad burstil, y las personas fsicas y jurdicas que intervienen en la oferta pblica se encuentran sometidas a un rgimen de sujecin particular.

    24) Que tales facultades derivan del poder de polica del Estado, en tanto persigue prevenir y restaurar la violacin de la ley de oferta pblica de ttulos valores y sus reglamentaciones, indispensables para lograr un ordenado, eficaz y transparente desenvolvimiento del mercado burstil.

    25) Que la precisin del hecho sancionable, frente a la normativa de que aqu se trata, por va de reglamentacin, en manera alguna supone atribuir a la administracin una facultad indelegable del Poder Legislativo, tratndose, por el contrario, del ejercicio legtimo de la potestad reglamentaria discernida por el art. 99, inc. 2 de la Constitucin Nacional, razn por la cual las sanciones que esta institucin puede aplicar, de acuerdo con el art. 10 de la ley 17.811, tienen carcter disciplinario y no participan de la naturaleza de las normas del Cdigo Penal.

    26) Que, en consecuencia, la Comisin Nacional de Valores no aplica penas por delitos, sino sanciones por infraccin a las normas de polica por cuya observancia debe velar, con sujecin a revisin judicial "sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes" (art. 10 de la ley 17.811; Fallos: 305:1125). Se trata de una regulacin distinta, caracterizada por la existencia de una potestad jerrquica en la autoridad concedente y destinada a tutelar bienes jurdicos diferentes de los contemplados por las normas del Cdigo Penal. En el caso el bien jurdico tutelado es impedir conductas contrarias a la transparencia en el mbito de la oferta pblica de acciones de sociedades que cotizan en la bolsa.

    27) Que, en consecuencia, no existe bice constitucional para integrar la norma legal con otras disposiciones de distinta jerarqua, dictadas de acuerdo con facultades delegadas expresamente por la ley.

    28) Que de conformidad con lo aqu expuesto, no es forzoso que las acciones susceptibles de ocasionar la imposicin de medidas disciplinarias sean descriptas detallada y concretamente por el legislador, pues es suficiente que sea especificada por la autoridad administrativa, con referencia a supuestos previstos slo de modo genrico por la ley.

    29) Que, no es entonces de su esencia que se apliquen las reglas generales del derecho penal. Esa responsabilidad disciplinaria, no requiere la existencia de un dao concreto derivado de ese comportamiento irregular, pues el inters pblico se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aqul pudiere ocasionar.

    30) Que el principio de legalidad rige por cierto el ejercicio de la potestad disciplinaria. Empero, en la rbita de lo disciplinario sus exigencias se satisfacen con el requerimiento de que el organismo de aplicacin se encuentra facultado por ley para imponer sanciones del tipo indicado, con relacin a hiptesis descriptas tan slo de una manera genrica como se sostuvo ut supra. En el caso, las previsiones contenidas en el art. 7 de la ley 17.811 y el art. 80 del decreto 2284/91 ratificado por la ley 24.307 (B.O. 30/12/93) bastan a los fines de aquella exigencia y permiten aventar las objeciones constitucionales expresadas.

    31) Que la figura del "insider trading", tal como lo ha estudiado la instancia precedente, ha sido objeto de extenso tratamiento en el derecho comparado y fue incorporada a nuestra legislacin en virtud de las resoluciones generales de la Comisin Nacional de Valores 190/91 y su modificatoria 227 del 26 de enero de 1993. La caracterstica esencial de la condicin de "insider" es disponer de informacin confidencial, en razn de la posicin preponderante que ostentan ciertas personas dentro de la empresa y que se valen de esa informacin relevante y no pblica pudiendo realizar ganancias o evitar prdidas para s o para otros, a costa de los restantes inversores del mercado.

    32) Que, en los derechos extranjeros considerados se ha procurado garantizar el buen funcionamiento del mercado de valores mobiliarios, que depende, en gran medida, de la confianza que l inspira a los inversores, basada fundamentalmente en asegurar a los inversores igualdad de condiciones. Por el contrario, las operaciones efectuadas por las personas que estn en posesin de informacin privilegiada comprometen tal confianza, por el hecho de ofrecer ventajas a algunos inversores respecto de otros. Es fundamental que el mercado sea transparente y ordenado a fin de asegurar a los inversores la realidad y veracidad de las operaciones, como asimismo que los valores que en l se negocian reflejen un valor real. Tal es el sentido de la Directiva Comunitaria 592 del 13 de noviembre de 1989 que define con precisin el fundamento de la regulacin del "insider trading".

