ALBA.Una opción de lucha contra las drogas

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Constituye una evaluación de alternativas a emplear en poder de los estados para prevenir las actividades ilicitas de las drogas

Agregado: 05 de MAYO de 2008 (Por Berto Andrés Martin Téllez) | Palabras: 6217 | Votar |

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Autor: Berto Andrés Martin Téllez (bamt1969@yahoo.es)

Tema :ALBA. Una opción para la lucha contra las Drogas Ilícitas en América Latina

Autor : Lic. Berto Andrés Martín Téllez

Introducción.
Mediante el presente trabajo deseamos dar a conocer nuestros planteamientos teóricos y algunos elementos integrantes de los resultados que se corresponden con un momento de la investigación científica permanente que el autor ha venido desarrollando desde el 2003. La investigación va dirigida a estudiar como se establece la Prevención de las Drogas Ilícitas en los países latinoamericanos, realizando propuestas en tal sentido. Constituye la continuación, integra el "continuum" en la intención ciertamente utópica de ver cristalizarse el logro de una verdadera prevención de comportamientos antisociales.
En el contenido de este trabajo incluimos los resultados del estudio de la doctrina relacionada con la Prevención, algunas de las experiencias que al respecto se ha alcanzado en lo fundamental en América Latina, todo ello relacionado con la prevención de las Drogas.
Con esta investigación estamos dando pasos para derribar las barreras disciplinarias, articulando los saberes de distintas disciplinas con los sabiduría de los ciudadanos que, en la práctica cotidiana, en la comunidad, deben resolver los más importantes problemas de un Desarrollo Humano y Sostenible.

El objetivo de esta investigación es el de conocer como se establece la Prevención las drogas ilícitas en los países latinoamericanos, realizando propuesta sobre como llevarla a cabo.

 La prevención de las Drogas. Posición de los Estados Unidos.
El hombre por miles de años ha utilizado sustancias naturales con múltiples fines, entre ellos: mágico - religioso, curativo - médico, placentero-lúdico.

Su empleo desde estas épocas han sido motivos de conflictos militares, de los que podemos citar el que se produjo entre el imperio chino y el colonialismo británico, desencadenando en las conocidas "guerras del opio", a mediados del siglo XIX y más recientemente en nuestro continente la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989.

Las guerras desatadas en el siglo XIX, conocidas como " guerras del opio" marcan, a consideración de muchos autores, el surgimiento de una nueva etapa de la historia de las drogas, al convertirse estas en mercaderías, lo que trajo como consecuencia que a las sustancias naturales se fueran agregando una serie de sustancias obtenidas por síntesis química.

Hoy se habla mucho acerca de la globalización o, en el caso del Hemisferio Occidental, podría decirse "hemisferización". Vivimos en un mundo, en una comunidad mundial, donde el comercio de las drogas afecta todos los aspectos de la vida y es, a su vez, afectado por las tendencias mundiales hacia la eliminación de reglamentaciones, las fronteras abiertas y el mayor movimiento de gente, dinero, bienes y servicios.

El reverso de éste concepto de la comunidad mundial es que el mundo es también un depósito mundial del crimen. Esta globalización facilita la capacidad de las organizaciones de tráfico de drogas para operar en un ambiente relativamente libre de reglamentaciones y retener una enorme riqueza.

Vivimos en un mundo de cambios rápidos, donde, al contrario de lo que se cree comúnmente, la demanda de drogas aumenta en las naciones en vías de desarrollo y la producción aumenta en las naciones desarrolladas.

Si analizamos la situación que se presenta, de forma general, vemos una creciente dependencia simbiótica internacional de las drogas, donde algunas naciones se vuelven más dependientes de las ganancias que dejan las drogas y donde la población se vuelve más dependiente de las drogas, o más susceptible a consumirlas. Por ejemplo, vivir en un mundo donde las fuerzas del mercado abaratan las drogas y las hacen más disponibles a grandes cantidades de jóvenes en peligro de consumirlas.

Nuestras vidas están caracterizadas por los rápidos cambios tecnológicos, con una importante migración del campo a la ciudad e inseguridad individual, con el deterioro de los valores tradicionales y el colapso de las sociedades tradicionales, condiciones que crean susceptibilidad al consumo de drogas.

