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AYER Y HOY DE LA ARGENTINA RURAL

Gritos y susurros del poder económico

(1880 -1997)

Noemí M. Girbal-Blacha

(CONICET/UNLP/UNQ)

NOEMI GIRBAL-BLACHA

Nació en Avellaneda en 1947. En 1972 obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de Historia Argentina y Latinoamericana en las Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes. Actualmente se desempeña como Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

INDICE

Prólogo

1.- La propuesta

2.- La Argentina verde es una fiesta (1880-1914)

3.- Comienzan los desencuentros. Decepciones y reclamos (1914-1930)

4.- Acerca de exigencias y subsidios. El Estado intervencionista (1930-1945)

5.- Confrontaciones y acuerdos. El Estado dirigista, popular y omnipotente (1945-1955)

6.- Gritos y susurros. Nuevas imposiciones agrarias (1960-1990)

7.- Conformidad y silencio: el agro argentino

Bibliografía

PRÓLOGO

El inicio y posterior configuración de la producción rural argentina explican y tiñen de sentido a gran parte del mapa y acontecimientos sociales, económicos y políticos que con el paso del tiempo fueron moldeando a la Nación Argentina. Así, en la conformación de la estructura y comportamiento del entorno rural, es que se encuentran las claves para interpretar los movimientos de población, la construcción de las redes de los asentamientos humanos, la evolución de las actividades de producción, intercambios y servicios, que a lo largo de la historia afloran, se mantienen y esfuman en el ámbito urbano.

En el texto la autora expone, utilizando un ágil, atractivo y solvente discurso, el devenir de la historia del agro argentino. Queda evidenciado que aunque se aborden temas tratados por otros autores, es posible realizar una mirada original, a la vez que incitar y revalorizar la tarea de revisar el pasado del país agrario.

A partir de una óptica global va armando la trama de los principales actores, protagónicos y secundarios de los hechos históricos, que se despliegan en un escenario soportado en el extenso, variado y en algunas zonas hiperfértil territorio nacional. El relato transita y cruza enfoques delimitados a nivel regional; pasando por el espacio nacional; iluminando cuando lo requiere la disertación, el complejo universo de las relaciones y los flujos que emergen de los centros de poder económico internacional.

En el encuadre propiamente nacional, el estudio está atravesado por el conglomerado de representaciones de intereses y propuestas de sectores y grupos que, en ciertos momentos, de manera conflictiva y en otros, en base a pactos transitorios, se localizan en el interior de los distintos niveles del Estado. Dicho estado adopta diversas modalidades y funciones en relación al ámbito rural y, por ende, al resto de las cuestiones que le atañen, poniendo de manifiesto y procesando las alianzas y contradicciones de los actores que operan directamente en la producción rural, a la par que expresa las coincidencias y enfrentamientos que se dan en el resto de la sociedad. En la dimensión económica la disputa central es la apropiación del "excedente económico" que surge de modo diferencial en el territorio rural, En esa confrontación el Estado arbitra, soluciona o redistribuye, según las situaciones concretas por donde transita el país, distintos momentos que de forma diáfana se presentan en el libro. De tal manera que vemos el funcionamiento del Estado que se inclina y/o apoya a los distintos segmentos de los agentes económicos, insertos en las distintas fases de los procesos de producción y comercialización agraria.

En los cimientos del espacio de la confrontación ubicada en el complejo entramado de los protagonistas agrarios, se va edificando el perfil del conjunto del país, en ciertas épocas productor de bienes del sector primario, abierto hacia el exterior, acompañado por un estado sin participación y distante; en otros momentos atrapado en las cambiantes direcciones de las corrientes de intercambio mundiales, recorriendo el sendero de orientar la producción hacia el mercado interno. En ciertos períodos la organización social adopta la apariencia de permitir la presencia de los sectores populares, mientras que en otros el clamor de la gente observa a un Estado moldeado en los artilugios fraudulentos, con el predominio de mentores políticos con aspiraciones autoritarias. El saldo histórico ostenta una gran gama de totalitarismos de varios tipos, con la presencia de escasos lapsos con administración gubernamental de signos democráticos.

En la última década en el mundo se van consolidando los bloques integrados en torno a un mercado unificado. Frente a esos acuerdos bilaterales, de manera diversa los Estados y los agentes económicos se ajustan a las reglas del movimiento y acumulación financiera, y a los nuevos flujos de producción e intercambio modificados por la profunda innovación tecnológica que atraviesa a todos los procesos y productos, que con ciertas facilidades franquean las regulaciones emergentes de los límites nacionales. En esa nueva matriz organizativa mundial se inserta el modelo agrario, el perfil industrial y el molde del Estado implantado en la Argentina de los noventa, que acentuó la construcción de un bloque de mercado común compuesto por los países del sur del continente americano. Ante los nuevos desafíos, restricciones y oportunidades, los procesos de producción rural se actualizaron; la tenencia cambió de manos, concentrándose y, en ciertos casos, además se transnacionalizó; se reindustrializó y reorientó la producción del campo; la producción del sector creció; en un medio donde se estabilizó la moneda e incrementó la pobreza, el desempleo y el déficit de la balanza comercial.

La autora aprovecha de forma genuina la utilidad de la historia, por eso culmina convocando a reflexionar, entremezclados en los ecos y las voces de los perjudicados y los beneficiados, sobre las características y consecuencias del modelo rural y del país que hoy se está erigiendo y que marcará el futuro por donde forzosamente transitaremos.

Carlos Fidel(*)

(*) Profesor Titular de Fundamentos de la Economía en la Universidad Nacional de Quilmes

A Luis Ernesto y Luis Mario,

mi hijo y mi padre.

1.- LA PROPUESTA.

Desde sus orígenes, la historia de nuestro país aparece vinculada en su economía, su sociedad y su sistema político al medio, a la producción y a la comercialización rural. Primero a la producción y comercialización ganadera y más tarde -ya a fines del siglo XIX- a la transformadora expansión agrícola.

Conocer y reconocer sus orígenes pecuarios y mercantiles, asociados más tarde al progreso positivista de la Argentina Moderna agroexportadora, las limitaciones de la expansión horizontal agraria y las crisis que inducen la regulación económica por parte del Estado, así como el papel jugado por estas coyunturas en la planificación económica, que marcha unida primero al dirigismo estatal, y luego, al estancamiento, recuperación y tecnificación del agro, son asuntos de importancia para el diseño, diagnóstico y comprensión de la situación argentina actual en el concierto internacional.

En este paisaje cambiante pero que no renuncia a sus rasgos tradicionales que lo vinculan al campo, el Estado y los actores sociales que lideran el poder económico agrario, que a veces dialogan y otras discuten, jugaron y juegan acciones de importancia, demostrativas de las tensiones que enervan esa compleja relación de poderes, que por momentos es armónica y en otros se torna ríspida, aunque sin llegar a un enfrentamiento frontal y definitivo. Un Estado en ocasiones liberal, en otras intervencionista o benefactor y los sectores hegemónicos agrarios que se identifican o se relacionan con los representantes de ese Estado para recibir protección, exigir subsidios o brindar el respaldo económico de sus productos, son los ejes de la Argentina rural y del poder económico que la anima y que define no pocos momentos de la historia nacional.

Un recorrido crítico y de la mano de la historia por estas etapas, a partir del surgimiento de la llamada Argentina Moderna, por las variantes en el accionar de quienes son protagonistas, es decir, de los diversos sectores del poder económico rural entre sí y entre ellos y el poder político, invita a la reflexión y resulta un ejercicio intelectual estimulante, legítimo y fundamentalmente necesario para una Nación conformada sobre bases rurales e integrada por una sociedad que posee una frágil memoria acerca de muchos aspectos sustanciales de su pasado agrario. Este es el propósito central de esta propuesta.

2.- LA ARGENTINA VERDE ES UNA FIESTA (1880-1914)

Hacia 1880, una vez concluída la llamada "conquista del desierto" y la cuestión indígena; vencida la sublevación de Carlos Tejedor en Buenos Aires y resuelto -con el beneplácito de los ganaderos porteños- el problema de la federalización de Buenos Aires, la Argentina organiza estructuras políticas de alcances nacionales y conforma el Partido Autonomista Nacional (PAN) sobre la base de la Liga de Gobernadores que naciera desde Córdoba en 1877. Julio Argentino Roca, "el zorro", triunfador del desierto y siempre alineado en la defensa de los intereses nacionales por sobre los provinciales, es el hombre del momento, el que dará origen a un movimiento, un estilo político y una época: el roquismo.

La República Argentina deja atrás su fisonomía pastoril, criolla, de gran aldea y se convierte, por entonces, en un país agropecuario, moderno, aluvional -al decir de José Luis Romero-, receptor del capital externo y de la inmigración masiva que proporciona la mano de obra abundante y barata para emprender el cambio. El país conforma sobre estas bases su mercado nacional a partir de una sólida alianza entre los importadores, exportadores y ganaderos porteños y las oligarquías provinciales, al tiempo que se inserta en el ámbito internacional como proveedor de materias primas agropecuarias. Son éstos los parámetros entre los cuales se desarrolla el "positivismo en acción", del que nos habla Alejandro Korn, y que ejecuta esta generación de liberales en lo económico y conservadores en lo político, como la definiera con mucho acierto a mediados de los sesenta, el historiador Thomas Mc Gann.