    33) Que las conductas impuestas por la resolucin en examen tienden a asegurar la transparencia de los mercados prohibiendo, en general, todo acto u omisin, de cualquier naturaleza que afecte o pueda afectar la transparencia del mbito de la oferta pblica (art. 1). La normativa impugnada determina por un lado el deber de guardar reserva y por otro la prohibicin de utilizar informacin confidencial. As resulta de sus arts. 11, 12 y 21 en cuanto impone a los directores, administradores, gerentes, sndicos, miembros del consejo de vigilancia, accionistas controlantes, profesionales intervinientes y, en general, a cualquier persona que por su cargo o actividad, posicin o relacin, tenga acceso a informacin confidencial respecto al desenvolvimiento o negocios de una sociedad sujeta al mbito de la oferta pblica, y que sea capaz de influir de algn modo en el precio de los ttulos, la obligacin de guardar estricta reserva. Esta obligacin se extiende -segn lo dispone el mismo artculo en su prrafo segundo- a directivos, funcionarios y otros organismos y, por su parte, el art. 12 extiende el deber impuesto en el artculo anterior a todas aquellas personas que por relacin temporaria o accidental con la sociedad o sujetos mencionados en l pudieran haber accedido a la informacin all descripta.

    34) Que por su parte, el art. 21 de la citada resolucin le impone a las personas mencionadas en los arts. 11 y 12 la prohibicin de utilizar informacin reservada, en la compra o venta de acciones o cualquier otro tipo de operacin vinculada con la oferta pblica, sea para beneficio propio o de terceros. En otras palabras, no podrn valerse de la misma en cualquier tipo de operacin que se realice en el mercado de valores para obtener ventajas de tal informacin.

    35) Que, la Comisin Nacional de Valores les imput a los sumariados haber realizado negocios incompatibles con la posicin que investan en Establecimiento Modelo Terrabusi S.A., en transgresin a las citadas normas por haber hecho uso indebido de informacin relevante y no pblica -a las que tenan acceso, es decir el precio de la accin ofrecido por Nabisco- obteniendo con ello una situacin objetiva de ventaja respecto del pblico inversor al operar en el mercado durante el perodo de tratativas de la venta del paquete accionario.

    36) Que, en lo sustancial, los recurrentes discrepan con la valoracin de la prueba que llev al juzgador a entender que el ingeniero Montagna trasmiti la informacin relevante y no pblica y que los restantes sumariados con tal conocimiento realizaron las operaciones burstiles durante el perodo de las negociaciones, negando alguno de ellos que tales operaciones sean por s reveladoras de que hubieran estado al tanto del precio.

    37) Que la demostracin del conocimiento por parte de los sumariados de la informacin relevante y no pblica impone recurrir a la prueba de presunciones pues, a diferencia de otras infracciones el "insider trading", no se caracteriza por una evidencia obvia, ya que por lo general tal infraccin se origina en comunicaciones verbales de una persona a otra, mxime cuando como en el caso, quienes han intervenido estn ligados por vnculos familiares y por comunidad de intereses. De all que la prueba indirecta sea admitida y las presunciones adquieran singular importancia.

    38) Que las constancias incorporadas a estos autos ofrecen presunciones suficientes, precisas y concordantes para concluir que los sumariados incurrieron en la infraccin que les imput la Comisin Nacional de Valores. En este sentido, pese a los esfuerzos recursivos para demostrar lo contrario, las defensas exculpatorias de los recurrentes no aportan ningn elemento nuevo de conviccin u otras razones que justifiquen una solucin distinta de la adoptada en la anterior instancia.

    39) Que, en este sentido, no puede dejar de ponderarse las existencia de vnculos familiares entre los sumariados, ya que Auge de Spaghi, Carlos Reyes Terrabusi y Gilberto Montagna son primos entre s; Patricio Spaghi es hijo de Beatriz Auge de Spaghi y sobrino de Reyes Terrabusi y Montagna; y Josefina Comoletti de Terrabusi era ta poltica de Montagna, de Auge de Spaghi y de Reyes Terrabusi y suegra de Francisco Prea. Tambin qued acreditado que aproximadamente el 70% del capital se encontraba concentrado entre los miembros de la familia, existiendo, adems, relaciones de amistad entre los accionistas, quienes, segn sus propias manifestaciones, tenan un acuerdo tcito de comunicarse entre s cualquier decisin de vender acciones.

