En segundo lugar, Inglaterra también invoca que la devolución de Puerto Egmont en 1751 comportó un reconocimiento por parte de España al derecho británico sobre la totalidad de las Islas Malvinas, sería una sanción adicional a su derecho de soberanía.

En 1770 Gran Bretaña en realidad no disputó a España su derecho de soberanía y dominio sobre las islas Malvinas. Se limitó a exigir que Puerto Egmont fue restituido al statu quo ante, es decir que en el mejor de los casos a Inglaterra le correspondería un solo punto en la Isla de Saunders, no la totalidad del territorio en cuestión.

Con el regreso de los ingleses al puerto de Egmont que se prolongó hasta 1774, fecha en que se alejaron del lugar, éstos sostuvieron dos consecuencias la primera: que estas señales sostenían el derecho de dominio de la Gran Bretaña; la segunda: que indicaban la intención de reasumir la ocupación del territorio en tiempo venidero. Pero la ausencia que se prolonga por tanto tiempo, indefinidamente, debe entenderse que el animus dominandi se transforma en animus derelinquendi, o sea, intención de abondonar definitivamente la cosa. Así es como ocurrió en el caso de Puerto Egmont, cuyas señales de posesión fueron quitadas del lugar por los españoles en el año 1775. Pasaron casi setenta años hasta un nuevo regreso de éstos a la isla y de su consecuente ocupación en 1833.

Las negociaciones con Gran Bretaña (1965-1982)

La creación de las Naciones Unidas después, de la segunda guerra mundial en el año 1945, innovó fundamentalmente en el statu quo creado por la usurpación británica de 1833 y la prolongada usurpación posterior de las islas. La Carta de las Naciones Unidas estableció los principios básicos que deberán regir a fin de que no continúen existiendo territorios sin la plenitud del gobierno propio. Las islas Malvinas fueron consideradas desde un primer momento por la propia Gran Bretaña como un territorio no autónomo comprendido en las disposiciones del art. 73 de la Carta, ajeno por completo a la posibilidad de una administración fiduciaria. Dicho art. establece que "los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todos", lo cual no se refiere a los derechos o a los deseos de los habitantes.

Concordantemente, en el año 1960, la Asamblea general sancionó la resolución 1514 que determinó las condiciones y requisitos que deben cumplirse para la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Dicha resolución estableció dos principios básicos a los que debe ajustarse el proceso de descolonización:

*Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.

*Todo intento a quebrantar la unidad territorial es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Desde que se iniciaron los debates en el año 1964 en el Subcomité de descolonización para determinar la aplicabilidad de la Resolución 1514 al caso en cuestión quedó planteada la divergencia entre Gran Bretraña y la Argentina sobre la interpretación que deba darse a estos principios. Sobre el primero, Gran Bretaña sostuvo que debería reconocerse a los habitantes actuales de las islas el derecho de autodeterminación; la Argentina afirmó lo contrario y demostró que las Malvinas no hay pueblo que pueda autodeterminarse, si por pueblo a de entenderse, no solamente a un pequeño número de personas que viven en unas islas perdidas en el confín de los mares, sino una comunidad que conforma las exigencias requeridas para la constitución de un estado moderno. Disputa que fue favorable a la República Argentina. Puesto que las Malvinas son un pequeño territorio , o sea, un lugar en el que la tierra tiene mucha más importancia que sus ocasionales habitantes, que no han logrado desarrollar a través de un siglo y medio una comunidad nacional que pueda llamarse pueblo. "Lo cual puede deberse a las hostilidades del clima de dichas islas que generalmente suele alojar a pobladores que van allí por cuestiones de trabajo. Se ha dicho también que la calidad de vida de esta población es superior incluso a la del Reino Unido y que la restitución de dichas islas a la República Argentina podría significar un perjuicio material y moral para tales habitantes. Ante la cual la Argentina respondió que, la población de las islas Malvinas se mantiene estable desde hace varios años y según estadísticas la misma no tiene posibilidad alguna de incremento en el futuro. En contraposición, lo menos que puede decirse es que desde 1901 diecisiete millones de personas han preferido el inferior estándar de la República Argentina al superior de las Malvinas. Como ya se ha dicho nadie está por placer sino por negocios. La tabla de mortalidad infantil es reducida allí porque apenas hay niños. La mortalidad de los adultos es casi inexistente porque la gente se va antes de morir".

En cuanto al segundo principio, Gran Bretaña sostuvo que era inaplicable al caso de las islas Malvinas porque la Carta de las Naciones Unidas sólo prohibe nuevas desmembraciones de territorio y no se ha referido, según Gran Bretaña, a las desmembraciones ocurridas antes en la historia. Pretensión que fue refutada.

La Resolución 2065, aprobada el 16 de diciembre de 1965por la Asamblea general, declaró que el caso de las islas Malvinas se encuentra comprendido en las disposiciones de la Resolución 1514, es decir, que Gran Bretaña debe descolonizar las islas aunque la pequeña población que las habita desee permanecer británica, en segundo lugar, reconoció la existencia de una disputa entre Gran Bretaña y la Argentina sobre las soberanía de las islas e invitó a ambos gobiernos a resolverla pacíficamente, teniendo en cuenta las disposiciones y objetivo de la Carta y la Resolución 1514 así como los intereses de la población de las islas (nada dice sobre los deseos de los habitantes. El principio de autodeterminación quedó excluido).

Las conversaciones se prolongaron hasta 1968 cuando trascendió que se había llegado a un principio de acuerdo en virtud del cual Gran Bretaña reconocería finalmente la soberanía de las islas, siempre y cuando se tuviese la seguridad de que los intereses de los habitantes serían atendidos por el gobierno argentino. Tal reconocimiento no se produciría antes de los cuatro años ni después de los diez años de la fecha del convenio. La publicación en un diario de Londres del proyecto de acuerdo sirvió para destruirlo, debido a la reacción de un sector de la población isleña.