En medio de la "paz y administración" propuesta por el Presidente Julio A. Roca, "el progreso" positivista es visto por los dirigentes del '80 como posible e infinito. En este país de gran extensión, la tierra, que con el fin de la lucha con el indio afirma su concentración en pocas manos, se presenta como un símbolo de prestigio social, base del poder político y sustento de la producción agropecuaria. Es un factor indiscutible del "progreso". Su valor intrínseco se suma al de los otros factores estructurales: la inmigración (que ante la imposibilidad de convertirse en propietaria rural alimenta un rápido proceso de urbanización), el capital externo (esencialmente británico y orientado a ferrocarriles y frigoríficos), el comercio internacional (estrechamente vinculado a Inglaterra), la consolidación del poder político que organiza entonces estructuras de alcances nacionales respaldado por el Ejército y el Congreso y en medio de la decadencia de las autornomías provinciales, y -como un compendio de estos factores- la conformación del mercado nacional. Estos son los rasgos sobresalientes de la fisonomía de la Argentina Moderna, conducida por una élite oligárquica, con capacidad de control económico, vinculada al quehacer mercantil y agrario, con espíritu de cuerpo y conciencia de tal, que se integra a partir de un tipo de hombre público específico, al que Natalio Botana denomina "el notable". En la cúpula de esta "alianza de notables", Bartolomé Mitre, Julio A. Roca y Carlos Pellegrini conforman, ya en las postrimerías del siglo XIX, el triunvirato político que dirige los destinos nacionales hasta los umbrales del siglo XX, como una expresión concreta del predominio de la tendencia más conservadora del seno de la oligarquía en los planos de conducción.

Hacia 1890 y durante la gestión del Presidente Miguel Juárez Celman -líder del unicato- se produce el "apogeo y crisis del liberalismo". Los elementos de conflicto se encuentran dentro y fuera del partido gobernante. El desplazamiento de "los notables" de la conducción política, la grave situación económico-financiera que vive el país en relación con el desorden en las concesiones territoriales y ferroviarias, la expansión del crédito, el aumento extraordinario de la deuda pública entre 1886-1890 y la vigencia de la ley de bancos garantidos de 1887, se suman a los efectos del crack financiero de la casa inglesa Baring Brothers, y desatan en la Argentina la crisis política, monetaria y fiscal, que deja como saldo la devaluación del peso, la quiebra y moratoria bancaria y la renuncia del Presidente Juárez Celman el 6 de agosto de 1890. El Vicepresidente Carlos Pellegrini ocupa la titularidad del Ejecutivo Nacional hasta el fín del mandato, procurando poner orden en las finanzas nacionales. La élite dirigente pierde cohesión pero sus bases económicas están intactas.

Cobra cuerpo, entonces, la expansión de la agricultura cerealera argentina, que al amparo del ferrocarril y orientada al principal centro de comercialización: la ciudad puerto de Buenos Aires, da sustento a la economía agroexportadora de alta concentración en la región pampeana (Buenos Aires, centro sur de Santa Fe, Entre Ríos, sudeste de Córdoba y La Pampa). La agricultura sobre la base del arrendamiento se asocia entonces a la ganadería de alta mestización destinada al frigorífico de capital británico que se instala en Buenos Aires en 1883. Es la presencia del frigorífico con su carácter monopólico la que irradia los saladeros fuera de su área de influencia (Buenos Aires-La Plata), transforma la típica estancia pampeana, promueve el proceso de desmerinización (reemplazando la oveja merino, buena productora de lana, por la lincoln, buena productora de carne), valoriza el vacuno, diversifica la producción ganadera y sectoriza a los ganaderos -que por entonces y desde 1866 se nuclean en la Sociedad Rural Argentina- en criadores e invernadores.

El valor de la tierra aumenta y los altos precios internacionales pagados por los cereales inducen una progresiva independencia de la agricultura respecto de la expansión ganadera. La cerealicultura adquiere significación propia en el conjunto de la economía y en la balanza comercial del país y la Argentina -con un mercado interno acotado y casi la totalidad de su producción destinada a la exportación- ocupa los primeros puestos junto a Rusia y los Estados Unidos en la provisión de granos al mercado mundial.

La gran propiedad y la generalización del arrendamiento como forma más difundida del sistema de tenencia de la tierra son sólo los extremos más notables de un amplio espectro socio-rural con alta incidencia en la ocupación del espacio regional pampeano y que integran, en la cúpula, grandes propietarios absentistas, terratenientes, arrendatarios de grandes extensiones (todos ellos dedicados a la ganadería de alta mestización), y como sectores subalternos: chacareros, pequeños y medianos arrendatarios, aparceros y peones de cosecha. Entre el circuito productivo y el de circulación de la producción agraria, se sitúa el almacenero de campaña, que proporciona el crédito informal y es un eslabón imprescindible para la comercialización. Todos ellos hacen posible la presencia de una agricultura extensiva de base cerealera y forrajera, que rota con facilidad entre la producción agrícola y la pecuaria, en medio de un sistema de comercialización concentrado (Bunge y Born, Louis Dreyfus y Co., Otto Bemberg, Huni-Wormser) y acosado por la ausencia del embarque a granel y la escasez de galpones y elevadores terminales y de campaña.

Son estas características del "boom" agrícola que vive la pampa húmeda hasta los inicios de la década de 1910, las que perfilan un país progresista, moderno, pero que al mismo tiempo asiste a los conflictos agrarios que tienen como protagonistas a los chacareros (aparceros) y peones más pobres de la región; aquéllos que se sitúan en el escenario del centro sur santafesino y se dedican al cultivo maicero. Los sucesos del "Grito de Alcorta" (Santa Fe) de 1912, donde se reclama por contratos de arrendamiento más duraderos, libertad para comercializar la cosecha y baja en los cánones de arriendo, son sólo una muestra del enfrentamiento entre grandes propietarios y arrendatarios, en medio de la adhesión a favor de estos últimos de los almaceneros de campaña y acopiadores que bregan así por el cobro de sus deudas. El resultado más duradero del conflicto es la conformación de un organismo corporativo que aglutina los intereses de los charcareros: la Federación Agraria Argentina.

En tanto, la Argentina ganadera se consolida a partir de una relación de dependencia con el inversor externo que le da rasgos propios. Desde los albores del siglo XX se vive en el país lo que Ricardo Ortiz denominara a fines de los años de 1950, la "edad de oro del frigorífico". Hacia 1900, la presencia de aftosa en nuestros animales, denunciada por los empresarios y comerciantes ingleses, interrumpe la exportación de ganado en pie. El frigorífico -de capital inglés como se dijo- se convierte en la única alternativa para el invernador de la pampa húmeda, quien entonces advierte la indiferencia del capital externo ante sus reclamos, a pesar de las inversiones que en mestización hicieran adquiriendo planteles de raza a quienes ahora se niegan a comprar el animal vivo. Los ingleses protegen sus inversiones, aunque un par de años más tarde, el ingreso del trust de Chicago al negocio de las carnes enfriadas y su producción de chilled beef, que requiere un vacuno más cuidado y gordo, obligue a los británicos a competir y a firmar en 1911 el primer Acuerdo de Fletes que fija cupos de embarque según el origen de los establecimientos. El 41,35 % de los embarques corresponde a los frigoríficos estadounidenses, el 40,15 % a los ingleses y sólo el 18,50 % a los argentinos. De todos modos, los ingleses siguen conservando la propiedad de los barcos frigoríficos para comercializar el producto, dirigen las aseguradoras de los mismos y Smithfield sigue siendo el gran mercado de recepción de las carnes enfriadas y congeladas procedentes de la Argentina.

Mientras la pampa húmeda es todo un símbolo del progreso agropecuario, en el interior la situación es diferente. La conformación del Estado y del mercado nacional con su sistema de alianzas obliga a las economías regionales a efectuar cambios para participar de las exigencias de la Argentina agroexportadora, que desde el poder político y económico crece con la mirada puesta en Europa. La llegada del ferrocarril, el crédito oficial barato y la protección estatal diseñan, de común acuerdo con las burguesías locales, verdaderos modelos de economías regionales de monoproducción. Se teje así el revés de la trama del progreso positivista arraigado en la región pampeana y en torno a la ciudad-puerto de Buenos Aires.

CUADRO 1: Crecimiento desigual en la Argentina Moderna -1912 (%)

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Región Extens. territ. Poblac. Agricult. Ganadería FFCC

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Norte 25,7 16,5 4,6 13,1 16,0

Andina 17,6 9,5 4,1 4,9 9,5

Litoral-centro 27,7 72,7 90,5 70,1 73,0

Patagónica 28,9 1,2 0,7 12,7 1,5

Fuente: Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura: Anuario Oficial de la República Argentina. Primer año-1912, Buenos Aires, 1912, p.50.

En el Noroeste, con epicentro en Tucumán, se consolida, a partir de la llegada del ferrocarril a esa ciudad en 1876, la modernización de la economía azucarera que elimina cultivos tradicionales como el maíz, producido entonces para exportar en el área circundante al eje metropolitano. En 1877 existen en el país 82 ingenios y 207 cultivadores de caña. En 1895, los ingenios son sólo 36 y los cultivadores 2.630. La modernización trae consigo la concentración empresarial y quien no puede adaptarse a los cambios, engrosa las filas de los cultivadores o cambia de ramo. La situación es próspera pero precaria.