    40) Que, adems, todos los sumariados tenan una posicin o cargo importante dentro de la sociedad: Reyes Terrabusi era presidente y vicepresidente de Terra Garba; Montagna: vicepresidente 2 de Terrabusi y secretario de Terra Garba; A. Spaghi: directora titular de Terrabusi y de Terra Garba; P. Spaghi: director suplente y director del Area de Relaciones Industriales e Institucionales; Prea: vicepresidente 1 de Terrabusi y miembro de su Direccin Ejecutiva y director titular de Terra Garba; Comoletti de Terrabusi: accionista de Terrabusi y Repetto: director suplente y director del Area Administrativa de Terrabusi.

    41) Que las relaciones de familia, a la que los recurrentes le restan relevancia, no constituye un dato menor. En este sentido la jurisprudencia estadounidense otorga mxima relevancia en este tipo de infracciones a la relacin de parentesco o amistad -combinada con la relacin empresaria- considerando que es suficiente para presumir una conducta reveladora del "insider trading" (Securities and Exchange Commission versus Texas Gulf Sulphur Co. 1968; United States v. Chestman - 1991).

    42) Que asimismo, resulta relevante, tal como puso de relieve la cmara, que el convenio firmado entre Reyes Terrabusi y Montagna y Nabisco, afectaba los paquetes accionarios del resto de los sumariados pues el 17,24% del capital de la sociedad (adicional al 53,93% y necesario para integrar el 71,16% de las acciones) estaba integrada por las tenencias de A. Spaghi, Prea, Comoletti de Terrabusi, entre otros y que de acuerdo al acta de intencin la venta de ese 17,24% estaba condicionada a la conformidad de sus titulares (fs. 477).

    43) Que, por otra parte, tambin se encuentra acreditado que desde el inicio de las negociaciones entre Nabisco y los vendedores, los sumariados realizaron diversas operaciones burstiles, que se iniciaron a fines de enero de 1994 y se prolongaron hasta el cierre de la operacin con Nabisco.

    44) Que los recurrentes no logran desvirtuar lo afirmado por la cmara en cuanto a que todos los sumariados tuvieron conocimiento del precio inicial ofrecido por Nabisco, perodo en el cual, algunos de los sumariados vendieron y recompraron acciones de Terrabusi en el Mercado de Valores de Buenos Aires. As surge que inicialmente dichos sumariados vendieron acciones de Terrabusi cuando el precio en el mercado superaba los $ 5,80 ofrecidos por Nabisco, para luego recomprar cuando el papel de Terrabusi cotizaba por debajo de los $ 5,80 por accin. En este sentido los argumentos formulados por los recurrentes no resultan suficientes para destruir las diversas pruebas, indicios y presunciones que constan en la causa y que fueron debidamente ponderados por el a quo para llegar a la conclusin de que todos los miembros del directorio estaban al tanto de los trminos del acuerdo preliminar incluido el precio de $ 5,80 por accin.

    45) Que, los recurrentes insisten en afirmar que slo en los primeros das de abril de 1994 el ingeniero Montagna inform el precio de $ 6,50 por accin, expresando que es inexacta la inferencia del ente de control y confirmada por la cmara, segn la cual que dicha informacin fue anterior y se haba producido en la ltima semana de marzo. En este sentido los recurrentes no logran desvirtuar las conclusiones de la cmara sobre la base de las manifestaciones de los sumariados y de las constancias de la causa, en torno a que si en el acta de directorio del 25 de marzo de 1994 (fs. 463) se pona en conocimiento de los accionistas que las negociaciones con la firma Nabisco International Inc. "enmarcadas en una evolucin favorable, permiten estimar una posible conclusin satisfactoria para antes del 30 de abril prximo", caba presumir, tal como lo puso de manifiesto la Comisin Nacional de Valores, que ya se haba arribado a un acuerdo en cuanto al precio pues, si en dicha fecha las tratativas haban sufrido un sensible progreso, era porque se haba superado el nico tema en discusin: la garanta solicitada por Nabisco, consistente en retener parte del precio para hacer frente a la eventual existencia de pasivos sociales ocultos, que Reyes Terrabusi no acept y que determin que los restantes vendedores la afrontaran, incluyendo la parte proporcional correspondiente al presidente.