Observamos la descentralización del comercio de drogas, en el cual se involucra más personas, lo cual empuja los precios hacia abajo y la disponibilidad hacia arriba.

Ante el apreciable incremento de tráfico y consumo de las drogas y de todas las actividades delictivas que en torno a ellas se generan, se observa una tendencia hacia la militarización y transnacionalización de los esfuerzos que en materia de lucha contra este flagelo se lleva a cabo en nuestro continente, encabezada por el gran Imperio: Los Estados Unidos de América.

Esta tendencia, busca legitimizar el empleo de la fuerza amparada bajo el manto de " Guerra contra las Drogas", lo que facilita la intervención de las fuerzas armadas en las políticas internas, así como el restablecimiento de alianzas militares, para lo cual se emplea el pretexto de " Seguridad Continental", ante la amenaza del narcotráfico, abriendo las puertas a la presencia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en diferentes puntos o áreas estratégicas, de acuerdo a sus intereses, económicos y políticos, fundamentalmente.

No se tiene en cuenta, sin embargo, que la "guerra" produce, además, una serie de daños colaterales que afectan los intentos frágiles (en algunos países, en verdad inexistentes) de democratización y desmilitarización en el continente: operaciones militares acompañadas de violaciones a los derechos humanos, legislaciones represivas que atentan contra los derechos civiles, perpetuación de la cultura de impunidad, creación de nuevos cuerpos de seguridad y estructuras de inteligencia con escaso control democrático, entre otros.

El proceso de transnacionalización de la lucha antidroga, al establecer estructuras de cooperación fuera del control o conocimiento de las instituciones democráticas nacionales, pone en peligro la soberanía y el funcionamiento de los países. Cualquier tratado o convenio, formal o informal, de cooperación internacional militar, policial o judicial, a nivel operativo o de inteligencia, debe sujetarse previamente a una discusión y decisión parlamentaria abierta.

Las agencias antidrogas estadounidenses, el Congreso y el gobierno de Estados Unidos podemos considerar que son los principales impulsores del proceso de transmilitarización en los países latinoamericanos, empleando métodos que incluyen la presión y el chantaje, dirigido a involucrar en su guerra a países "amigos" pero indóciles.

Se pueden apreciar las consecuencias de éstas presiones, generando a menudo fuertes tensiones diplomáticas y a veces conflictos abiertos, de lo cual existen dudas fundadas sobre cuales serían los "verdaderos" intereses y motivos estadounidenses detrás de esa política, especialmente la incidencia en la toma de decisiones de intereses electorales en los países latinoamericanos y del área del Caribe; la autodefensa de la burocracia gigantesca en el área de la lucha antidrogas; los intereses económicos vinculados al establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); y la legitimación de una política que pretende, además de estimular la venta de armamento en el continente, consolidar y aumentar la presencia militar en América Latina, manteniendo las actuales bases militares y forzando nuevos enclaves permanentes.

Somos de el criterio que el papel de juez unilateral que el gobierno de Estados Unidos está pretendiendo jugar en el terreno de la lucha antidrogas, limita la búsqueda común de la mejor solución para un problema cuyo responsabilidad es compartida. En general, el comportamiento de los gobiernos e instituciones en el campo de la lucha antidrogas no debería ser un criterio de condicionamiento de la ayuda económica externa de Estados Unidos, porque tal ayuda se convierte, una vez más, en un instrumento de presión y de injerencia en asuntos internos.

Sin dudas alguna la presencia cada vez mayor de fuerzas militares en la lucha contra las drogas trae consigo grandes riesgos para lograr un desarrollo sostenible, libre de todos los rezagos de las dictaduras sangrientas que imperaron en nuestro continente.

El plan Colombia, constituye un ejemplo de esta política norteamericana, se trata de una estrategia militar estadounidense-colombiana de lucha contra las guerrillas, sin embargo por su política de ingerencia extraterritorial, viola la soberanía de los Estados y golpea directamente a los pueblos de la región, incrementa los niveles de criminalidad en esos territorios, de lo que no escapa el narcotráfico, muchas veces practicado por fuerzas paramilitares y militares que intervienen en él.