A mediados del decenio de 1890 se produce una crisis de superproducción azucarera. Los reclamos del empresariado azucarero, ante el Estado nacional primero y provincial un poco después, no se hacen esperar. Para darles efectividad, los propietarios de ingenio se nuclean -como lo hicieran antes los ganaderos y los chacareros en la región pampeana- en el Centro Azucarero Nacional a partir de 1894 y pronto consiguen la exención impositiva interna y la posibilidad de exportar -hasta 1903- los azúcares con prima. En tanto, para minimizar los riesgos y diversificar la producción, los ingenios azucareros se transforman en sociedades anónimas; fundándose la primera de ellas en 1895: la Compañía Azucarera Tucumana (que nuclea 5 ingenios), propiedad de Ernesto Tornquist (también dueño de la Refinería Argentina del Rosario, única en el país) y productora de más de un 60 % del azúcar que se produce internamente. La presión del sector ante el Estado provincial tucumano aumenta hacia 1902, cuando con motivo de la Convención Azucarera de Bruselas los azúcares primados son rechazados en los países europeos. Entonces llega el momento de aplicar la "ley machete", aquella que dispone la destrucción de la caña en el surco a cambio de una ajustada indemnización al cañero. El objetivo último es resguadar el precio del azúcar refinado, el que se vende en el mercado consumidor interno, preferentemente de la Capital Federal, para que los empresarios azucareros puedan hacer frente a los créditos contraídos para modernizar sus ingenios.

Reclamos y exigencias del empresariado agroindustrial al Estado Nacional y al provincial, que no puede resistirse a sus pretensiones, ya que la presión fiscal se aplica a la única actividad económica local próspera: la producción azucarera. El poder político mantiene así una estrecha dependencia del poder económico y actúa en consecuencia. Hasta la primera década del siglo XX, el peligro no se advierte inminente y los aires del "progreso" también se respiran en el Noroeste argentino y en la región de Cuyo, donde haciendo uso de un sistema similar, se impulsa y arraiga la vitivinicultura a partir de 1885, cuando el ferrocarril llega a Mendoza. Pero a diferencia de lo que ocurre en Tucumán, aquí el sistema de contratistas y las características artesanales de la producción permiten una muy adecuada inserción del inmigrante italiano y español, que en no más de quince años se convierte en propietario de viñedos o en bodeguero y se coloca -a veces- al frente de importantes sociedades anónimas vitivinícolas (Giol, Gargantini, Tomba, Arizu, entre otras). En ambos casos la concentración regional y empresarial es el corolario de la crisis y del accionar del Estado en favor de estos empresarios agroindustriales monoproductores.

Aún en las áreas marginales, en aquellas que se incorporan tardíamente al modelo agroexportador, como la patagonia o la región del Noreste de nuestro país, la inserción en la economía agroexportadora se da buscando evitar la expansión de producciones competitivas con las que son típicas de la pampa húmeda. En el Gran Chaco Argentino -por ejemplo- tal situación se da a partir de 1895 -cuando ha fracasado ya la expansión ganadera y azucarera en ese espacio regional- a través de la explotación forestal, quebrachera, taninera; tanto en la subárea del Chaco santafesino, cercano a las vías fluviales, donde desde los albores del siglo XX, asienta su poderío "The Forestal Land, Timber, Railways and Co. Ltd.", dominando la extracción y comercialización de rollizos de quebracho con destino a Europa (Alemania) y los Estados Unidos; como en la subregión del oeste, el Chaco santiagueño, donde se extrae de sus bosques -penetrados por el ferrocarril y a través del obraje- leña, postes y durmientes para el mercado interno con la participación de inversores de la pampa húmeda, quienes aprovechan la ausencia en la zona de una burguesía preexistente para avanzar sobre las regiones marginales. El objeto es diversificar sus inversiones y minimizar el riesgo empresarial aumentando la renta marginal. La agricultura se convierte así, desde el nacimiento de la Argentina Moderna, en el común denominador de la economía.

En 1910, en medio de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo -cuando nuestro país muestra ya un marcado desequilibrio interregional-, la "cuestión social" urbana y rural es un tema que preocupa al Estado y a los sectores más altos de la producción. Ambos descubren entonces los efectos no deseados de la inmigración masiva y acusan al extranjero venido al país para radicarse y trabajar de las huelgas y manifestaciones que denuncian el malestar de los sectores populares. La ley de Defensa Social (que reconoce un antecedente en la ley de Residencia de 1902) intenta contenerla, contrarrestar los efectos de la reacción de obreros urbanos, peones y arrendatarios rurales, pero sin mucho éxito. De todos modos, la situación indica que existe otra cara de esa Argentina del "progreso indefinido", donde todo era una fiesta; una cara menos impactante pero tan real como aquélla: la del conflicto, la postergación y la dependencia.

La autocrítica emprendida por el sector dirigente que da cabida a las inquietudes "los liberales reformistas", a través de la reforma electoral (1902) y del proyecto de código de trabajo (1904), por ejemplo, da muestras de la seriedad del asunto. El fin de la expansión horizontal agrícola está próximo, la agricultura extensiva está jaqueada. La dirigencia argentina en su conjunto, sus representantes políticos, los productores, los comerciantes, deben emprender un largo y costoso aprendizaje; aquél que le permita sostener su crecimiento en medio de los desajustes coyunturales que presenta el modelo agroexportador implementado con decisión desde 1880.

CUADRO 2: Superficie cultivada (1888-1930)

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Año Hects. sembradas Cereales y lino (%) Forrajeras (%)

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1888 2.459.120 65,7 15,8

1895 4.892.004 75,2 14,3

1900 6.427.417 73,1 19,7

1910 18.290.419 65,0 29,5

1914 22.193.190 61,4 33,3

1920 22.131.106 56,3 38,2

1925 23.908.719 68,9 25,2

1930 27.195.855 73,5 21,0

Fuente: Comité Nacional de Geografía: Anuario geográfico argentino, Buenos Aires, 1941, p.203 -204. Ortiz, Ricardo M.: Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1964, t.2, p. 232.

De todos modos, desde comienzos del siglo XX y hasta 1914 el porcentual de productos agrícolas sobre el valor total de nuestras exportaciones ronda el 52 %. La Argentina se ubica entre los primeros proveedores cerealeros del mundo junto a Rusia, los Estados Unidos y Canadá, con quienes compite favorablemente por "las ventajas comparativas" que nuestro agro tiene en el mercado internacional. También en la ganadería la posición de la Argentina con respecto a sus similares de Australia y Nueva Zelanda es óptima y responde a las expectativas del "boom" agropecuario.

CUADRO 3: Posiciones relativas de la agricultura y la ganadería en las exportaciones argentinas (1880-1929) (%)

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Quinquenios Prod. agrícolas Prod. ganaderos Suma de ambos

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1880-84 6,69 89,13 95,82

1885-89 16,62 80,65 97,27

1890-94 28,80 66,40 95,20

1895-99 31,06 64,25 95,31

1900-04 46,61 48,71 95,32

1905-09 57,54 39,21 96,75

1910-14 50,78 45,11 95,89

1915-19 39,13 55.08 94,21

1920-24 58,63 36,83 95,46

1925-29 58,95 37,17 96,12

Fuente: Ortiz, Ricardo M.: Historia económica ... op. cit., t. 1, pp.312, 323 y 329

3.-COMIENZAN LOS DESENCUENTROS. DECEPCIONES Y RECLAMOS (1914-1930)

Como una expresión del balance del Centenario, se consolida la "Argentina de los partidos políticos modernos", aquellos que surgieran con los albores de la década de 1890. El acuerdo entre el Presidente Roque Sáenz Peña y el jefe de la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen, anticipa la sanción de la reforma electoral, que se concreta entre 1911 y 1912 así como la necesidad de una participación ampliada que habrá de incorporar a los sectores medios al tablero político, de la mano del policlasista partido radical, representativo -en parte- de la exigencia de control del proceso económico por parte de las provincias, que han entrado ya en una etapa de expansión de contornos modernos.

Es precisamente la participación ampliada la que implica coincidencias básicas intersectoriales. El frente opositor a la oligarquía de base agraria y mercantil no está descontento con la prosperidad de la Argentina agroexportadora, de la cual ha obtenido considerables beneficios y, en consecuencia, muestra un consenso favorable hacia el sistema socioeconómico. No se vislumbran cambios estructurales, sino reformas moderadas capaces de poner el acento en la redistribución del ingreso y del poder económico. Así lo explicita la Unión Cívica Radical, la expresión más alta de la protesta antioligárquica de los sectores que propician el cambio político sin profundas alteraciones económicas, que configura su ideología como expresión de sus bases sociales, pero también como reacción contra sus virtuales enemigos y competidores. De ahí su énfasis en favor de la democracia, del nacionalismo hermanado con la tradición y del impulso a un Estado participativo, que se exprese como árbitro en las cuestiones económicas y sociales.