    46) Que los agravios de los recurrentes, en el contexto y la magnitud de la negociacin de autos son inverosmiles, pues no parece razonable que ellos hayan resuelto integrar la garanta correspondiente a Reyes Terrabusi, que como accionista mayoritario no estaba dispuesto a pagar, sin estar en conocimiento del precio y las consiguientes ventajas que la operacin les reportara, por lo que la conclusin de la cmara en cuanto a que la consulta a los accionistas y la comunicacin del precio final de $ 6,50 por accin, necesariamente tuvo lugar antes de la reunin del 25 de marzo de 1994 -y no como sealan los recurrentes a principios de abril de 1994-, parece razonable y se ajustan rigurosamente a las conclusiones del sumario.

    47) Que, por lo dems, ello es congruente con la circunstancia de que en esa semana los sumariados por primera vez compraron acciones de Terrabusi a precios superiores a $ 5,80 y que Terrabusi demorara la comunicacin del acta del 25/3/94 a la Comisin Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, segn el compromiso asumido en esa reunin, lo que permiti a alguno de los sumariados continuar operando en rueda burstil con la ventaja de poseer informacin no pblica. As surge de autos que en este perodo A. Spaghi, Comoletti de Terrabusi y Repetto compraron 226.216. 33.424 y 20.000 acciones, por $ 1.371.647, $ 195.992 y $ 113.993 a precios promedio de $ 6,0634, $ 5,8638 y $ 5,6996 por accin, respectivamente (fs. 1196, 1192 y 1191).

    48) Que tampoco reviste la importancia que pretenden los recurrentes las informaciones periodsticas aparecidas durante el perodo de negociacin, circunstancia que, a su juicio, descartara lo afirmado por el sumariante respecto a que los restantes inversores hubieran estado en una situacin de inferioridad con relacin a ellos. Sin perjuicio de que los inversores no podan tener similar certeza a la de quienes estaban participando de la negociacin y de que algunas de estas publicaciones fueron desmentidas a travs de los mismos medios, la circunstancia de que personas totalmente extraas a la entidad hubieran captado datos confidenciales de modo alguno tiene aptitud para relevar de la infraccin a los sumariados, pues para que sta se configure se requiere una vinculacin, en razn del cargo, funcin o actividad del sujeto con la emisora. Tal deber de no valerse de informacin privilegiada pesaba sobre los sumariados, quienes se sometieron voluntariamente al rgimen legal al solicitar autorizacin de oferta pblica, razn por la cual en su carcter de "insiders" deban omitir toda intervencin en el mercado relacionada con la informacin relevante.

    49) Que, adems, acreditado como ha sido el conocimiento de los precios de $ 5,80 y $ 6,50 por parte de los sancionados, sobre la base de indicios serios y concordantes, ninguna relevancia reviste el agravio referente a que los llamados "accionistas adicionales" no se hallaban afectados por la prohibicin establecida en la carta de intencin, dirigida slo a los vendedores, por lo que nada obstaba a que operaran en el mercado, ni tampoco las conclusiones del informe de fs. 37/38 pues conociendo la "informacin reservada" por la posicin que tenan en la empresa, y ante la posibilidad cierta de vender sus tenencias, se encontraban legalmente obligados a abstenerse de operar en el mercado.

    50) Que, cobra aqu relevancia el derecho jurisprudencial de los Estados Unidos considerado por la cmara que se conoce como abstain or disclosure rule en tanto impone a aquellos "insiders" que posean informacin relevante, revelar la informacin a su cocontratante y, en el caso de serle legalmente imposible hacerlo, abstenerse de negociar en relacin a los valores relacionados con dicha informacin hasta que la misma se convierta en pblica (casos "Cody, Roberts & Co., de 1961 "SEC v. Texas Gulf Sulphur Co" de 1968;; "Shapiro vs. Merrill Leynch" de 1974, fallados por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito).