En relación con la economía, es en 1914 cuando a las dificultades que le genera a la agricultura extensiva cerealera-forrajera el llegar al límite de la expansión horizontal, se les suma la eclosión de la Primera Guerra Mundial con los inconvenientes propios del conflicto; es decir, la dificultad para disponer de bodegas suficientes destinadas al embarque de granos, la ventajosa competencia

-en términos de distancia e infraestructura- que le hacen los Estados Unidos y Canadá en el mercado internacional granero, así como los cambios en el tipo de carne que se embarca (el enfriado vuelve a dar paso al congelado) y que se adecua a las exigencias coyunturales de los mercados consumidores. Como contrapartida, a diferencia de lo que ocurre con la exportación de productos agrícolas, en el caso de las carnes, la Argentina -por calidad y por distancia- coloca su producción en el exterior con más facilidad que Australia y Nueva Zelandia, sus tradicionales competidores.

La Guerra que deteriora el volumen y el valor de las importaciones con beneficios no buscados para nuestra balanza comercial, acentúa un insipiente proceso de industrialización por sustitución de importaciones, al tiempo que afecta también otras cuestiones de orden interno y obliga al Estado a adoptar medidas de emergencia, tales como una feria cambiaria y bancaria (agosto de 1914), la moratoria interna por 30 días, la suspensión de la ley de conversión, la prohibición de exportar oro y adecuarse a la moratoria internacional. La coyuntura motiva reajustes en el agro, tales como la rotación en la explotación entre ganadería y agricultura y el aumento en el precio de la tierra destinada a fines pecuarios. A causa de la dificultad para comercializar los cereales, se acentúa hasta 1921 el descenso del área sembrada con ellos, cuando y en relación con el auge del congelado, se incrementa la superficie alfalfada (Ver cuadro 2). Se inicia la desaceleración del crecimiento en la economía argentina, que se prolonga -en coincidencia con la etapa de la participación política ampliada- hasta la superación de los ribetes más agudos de la crisis estructural y orgánica de 1930.

La burguesía terrateniente, los grandes propietarios de la región pampeana, se muestran atentos a los cambios coyunturales, pero les resulta difícil aprender a pensar un país que tenga en cuenta su mercado interno. Sólo algunos intelectuales -como los que nuclea Alejandro Bunge en su Revista de Economía Argentina a partir de 1918- son quienes llaman la atención sobre la necesidad de incorporar ajustes al modelo mirando hacia el interior de nuestra economía. La preocupación de la dirigencia económica tradicional va en aumento cuando el radicalismo, que ocupa el Poder Ejecutivo Nacional a partir de 1916, despliega su "causa" política frente al "régimen" y se dispone a aplicar la "reparación" para enfatizar el papel del Estado. La integración política entre grupos terratenientes y sectores medios urbanos es el principal desafío que debe afrontar el radicalismo en el poder y, para salir airoso de él, su propuesta será mantener la estructura socioeconómica existente, promoviendo una más amplia participación política. El primer gabinete que acompaña a Hipólito Yrigoyen en su gestión gubernativa es -como expresa el historiador Peter Smith- toda una manifestación de ese propósito: cinco de sus ochos ministros son ganaderos bonaerenses, miembros de la Sociedad Rural, o vinculados al poderoso sector exportador. La lucha por el control partidario resulta, en consecuencia, inevitable y, en 1924, se traducirá en la escisión del partido. Alvearistas o antipersonalistas e yrigoyenistas o personalistas buscarán entonces caminos diversos para consolidar el propósito que los une e identifica: la consolidación de la democracia en el país.

Es como producto de esa tensión política en la conducción de la Unión Cívica Radical, que el accionar de Yrigoyen en favor de los sectores medios urbanos en el plano económico-financiero se traduce en un sostenido e importante aumento de la presión tributaria a las producciones típicas de las provincias del interior, en marcado contraste con los beneficios que obtiene un baluarte yrigoyenista como la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Esta discriminación financiera provoca decepciones, roces y protestas aun entre los gobernadores oficialistas. Es el caso de los caudillos radicales de Mendoza y San Juan, José Washington Lencinas y Federico Cantoni -respectivamente- que en defensa de sus principios federales e intereses económico-políticos regionales se enfrentan a la conducción yrigoyenista. Decepciones y reclamos entre algunos de los representantes del poder económico y el Estado, caracterizan a la Argentina de entonces.

En la región de la pampa húmeda, la traslación de la producción agrícola hacia la pecuaria por parte de los grandes productores, reactiva el malestar de los agricultores arrendatarios, quienes desde 1918 e impulsados por la Federación Agraria Argentina, vuelven a agitar el campo. La "cuestión social" es irreversible ya como fenómeno que afecta tanto a las ciudades como al campo y preocupa por igual a la dirigencia argentina del oficialismo y de la oposición, que toma recaudos.

Los reclamos chacareros son ahora más contundentes: "la tierra para quien la ocupa y la trabaja". Para lograr sus objetivos no dudan en asociarse -aunque sólo sea circunstancialmente- al movimiento anarquista (F.O.R.A.), como lo hacen en 1920 para presionar al Estado y obtener -con todas las imperfecciones que su aplicación habrá de dejar al descubierto- la ley de arrendamientos rurales (11.170) de 1921 -varias veces modificada- y que rige las pautas de contrato para superficies arrendadas que no excedan las 300 hectáreas. Una legislación que se constituye en el primer paso hacia las sucesivas pero pausadas conquistas obtenidas por la Federación chacarera.

Los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía argentina se suman a la coyuntura descripta, cuando el centro financiero mundial se traslada de Londres a Nueva York. La crisis ganadera de posguerra (1921-1924) se precipita cuando los contendientes europeos comienzan a volver a la normalidad. El problema ocupa el centro de la escena nacional por la significación que tiene para la Argentina agroexportadora y se intenta retomar el camino de preguerra con resultados oscilantes, introduciendo las menores reformas posibles al sistema vigente. La sobreinversión en el sector ganadero durante la etapa de la conflagración europea que hace crecer el número de cabezas vacunas de 25,8 millones en 1914 a 37 millones en 1918, con una concentración de más del 80% en la pampa húmeda, va unido a un aumento similar en la exportación de carnes que pasa de 370.000 toneladas al iniciarse la guerra a 680.000 toneladas al finalizar la misma. Entre 1914 y 1929 el ganado refinado (con especialización en el Shorthorn) ve crecer su valor de 37 a 55 pesos y el interés por invertir en el sector se refuerza, así como el alza en el precio de la tierra que este interés genera.

En 1921 se confirma el cambio de exigencias de los mercados compradores. El congelado vuelve a dar paso al enfriado. Los sectores vinculados al congelado no pueden colocar el stock ganadero acumulado y los precios caen precipitadamente. El refrigerado, y con él los sectores invernadores, recobran importancia y se aprestan a recuperar el espacio perdido. La Sociedad Rural Argentina está conducida entonces por el criador Pedro Pagés, quien en nombre de los intereses que representa reclama protección al Estado nacional. Durante la gestión presidencial conducida por Hipólito Yrigoyen no se adoptan resoluciones sobre el asunto, a pesar de su vinculación con los sectores ganaderos que no están ausentes del poder. Su compromiso con los sectores medios urbanos le impiden adoptar un pronunciamiento explícito sobre la cuestión. No ocurre lo mismo durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, hombre vinculado a los altos intereses agropecuarios de la pampa húmeda. Es él quien toma una acción decisiva frente al problema y responde a las demandas de la Sociedad Rural Argentina, comprometiendo la intervención estatal.

En 1923 cuatro leyes intentan dar respuesta a la crisis ganadera. Por la primera se dispone la construcción de un frigorífico en Buenos Aires, dirigido por el Estado; por la segunda se legisla la inspección y supervisión del comercio de carnes con participación gubernativa; una tercera ley dispone la venta de hacienda sobre la base del kilo vivo; y, por último, una cuarta ley -la fundamental para superar la crisis- establece un precio mínimo para la venta de ganado con destino a exportación y un precio máximo para la venta local de carne. La oposición de los frigoríficos no se hace esperar. Se niegan a comprar carne a un precio mínimo pre-establecido, en un mercado saturado de animales que no encuentran colocación conveniente, siendo el frigorífico o el mercado interno las únicas opciones de venta. La ley debe ser suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional, quien no sólo se ve imposibilitado de dar solución conveniente a la crisis, sino que además, corre con los costos políticos que le origina la revisión de la medida legal.

La influencia del trust frigorífico entre 1924 y 1930 es indiscutible y genera contradicciones en la economía agropecuaria argentina, cuando se produce -como se dijo- la escisión en el partido gobernante. Desde la Sociedad Rural Argentina -ahora presidida por el invernador Luis Duhau- se levanta hacia 1927 el lema de "comprar a quien nos compra", en directa alusión a su rechazo hacia los nexos comerciales con Estados Unidos, cuyos frigoríficos lideran el mercado de las carnes enfriadas en el país. Los ganaderos argentinos refuerzan así su estrecha e histórica conexión con el mercado y los inversores ingleses y el 8 de noviembre de 1929 -cuando Hipólito Yrigoyen desempeña su segundo mandato presidencial en la República- se firma el Pacto anglo-argentino D'Abernon, por el cual se conviene el acuerdo de un crédito recíproco de 100 millones de pesos para facilitar el intercambio entre ambos países y con vigencia durante dos años. El objetivo es adquirir materiales producidos o fabricados en el Reino Unido y vender cereales u otros productos primarios argentinos. La crisis frustrará su ejecución y la alianza recién se formalizará, sobre otras bases, en 1933 cuando se firme el Tratado Roca-Runciman. En 1930, las exportaciones argentinas con destino a Inglaterra representan el 40,5 % del valor total, mientras las destinadas a los Estado Unidos caen de un 23,4 % en 1915 a un 10,7 % en 1930.

Mientras estas difíciles alternativas acosan a la ganadería de posguerra, la agricultura recupera el espacio perdido. Desde el Estado se renueva -con escaso éxito- la presentación de proyectos de colonización agrícola, mientras se alientan desde diversos sectores del poder agrario los incentivos a la producción agrícola y mixta a través de la granja, la huerta y la educación agraria con el propósito de radicar a la familia rural, sin modificar el sistema de tenencia de la tierra vigente, basado en el arrendamiento. Se define la zona cerealera definitivamente, cuando la expansión se interna hacia el este y sur de Córdoba y penetra en La Pampa, y el retroceso del área alfalfada -a partir de 1921- permite la expansión de la cerealicultura, el aumento en el valor de las tierras dedicadas a ese fin y el lento avance de los cultivos industriales como el girasol en Buenos Aires y el algodón en la región chaqueña.

La ley de arrendamientos de 1921, el aumento de los préstamos hipotecarios a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional en 1919, la consolidación del crédito agrícola, la sanción de la ley de cooperativas (11.380) de 1926, la fijación de tipos de cereal standard para que la calidad del producto se refleje en el precio, la conformación de una red nacional de elevadores de granos en los umbrales de los años '30, acompañan este avance signado -no obstante- por una intensa competencia en el mercado cerealero internacional. A partir de 1926 las cotizaciones mundiales del trigo y desde 1928 las del maíz decaen. Los precios de los productos agrícolas de exportación descienden en un 64 % entre 1928 y 1932, dando muestras de un deterioro del valor de los mismos aun antes del estallido de la crisis mundial de 1929. Mientras tanto, el Estado sólo se opone políticamente al "régimen", se preocupa por desactivar la "cuestión agraria" sin alterar el sistema de tenencia de la tierra y arbitra una legislación de emergencia, que acercan a la Argentina a la etapa que Guido Di Tella y Manuel Zymelmann llaman "la gran demora".

La apenas insinuante industrialización por sustitución de importaciones que promueve la Primera Guerra Mundial en nuestro país no alcanza a modificar nuestro perfil agroindustrial. La industria harinera, por ejemplo, que sufriera un alto proceso de concentración y aumento de la capacidad máxima de producción entre 1895 y 1914, en la década de 1920 y alentada por el histórico diseño ferroviario convergente hacia la ciudad-puerto de Buenos Aires, se centraliza en torno a la Capital Federal. Los pequeños molinos del interior desaparecen, mientras se inicia la sustitución de cultivos, se incrementa la capacidad de molienda en el litoral (95 % del total) promovida por la exportación y los 408 establecimientos harineros que registra el Censo Nacional de 1914 se reducen a 233 según las cifras del Censo Industrial de 1935.

También la industria vinícola, en medio de la regulación productiva y la intervención estatal, se concentra regional y empresarialmente. Las 4.317 bodegas (muchas de ellas tan solo depósitos de vinos) censadas en 1914, se reducen a 1693 (cinco o seis de ellas grandes sociedades anónimas: Giol S.A., Arizu Hnos. S.A., Tomba Hnos. S.A., Gargantini S.A., etc.) a mediados de la década de 1930. En tanto, la industria azucarera, base de la economía monoprodutora del Noroeste, oscila entre periódicas crisis cíclicas de superproducción e importación del producto. En 1921, ocho ingenios cuentan ya con refinería y no deben depender exclusivamente de la poderosa Refinería Argentina del Rosario, liderada por Ernesto Tornquist. Los cañeros producen el 43 % de la materia prima y dan muestras de su poder de negociación, cuando en 1926 a raíz de una cosecha récord y la consecuente reimplantación de la legislación reguladora de la producción que vuelve a colocar sobre el tapete al conflicto fabril-cañero, reclamen la intervención del Poder Ejecutivo Nacional.

En marzo de 1927 los cañeros desconocen los contratos firmados donde se contemplaba la calidad sacarina para fijar el precio de la caña y exigen la vuelta al precio fijo por peso de caña. La intervención del Estado nacional en la economía azucarera -tal como lo hiciera ante la crisis ganadera de los años '20- no se hace esperar. El llamado "Laudo Alvear", que alcanza expresión definitiva en 1928, da muestras de equidad tanto para permitir la liquidación de la caña correspondiente a la zafra de 1927, como en la necesidad de fijar nuevas bases contractuales que regulen la relación comercial entre compradores y vendedores de caña de azúcar, cuando se deja sentir el avance jujeño en este sector productivo. Por su parte, los gobernadores del Noroeste se reunen en 1926-27 en dos conferencias para tratar propuestas de concertación y presentar el problema azucarero, no como el que corresponde a un sector de la industria nacional, sino como "una cuestión regional" de alcance y responsabilidad nacional. El perfil de un Estado intervencionista avanza y se consolida. Hacia 1930 el nuevo régimen de ventas establecido por el "cartell" azucarero, procura y consigue coordinar intereses y, mientras cada firma conserva su personería jurídica, se obliga a: limitar la producción, establecer cuotas de venta y fijar precios para su comercialización.

Por su parte, en un marco sociopolítico más complejo y heterogéneo, en el cual toman posición destacada los representantes del nacionalismo de élite (Manuel Carlés, Leopoldo Lugones, Ernesto Palacio, Julio y Rodolfo Irazusta, entre otros) y se consolida la participación política del Ejército, los protagonistas de la expansión agraria argentina: Estado, chacareros y terratenientes, readecuan sus roles, para ajustarse a las nuevas condiciones de la Argentina agroexportadora. Lo hacen sin renunciar a sus bases tradicionales pero con matices nuevos, entre los cuales se destaca la inserción de los ingenieros agrónomos y economistas en el proceso productivo. La función del agrónomo se redefine, para destacar no sólo su significación económica, sino su misión social en el campo argentino, que se enlaza a la necesidad de arraigar al hombre rural y a su familia a la tierra que trabajan. El propósito es convencerlo -como dirá con una visión georgista Mariano de Ezcurra, presidente de la Sociedad Rural Argentina- que "el campo es bueno, sano y provechoso". Esta es la misión que se le asigna a este "grupo superior de hombres de ciencia" como los llama el Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esta "élite en el sentido agrícola" tiene desde fines de los años '10 una función muy importante que cumplir, mostrar "al agricultor lo que más le conviene". La cúpula del poder económico se pone en guardia. El Estado refuerza su papel de árbitro y los productores arrendatarios y chacareros se ajustan a los cambios cuando la Argentina se acerca a la etapa final del "crecimiento hacia afuera".

La producción agrícola sigue representando en 1930 un 58,6 % del valor total de nuestras exportaciones. De todos modos, en la Tercera Conferencia Económica de 1928 auspiciada por la C.AC.I.P. (Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, creada en 1916) -una entidad fundada en tiempos de la primera conflagración mundial para nuclear a las diversas corporaciones productivas del país- se expresa que "la ganadería y la agricultura, con ser la más sólida base de nuestra riqueza, no pueden constituir un programa económico integral". Un juicio de valor capaz de simbolizar toda una síntesis de la Argentina agroindustrial que habrá de prosperar durante los años '30 y que relativiza la expansión de los años '20, que en el ámbito mundial tiene como trasfondo: el desorden monetario unido a la crisis del patrón oro, la hiperinflación en Europa central, el repliegue de los países industriales, la rivalidad libra/dólar y la repatriación de capitales a los Estados Unidos .

4.- ACERCA DE EXIGENCIAS Y SUBSIDIOS. EL ESTADO INTERVENCIONISTA (1930-1945)

El "crack" internacional de 1929 que induce cambios en las condiciones de desarrollo agrava el convulsionado panorama político, social y económico interno y sus secuelas se manifiestan con todo rigor en nuestro país hacia 1932. La crisis se exporta desde Wall Street a los países del área capitalista desarrollada y periférica. Termina por imponer "la diplomacia del dólar", consolida los nacionalismos económicos, realínea el mercado mundial y acentúa la caída de los precios de los productos primarios. El Estado liberal entra en crisis y se activa la polarización social y el derrumbe del mercado del capital internacional.

La crisis nacional, orgánica y estructural argentina -que se preanuncia en el "Manifiesto de los 44" dirigido a Hipólito Yrigoyen el 25 de abril de 1930- muestra sus múltiples y complejas causas y sus efectos impregnan todos los planos del quehacer nacional, incluyendo el político-institucional. Tal como lo plantearan en la década de 1960 los teóricos Gabriel Almond y Lucien Pye, la Argentina padece los resultados de una "crisis nacional"; es decir y conforme a esta teoría, nuestro país sufre una crisis de identidad, aquella que lleva a un cuestionamiento por parte de la sociedad hacia la dirigencia, por su incapacidad para dar respuestas a los desajustes del modelo. Padece al mismo tiempo una crisis de dependencia relacionada con el "crecimiento hacia afuera" que comienza a mostrar sus efectos negativos y genera respuestas de adaptación a las exigencias externas cada vez más firmes de parte del sector dirigente del país.