    51) Que, con relacin al ingeniero Montagna el tribunal consider que era responsable por haber estado en conocimiento de tal informacin, por haber intervenido directamente en la operacin y por haber actuado en el mercado a nombre de un tercero, mientras aqulla no se haba hecho pblica. El recurrente sustenta su defensa en calificar su actuacin como un simple mensajero. Sin embargo, el recurrente no logra desvirtuar el fundamento expuesto por la cmara y que, en definitiva, resulta de las propias conclusiones de la Comisin Nacional de Valores en cuanto a que para encuadrar su actuacin en la figura de un comisionista resultaba sustancial la declaracin del agente de bolsa Raimundez (fs. 416) que se refiri al modo de operar del ingeniero Montagna en los siguientes trminos: "Diariamente el dicente, se comunicaba en la apertura de las operaciones burstiles informndole la tendencia del mercado y en especial el estado de la plaza de Terrabusi. Que la instruccin para operar (tanto para comprar o vender) era a un precio y cantidad determinados por el ingeniero Montagna, que nunca tuvo discrecionalidad para operar libremente precio y cantidad. Se le informaba durante la rueda si se haba cumplido con la instruccin dada, y que no se dejaba influenciar por los comentarios que el dicente le haca acerca del estado de la plaza de Terrabusi. Que las rdenes eran diarias y caducaban al cierre de las operaciones del da. Una vez que se haban efectuado las operaciones stas eran adjudicadas por el ingeniero Montagna a uno de los comitentes del grupo. Que en el perodo enero/abril de 1994 la cuenta de la comitente que ms intervino fue la de Beatrz A. de Spaghi". Cabe agregar que en ese perodo negoci en el mercado por cuenta de la seora de Spaghi en volmenes considerables.

    52) Que, en tales condiciones, resultan inconmovibles las conclusiones de la cmara en cuanto a que la conducta del ingeniero Montagna viol el deber de reserva al que se hallaba obligado por la carta de intencin suscripta con los compradores y adems, la obligacin de no transmitir informacin privilegiada y no pblica. A lo que se agrega, negociar en el mercado por cuenta de un tercero, la seora Beatriz Auge de Spaghi, mediando incompatibilidad para operar en este perodo, infringiendo de este modo el art. 21 de la resolucin 227/93.

    53) Que las crticas esgrimidas respecto de las consideraciones efectuadas por la cmara acerca de la conducta de la seora Auge de Spaghi, A. Spaghi, y Prea tampoco tienen el menor peso. En efecto, los recurrentes no han dado explicaciones que justifiquen una decisin distinta a la de la cmara, se limitan a reiterar agravios que ya han sido expuestos en el escrito de apelacin, pero sin adentrarse en la refutacin del sustrato fctico que determin la formulacin de sus cargos. En este aspecto el fallo analiza cuidadosamente la prueba producida y efecta un examen exhaustivo del conjunto de elementos de la causa indicativos de la posicin que ocupaba cada uno en la empresa, las importantes negociaciones burstiles con ventajas para s y para otros, que en modo alguno los apelantes han logrado desvirtuar.

    54) Que, tambin corresponde rechazar la queja formulada en torno al monto en que se estim el beneficio obtenido, pues para establecer la sancin no se tuvo en cuenta nicamente el beneficio efectivamente obtenido, sino el grado de participacin que tuvieron cada uno de los sumariados, responsabilidad en la infraccin, as como las circunstancias agravantes o atenuantes en cada uno de los casos. Por lo dems, la responsabilidad disciplinaria no requiere la existencia de un dao concreto derivado de ese comportamiento irregular, pues el inters pblico se ve afectado aun con el perjuicio potencial que aquel pudiere ocasionar, es decir, con independencia de que stos obtengan rditos econmicos o no.

    55) Que, la graduacin de las sanciones pertenece, en principio, al mbito de las facultades de la Comisin Nacional de Valores y slo son revisables por la justicia en los supuestos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. En la especie no se advierte que, mediante las sanciones que fueran impuestas se encuentren configurados los supuestos que habilitaran a esta Corte a modificar su cuanta, mxime si fueron fijadas dentro de los lmites que establece el art. 10 de la ley 17.811 (reformado por la ley 24.241).

    56) Que, por otra parte, en orden al alegado carcter confiscatorio de la sancin, los recurrentes no demuestran que la extensin de las multas no guarden proporcin con los intereses en juego ni tampoco que afecte desmesuradamente su capacidad econmica ya que no se ha aportado prueba alguna que acredite las manifestaciones en tal sentido.

    57) Que, finalmente, por el modo en que se resuelve resulta inoficioso el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 17.811, en cuanto concede el recurso al slo efecto devolutivo.

    Por ello, odo el seor Procurador General, se declaran formalmente procedentes los recursos ordinario y extraordinarios interpuestos y se confirma la sentencia. Con costas. Notifquese, agreguse la queja al principal, devulvase el depsito y remtase. JULIO S. NAZARENO - ANTONIO BOGGIANO


     
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