A ellas se suma una crisis de distribución relacionada con la agudización de los problemas sociales, que reconoce dos niveles: el que se da entre los sectores dirigentes y los sectores bajos de la sociedad y aquel que se manifiesta al interior de la propia dirigencia, que complejizan aún más la crisis. Por último, las crisis de participación y de legitimidad, que completan la multicausalidad del fenómeno, son indicativas de la ineficacia del sector dirigente para resolver dentro del sistema los problemas nacionales y expresión de respuestas cada vez más autoritarias, que implican incluso el uso del fraude. Como expone Waldo Ansaldi, "el drama reside tanto en la incapacidad de la clase dominante (burguesía terrateniente) para ser dirigente, cuanto en las subalternas para construir un sistema hegemónico alternativo".

Esta "crisis orgánica" que -como demuestra el mismo Ansaldi- no alcanza a transformarse en "crisis revolucionaria", y muestra los perfiles de un proceso económico atípico (W.W.Rostow), sî, en cambio, deja al descubierto la presencia de un sector dirigente que mantiene pendiente viejos problemas y no alcanza a presentar respuestas acertadas ante los nuevos problemas emergentes de esta crisis multifacética, que pone al descubierto el agotamiento histórico de una etapa del desarrollo argentino. La reorganización jurídico-institucional que coloca al Ejército en la cúpula del poder político y reordena las relaciones sociales, la reinserción del país en el mercado mundial que alienta el bilateralismo en favor de Inglaterra, las "oportunidades alternativas" que se presentan ya antes de los años '30 -como la industria- con grupos económicos más diversificados y estrategias empresariales más cercanas al capital comercial o financiero que al productivo, indican los cambios en las reglas de juego que conllevan a la pérdida de la credibilidad o del "estado de confianza" -al que hace referencia John Keynes- y obligan a replantear la discusión en las relaciones entre la sociedad y el Estado. La dirigencia, por su parte, ante los desajustes del modelo, se preocupa -como expone Alain Touraine- "más por su equilibrio que por su transformación".

La crisis de 1930 -por sus orígenes y por sus implicancias- genera profundos cambios económicos, pero también sustanciales mutaciones políticas, apreciables alteraciones en la escala de valores vigente (orden, propiedad, ahorro) y en las mentalidades colectivas que avanzan entre la vanguardia y la tradición, generando condiciones favorables para la formulación de políticas equidistantes en el mundo occidental.

Ante estas condiciones, el Estado argentino replantea su papel, emprende una búsqueda constante del equilibrio social y económico en una sociedad que se mantiene, desde 1880, en un proceso al que Horacio Pereyra llama de "integración vertical". Sus bases: la acumulación capitalista del sector primario, la fuerte expansión en servicios, la urbanización temprana y la traslación de la renta agraria hacia áreas urbanas dan pruebas de esta aseveración. De ahí que el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930 resulte una respuesta a la frustración de expectativas, más que a una situación de "miseria profunda" o de mantenimiento del "statu quo", dice Leopoldo Allub.

En la Argentina la crisis golpea con particular dureza al sector agrario. Es evidente un retraso en la tasa de crecimiento, pierden importancia -en término de valores- las exportaciones y se ve reducida la tasa de inversión. Las diferencias de esta crisis con la ocurrida en 1890 son notorias:

* En 1890 la cantidad de moneda se triplica, en los años '30 disminuye;

* En 1890 los precios agropecuarios ascienden, en los '30 descienden en un 48 % promedio;

* La "crisis del progreso" de los '90 aparece ligada a factores monetarios y fiscales sin afectar a las fuentes productivas. En 1930 culmina la expansión, se llega al "fin de un paradigma", el del crecimiento hacia afuera;

* Por último, puede afirmarse que en 1890 los deudores rurales -por el alza en los precios de los productos- alivian sus deudas en unas dos terceras partes; en los años '30 la carga de las deudas es agobiadora ante el descenso en los precios de los productos agrícolas.

En 1931, cuando es inocultable la depreciación de la moneda (un 40%) por la transferencia de capitales al exterior, se implanta el control de cambios, que actúa selectivamente como un freno a las importaciones y genera el traslado de ingresos desde el sector agrícola al sector industrial que, como el textil, usa preferentemente materia prima nacional. La agricultura y la ganadería disminuyen su participación en el ingreso nacional, que en 1926 era de un 27,5 % y en 1933 desciende al 25,8 %, en tanto la representación de la industria fabril se incrementa de un 17,2 % a un 18,6 % en igual período. El sector industrial es el líder en cuanto a tasa de crecimiento durante los años 1933-38. Contribuyen a esa expansión: la desvalorización de la moneda, el control de cambios, el repliegue del país sobre sí mismo como consecuencia de la crisis, y la política oficial. La recuperación de la depresión de los años '30 es financiada por la transferencia de ingresos de los sectores rurales a los urbanos.

En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los cereales. Por esta razón el 28 de noviembre se dicta un decreto que crea la Junta Reguladora de Granos, destinada a tonificar el mercado agrícola. El objetivo -como el de otras Juntas similares: del azúcar, del vino, de la yerba mate- es regular la comercialización de la producción, evitar ventas precipitadas ante la desvalorización de la moneda corriente, mantener el nivel interno de los precios en beneficio de los productores y fijar oficialmente las cotizaciones -tal como en otros países- para comprar a precios que resulten redituables para el productor y vender al exterior al precio vigente en el mercado internacional. El Estado subsidia una vez más -y ahora de manera institucional- al agro. Los productores se amparan en los alcances de esa política que los beneficia a pesar de la poco propicia situación internacional.

Como complemento de esta medida se promueve la construcción de elevadores de granos para alentar el embarque a granel y en 1932 se crea la Red General de Elevadores de Granos, que en 1935 se constituye en una Dirección Nacional de Estado. Al mismo tiempo, se dispone la tipificación de cereales sobre standards y se organiza el crédito para los agricultores. De todos modos, cuando en 1934-35 los precios graneros mejoran, el motivo obedece a la prolongada sequía que afecta al Canadá y a los Estados Unidos. En 1935 la Argentina ocupa el primer puesto entre los exportadores mundiales de trigo. Entre 1930-34 los productos agrícolas representan el 59,8 % del valor total de nuestras exportaciones. El agro pampeano recibe los beneficios de estas buenas cotizaciones hasta 1937. Desde 1938 una nueva caída en las cotizaciones reactiva el accionar de la Junta Reguladora de Granos

La crisis de los años '30 también obliga a revisar el débil sistema bancario argentino. En 1935 se lleva a cabo la reforma monetaria y bancaria. Se crean entonces el Banco Central de la República Argentina (ley 12.155) con un capital mixto de 30 millones de m$n (10 millones suscriptos por el gobierno) destinado a ajustar la oferta de moneda a la demanda, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157) para movilizar los activos fijos. La autoridad monetaria se propone entonces evitar fluctuaciones de la actividad económica interna debidas a modificaciones de orden externo.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 acelera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y suma sus efectos a las propuestas de los elementos nacionalistas que actúan en el Ejército y que llevan adelante el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que se proclaman favorables a la industrialización. El dislocamiento del comercio internacional, el asentamiento industrial (21% del PBI), la inflación de precios ante una política de sostén del poder de compra frente a un mercado recesivo en bienes disponibles, que se derivan de la conflagración, terminan por provocar un aumento del ahorro interno con una balanza comercial positiva ante la reducción de las importaciones.

Los productos agrícolas son los más afectados por la Gran Guerra ante la falta de bodegas y la mejor situación de nuestros competidores en el mercado internacional (Canadá y los Estados Unidos). Al iniciarse la conflagración, el total de la superficie sembrada en la Argentina alcanza los 28.360.700 hectáreas, dedicadas en más de un 73 % a cereales; en 1945 el área queda reducida a 26.186.000 hectáreas, con un descenso en la superficie cerealera -afectada por sucesivas sequías- en beneficio de las forrajeras, como un producto de la mejor situación de las carnes en el comercio de exportación argentino.

El Estado se apresta a sostener -una vez más- los precios de los granos, mientras los arrendatarios rurales denuncian a través de la Federación Agraria Argentina -ya desde 1936- violaciones a la Ley Contractual Agraria -reformada en 1932- por parte de los propietarios de tierras. En 1942, la ley 12.771 (que aunque de emergencia se mantuvo hasta 1967) reduce obligatoriamente el monto en dinero y/o en especie de los arrendamientos y suspende los desalojos, para evitar éxodos masivos de la población rural y preservar el aparato productivo agrícola frente a las contingencias que le genera la Segunda Guerra Mundial

El trigo requerido especialmente por los aliados, se transforma en el primer rubro de exportación; Brasil y España compran un alto porcentaje de este cereal. El deterioro en los precios agrícolas internos es detenido nuevamente por la intervención de la Junta Reguladora de Granos que reinicia las compras -especialmente de trigo- en noviembre de 1940. En el caso del maíz, el Estado auspicia su uso como combustible sustitutivo del carbón y como alimento de porcinos, para evitar la bancarrota de los productores. En tanto, la conflagración favorece la producción de semillas oleaginosas, se expande el cultivo del girasol y se alienta la difusión de la industria aceitera nacional. El fín de la guerra renueva las esperanzas del sector, que sólo se concretarán después de 1950, cuando se opere el proceso de tecnificación agraria que Adolfo Coscia denomina la "segunda revolución agrícola".

Entre 1930 y 1945 se preparan los cambios -de ritmo desparejo en toda la región pampeana- que son más importantes en la zona maicera:

* Una fuerte despoblación del medio rural;

* Una progresiva extinción del productor tradicional;

* Una gradual urbanización del productor agrario; y

* La ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola. Se pasa a unidades más grandes, con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad menor de explotaciones.

Por otra parte, nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios dan origen a corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales Sociedad Rural Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de Comercio Once de Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) se suman ahora la C.A.P. (1934, Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores nucleados en la C.A.R.B.A.P. (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus márgenes de influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural ante la diversificación productiva se corporativiza, conserva su importancia y procura así ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.

La ganadería, aunque sufre los efectos de la crisis de 1930, se recupera más rápidamente que la agricultura. Las carnes resultan un rubro significativo en el comercio exterior argentino. Su destino más importante -y casi exclusivo- es el Reino Unido, un comercio que es altamente dependiente de convenios bilaterales. Son los sectores ganaderos quienes nuevamente se dirigen al Estado. En esta ocasión solicitan la creación de un organismo que represente sus intereses ante los vaivenes externos. Se crea entonces la Junta Nacional de Carnes con oposición de los socialistas y apoyo decidido de la Concordancia y el Partido Demócrata Progresista. Este organismo autárquico que se propone ejercer el control del comercio de carnes, fijar normas de clasificación y tipificar el producto, revela un triunfo parcial de los ganaderos sobre los frigoríficos y reactiva los conflictos entre la Sociedad Rural Argentina y la CARBAP que exige una más amplia participación en la Junta. El conflicto ya no compromete sólo a criadores e invernadores, se traslada al sistema político.

Los intereses de la industria ganadera argentina históricamente ligados a los del sector exportador que opera con el mercado de Smithfield en Gran Bretaña, exponen su poder cuando, como consecuencia de las Conferencias de Ottawa de 1932, el Reino Unido fija restricciones a las cuotas de importación sobre productos cuyo origen no fuera el de los dominios británicos. Los ganaderos argentinos se sienten afectados. Tienen temor de perder el mercado inglés, receptor de un 90 % de nuestras exportaciones de carnes. La presión de los estancieros para modificar la política comercial exterior de la Argentina cobra cuerpo, mientras los ingleses propician -y obtienen en 1933- el descongelamiento de fondos fijado por el control de cambios desde 1931.

Tras seis meses de negociaciones, el Vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1º de mayo de 1933 el Tratado Roca-Runciman, impulsado por invernadores, frigoríficos y grandes criadores en medio de la oposición parlamentaria y nacionalista. El convenio garantizaba evitar restricciones en las importaciones de carne por debajo del 90 % correspondiente al año terminado el 30 de junio de 1932 -año de compras bajas para las carnes argentinas en beneficio de las de procedencia australiana y neozelandesa-; un 85 % de las importaciones quedaban en manos anglo-norteamericanas y un 15 % se reservaba a la C.A.P.. Ante la vigencia del control de cambios, Inglaterra obtiene un cambio favorable para las compras que de allí procedieran, cuando se fija una base doble de cambio: libre y oficial; se aseguran divisas disponibles al Reino Unido, equivalente al monto total del cambio en libras esterlinas que surgen de las ventas de productos argentinos allí. Se resuelve no gravar con impuestos el carbón y otros productos de procedencia británica, al tiempo que se asegura un "trato benévolo" por parte de la Argentina a las inversiones británicas.

Amparándose en estas cláusulas, en 1934 el gobierno compra sobrevaluado el Ferrocarril Central Británico de Córdoba, mientras se negocia con la Corporación de Transportes de Buenos Aires el otorgamiento del monopolio de los servicios urbanos, tranviarios y ferroviarios a las compañías británicas; mientras se programa un plan de nacionalización de las inversiones británicas deficitarias en la Argentina, que culminará luego de la Guerra con la compra de los ferrocarriles por parte del Estado. A mediados de 1935 los alcances del tratado respecto del comercio de carnes se discuten en el Congreso Nacional, la oposición más contundente en nombre de los criadores y pequeños y medianos ganaderos la encabeza el senador demócrata-progresista Lisandro de la Torre, quien enfrenta la defensa que hace del Tratado el Ministro de Agricultura y ganadero Luis Duhau, con los resultados por todos conocidos, que culminan con el asesinato del senador Enzo Bordabehere el 23 de julio de 1935.

Entre 1933 y 1938 aumentan las exportaciones de carnes congeladas y en conserva, pero debido a las compras que hacen Alemania e Italia a nuestro país, en tanto aumenta significativamente el consumo interno y mejoran en calidad los novillos, cuya cria se expande en toda la pampa húmeda. El estallido de la Guerra Mundial -como se expuso- beneficia la comercialización de carnes y los ganaderos argentinos se benefician con precios elevados pagados por el producto que venden. Cuando en la posguerra la coyuntura se modifique, la Junta Nacional de Carnes pasará a subsidiar momentáneamente a la actividad pecuaria. Una vez más, el estado sale a proteger el poder agrario.

Es hacia 1940 cuando en la dirigencia nacional comienza a cobrar cuerpo la necesidad de alentar "cambios estructurales", que comprendan el desarrollo del mercado interno; es cuando es manifiesta la desaceleración del crecimiento y la diversificación de las fuentes más dinámicas de esa expansión. El Ministro de Hacienda Federico Pinedo, presenta entonces ante el Congreso Nacional -para anticiparse a los temidos efectos de la conflagración- el Plan de Reactivación de la Economía Nacional, plan pro-aliado, considerado por Juan José Llach como el primer documento de Estado donde se intenta modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente. Es de carácter industrialista, procura conciliar industrialización y economía abierta, intenta fomentar el comercio con los Estados Unidos y crear un mercado de capitales. Propone alentar un programa de préstamos industriales, aumentar la construcción de viviendas, revisar las tarifas aduaneras y promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados; en síntesis, mantener abierta la economía "oficializando" la industrialización, pero dejando claramente establecido que el agro sigue siendo "la gran rueda de la economía" y que la industria actuaría a la manera de engranajes secundarios, cuyo funcionamiento sería activado cuando aquella tuviera dificultades.

La propuesta de Pinedo da cuenta de la creciente hegemonía de las posiciones industrialistas, de las dificultades por las que atraviesa el comercio internacional y de la necesidad de dinamizar la alicaída demanda interna. La acción estatal es vista como la única alternativa. El tránsito del intervencionismo al dirigismo estatal en la economía avanza. Pinedo propone movilizar los recursos financieros a través del Banco Central como ente de colocación en el mercado de bonos de ahorro y promoviendo la transferencia y movilización de los depósitos bancarios. La falta de apoyo político que lideran el General Agustín P. Justo y el radical Marcelo T. de Alvear hace naufragar el plan propuesto; "modernizante" pero tardío, con muchas cláusulas provisorias y sin contar con el respaldo de una amplia alianza socio-política.

De todos modos, a través de su lectura y el debate de sus propuestas, queda al descubierto el paulatino ascendiente del mercadointernismo entre los empresarios, militares, obreros e intelectuales. "El Plan Pinedo de 1940 y la economía política mercadointernista del peronismo originario -dirá Juan José Llach- fueron dos momentos culminantes del gran debate sobre el desarrollo económico nacional." Aunque a la Argentina le haya sido difícil lograr una estrategia de industrialización perdurable, entre 1940 y 1943 se dictan varias leyes de promoción industrial atendiendo a las exigencias del mercado interno; así en 1943 el gobierno crea el Banco de Crédito Industrial Argentino, liderado por el empresario de la industria alimenticia Miguel Miranda (durante parte de la gestión peronista Presidente del Banco Central) y al año siguiente se crea con jerarquía ministerial la Secretaría de Industria y Comercio.

Frente a los cambios, los sectores agrarios también se reorganizan y el 24 de febrero de 1943 se funda Confederaciones Rurales Argentinas (C.R.A.). Más allá de la frustración del Plan Pinedo, el país sigue esperando "la vuelta a la normalidad" y se apresta a ponderar en sus propuestas futuras el mercado interno. Un mercadointernismo que el peronismo y su planificación procurarán llevar a su máxima expresión.

Un balance de los hechos ocurridos durante el período 1930-1943, muestra la vigencia de una política de contraste que se enlaza a la vulnerabiliad propia de una economía abierta como la argentina. Por un lado el propósito, alentado desde el poder, es restaurar la hegemonía agroexportadora frente a un comercio mundial limitado. Por otro, se destaca la creciente importancia del sector industrial en medio de bajas tasas de inversión. En todo el período hay dos grandes sectores sociales ausentes, paradójicamente los más desarrollados merced a las nuevas condiciones económicas: la burguesía industrial -inconmovible frente al fracaso del Plan Pinedo y el predominio de los intereses del agro- y la clase obrera, que no se encuentra representada por ninguna de las fuerzas políticas actuantes en la Argentina de entonces.

5.- CONFRONTACIONES Y ACUERDOS. EL ESTADO DIRIGISTA, POPULAR Y OMNIPOTENTE (1945- 1955)

El triunfo de Juan Domingo Perón -líder programático de los golpistas de 1943- en las elecciones presidenciales de febrero de 1946, profundiza la propuesta de una economía volcada al mercado interno y puesta al servicio de amplios sectores populares, a quienes el propio Perón impulsara desde 1943 cuando estuviera al frente del Departamento Nacional de Trabajo, primero, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pocos meses después, y desde donde catapultara su candidatura a la Presidencia de la República.

Una política económica mercadointernista, conducida por un Estado nacionalista y popular, dirigista y planificador, capaz de concretar la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para ese mercado interno expandido, es la que se implementa entonces en la Argentina acreedora de la posguerra. La alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno populista de Juan Perón. El viraje supone un cambio en el sistema de intereses económicos dominantes y en la estructura de poder existente, para encarar las soluciones a las crisis de dependencia y distribución que en 1930 quedan al descubierto, en un país esencialmente agropecuario como el nuestro.

El Estado peronista, afirmándose en la doctrinaria y pendular "tercera posición", se orienta, en consecuencia, a consolidar la autonomía económica del país, como hilo conductor y motor de ese proceso que aspira a construir una Nación "socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana".

Para superar la crisis de dependencia, el Poder Ejecutivo Nacional nacionaliza, a partir de 1947, los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas eléctricas, flota fluvial, etc.), inicia la repatriación de la deuda externa -que concreta en 1952- y enuncia los principios de la ya mencionada "tercera posición". Para remontar la crisis de distribución, acredita a su favor los beneficios de la reforma financiera de 1946 que estatiza la banca, considerando patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina, y nacionaliza los depósitos para dar al Estado libertad de acción en materia de política monetaria y crediticia. Lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a través del Consejo Nacional de Posguerra, primer organismo argentino de planificación, y eleva al rango de entidad autárquica al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (I.A.P.I.) que -creado en 1944- dos años después monopoliza el comercio exterior argentino y se convierte en eje del proceso de redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional.

Estos instrumentos financieros, económicos y políticos son los que permiten llevar adelante los objetivos del Primer Plan Quinquenal que entra en vigencia en 1947. En él resulta claro que los sectores agrarios productores y comercializadores soportan el mayor peso del cambio que se opera desde entonces en la economía argentina.

Se inicia a partir de ese momento y hasta 1949, una etapa de expansión económica en la cual -y a pesar de las advertencias del discurso oficial- el sector rural juega un papel estratégico de gran significación. Discusiones, confrontaciones y acuerdos signan el diálogo entre el Estado -empeñado en tomar distancia de los rasgos más tradicionales de la Argentina agroexportadora sin prescindir de ella- y los diversificados actores sociales agrarios, dispuestos a responsabilizar al gobierno de los desfasajes por los que pasa el sector rural y sin renunciar a los beneficios que directa o indirectamente el cambio de política económica les puede brindar. Es por estas razones que la política agraria desplegada desde el Estado peronista, tanto antes como después de 1950, se nutre de controversias y acuerdos que -en cualquier caso- refuerzan el papel primordial jugado por este sector de la producción en la economía del país.

En noviembre de 1943, el decreto 14001 se hace eco de los reclamos de los arrendatarios y concede una rebaja obligatoria del 20 % en el precio vigente para los arriendos, con el propósito de amortiguar los efectos de la difícil situación financiera por la que éstos atraviesan, al tiempo que mantiene en vigencia la prórroga de contratos y la suspensión de los juicios de desalojo que fijaba la ley 12771 de 1942. La Federación Agraria Argentina se entusiasma con estas medidas, a las que considera un paso previo a la resolución del histórico problema de la tenencia de "la tierra para quien la ocupa y la trabaja", que -recogiendo el slogan agrarista de 1918- desde 1944 es impulsada por el Consejo Agrario Nacional (creado en 1940) mediante algunas expropiaciones en áreas espaciales de regular productividad, que intentan dar contenido a los enunciados del capítulo XI del Manual del peronista que -recogiendo palabras de Juan Perón- proclama que "el que tenga la tierra ha de laborarla; y el que no pueda pagar peones, debe trabajarla personalmente. Por otra parte, si no es capaz de trabajarla, que la venda".

La estrategia desde allí implementada, si bien hace pensar en las preliminares de una anunciada "reforma agraria", en realidad impulsa -sin desearlo- un proceso de desinversión en el agro, cada vez que las prórrogas sucesivas de los contratos de arrendamiento sólo provocan la no rotación productiva con la consiguiente pérdida de fertilidad del suelo y menores rindes, así como un escaso compromiso de parte de arrendatarios y propietarios para reinvertir parte de su renta en el campo, del cual no pueden disponer libremente. El propósito del oficialismo es mantener el equilibrio intersectorial entre propietarios, arrendatarios y exportadores, para evitar un desgaste del poder político y la puesta en tensión de todo el sistema. Sin incentivos económicos, el área sembrada va a retroceder, pasando de 27.598.400 hectáreas en el año agrícola 1946-47 a 23.577.400 hectáreas en 1950; en tanto entre 1946 y 1949 el volumen de la producción agrícola declina en más de un 10 %.

Por otra parte, la proliferación de sociedades anónimas agrarias, inmobiliarias, constituidas desde la segunda mitad del decenio de 1940, con la participación de familiares de los propietarios originales -que la Federación Agraria Argentina denuncia como una "simulación del fraccionamiento de los latifundios" y cuya constitución registra la documentación bancaria hipotecaria- indican que se ha iniciado la aceleración del proceso de fraccionamiento de grandes propiedades rurales en explotaciones medianas, a través de esa argucia que, por un lado las exime del pago del impuesto a la herencia y, por otro, les permite conservar la propiedad a través de acciones innominadas. Se anticipan así a los efectos de una posible "reforma agraria", que el mismo Perón parece dispuesto a llevar a cabo en los albores de su ascenso al poder. Así lo deja entrever en el discurso que pronuncia en San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 1944, al proclamar que "el problema argentino está en la tierra", y que si ésta permanece improductiva sobrevendrá la expropiación en favor de quienes sean capaces de explotarla.

Las expectativas de los actores sociales rurales, arrendatarios y propietarios, frente al accionar del gobierno peronista se acrecientan. Ambos esperan definiciones. En tanto el Estado, que comprende las posibilidades de la nueva coyuntura e intenta satisfacer las necesidades de un electorado rural importante en número (31 % del total de votantes), se esfuerza por orientar y dirigir ese proceso para mantener el control del mismo, en momentos en que se perfilan exigencias desde dentro y desde fuera de la estructura agraria.

El Estatuto del Peón Rural de 1944, dado para reglamentar las condiciones laborales de los asalariados agrarios permanentes, el Estatuto del Tambero-Mediero de 1946, la atención prestada al Centro de Oficios Varios que sindicaliza a los peones estacionales o transitorios, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el Consejo Agrario Nacional, a través de los planteos de Antonio Molinari y Mauricio Birabent, que incluye -en 1945- la entrega de títulos provisorios de propiedad, algunas expropiaciones y un gran despliegue propagandístico, son decisiones que aunque adoptadas -en muchos casos- antes de 1946, el peronismo hace suyas; pero que no se profundizan en toda su extensión después del ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno de la República. Entonces, el flamante Presidente de los argentinos expone ante el Congreso Nacional que la política agraria podía resumirse en una advertencia; aquella que en esta ocasión se empeña en recordar que: "la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo".

Si el discurso suena amenazante, los hechos muestran confrontaciones pero también acuerdos. La titularidad de la cartera de Agricultura durante los inicios de la gestión peronista, entre 1946 y 1947, queda en manos del hacendado Juan Carlos Picazo Elordy, con intereses agropecuarios en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, miembro del Directorio de la firma "Carlos A. Fossatti y Cía S.A., Comisiones y Mandatos" y hombre de la tradicional Sociedad Rural Argentina que representa desde 1866 los intereses de los grandes estancieros y terratenientes, especialmente asentados en la rica pampa húmeda. También su sucesor, el ingeniero agrónomo Carlos Alberto Emery, pertenece a la Asociación Criadores de Ganado Holando Argentino y se había desempeñado como técnico en la usina de productos lácteos "La Vascongada" durante la década de 1930. Además, las reformas sociales que se dirigen a beneficiar a los sectores más bajos del campo son presentadas por el Ejecutivo Nacional como indispensables para la evolución de la empresa agraria, que debe amortiguar potenciales conflictos. La oscilación entre disensos y acuerdos permite -por ejemplo- al mismo Poder Ejecutivo de la Nación disponer el recorte de las atribuciones del Consejo Agrario Nacional cuando quienes lo conducen alientan una reforma agraria radical. Se inicia entonces la etapa de controlar los cambios; alejándose del organismo sus figuras principales: Antonio Molinari y Mauricio Birabent, auténticos promotores de "la revolución agraria".

La planificación económica sustentada por el peronismo motiva la necesidad de sostener una producción agropecuaria creciente y minimizar el conflicto social para hacer posible -sobre bases genuinas- la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria. Para lograr sus fines Perón cuenta con dos instrumentos de financiación de notable eficiencia: el I.A.P.I. y la reforma bancaria de 1946. El primero comercializa la producción agraria, comprando a precios mínimos al productor y vendiendo en un mercado mundial que por entonces paga precios altos por los cereales. La diferencia así generada constituye el capital para implantar una política crediticia que, a partir de esa reforma, s