Es entonces a partir de estos elementos que planteamos que para alcanzar los propósitos que se propone prevenir todas las actividades derivadas de las drogas ilícitas y teniendo en cuenta la historia de nuestros pueblos, debe desarrollarse como política una estrategia en la que no se involucre a las fuerzas armadas en los temas internos y en la que quede claramente definido el acatamiento de su papel a la defensa de la soberanía.

Ello trae consigo sustituir los conceptos de "Guerra" y de " amenaza a la seguridad nacional y Regional", con los cuales se ha tratado de mantener una constante ingerencia en los asuntos internos de los países involucrados en estos fines, por el de Prevención de las actividades vinculadas con las drogas ilícitas. Es decir, definir un Sistema de Prevención para las actividades vinculadas a las drogas ilícitas, emanado de una Estrategia multinacional, en la que se ponga de manifiesto un sistema de medidas coherente orientado, no sólo, al tráfico, fabricación, cosecha, etcétera, sino a desarrollar un conjunto de acciones políticas, económicas, sociales encaminadas a revertir las causas y/o condiciones que han incidido en el incremento que en los últimos años han tenido las figuras delictivas relacionadas con las drogas ilícitas.

Con este concepto, no descartamos la participación de fuerzas militares o policíacas, en la búsqueda de información y el desarrollo de operaciones especiales de, búsqueda, captura y confiscación de los líderes de estas actividades y los medios que para sus fechorías emplean, no descartamos el cumplimiento de acciones con medios de combate, con fines preventivos y en defensa de la soberanía de cada una de la naciones implicadas, considerando el enorme poder que estos grupos mafiosos han alcanzado, en el que se incluyen armamentos y medios de comunicaciones modernos y de gran alcance y no contra la población y víctimas de las actividades de estas organizaciones para delinquir, sobre las que perfectamente se pueden aplicar otras variantes mucho más justas, dentro de las áreas de la salud pública y de la justicia.

 Estudio de las Legislaciones relacionados con las drogas en los códigos penales de Iberoamerica y otros países.

Al estudiar el tema se distingue entre las distintas y numerosas legislaciones revisadas, que no obstante al uso del lenguaje común, las costumbres de sus pueblos y el orden social económico, establecen las diferencias legislativas, no sólo en sus términos de redacción sino también en los tipos penales y el alcance de sus penas.

El análisis realizado a las legislaciones penales de varios países latinoamericanos, no fue sorteado, responde a que todos esos países se adhirieron y ratificaron, como parte, a las Convenciones de Naciones Unidas, sobre las drogas tóxicas que ya he enunciado, también porque son países ubicados en el área geográfica a que pertenece Cuba. Además de geográficamente vecinos, la significativa similitud en los diferentes sistemas de derechos, comunes por las raíces históricas que les unen. Entre otros países se logró revisar las legislaciones de Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Venezuela y Ecuador.

Es común en estas legislaciones el tipo delictivo sobre las drogas, como figura agravada al crimen organizado y que se haga referencia a ello en varios de los códigos o leyes respecto al lavado de dinero.

Gran número de países presentan legislaciones especiales, para la regulación del fenómeno de la droga, regulando tanto la parte sustantiva como la subjetiva, dando así tratamiento penal, apareciendo preceptos específicos para el enfrentamiento a los tipos delictivos de drogas, entre los que podemos citar Chile y Bolivia.

Es característico que en la generalidad de dichos países, no es penalizado el consumo de las drogas o sea en dosis personales; no obstante tienen particularidades en su forma de regulación.

En el caso de Perú, lo recoge como posesión impune de droga en su artículo 299 de su Código Penal, regulándolo en la Sección II (Tráfico Ilícito de Drogas), Capitulo III de los Delitos Contra la Salud Pública, y advierte que para determinar la dosis personal, el juez tendrá en cuenta la correlación peso-dosis, la pureza y la aprehensión de la droga.

En cuanto a Bolivia, se trata de la Ley 1008 de 19 de julio de 1988, del Reglamento de las Cocas y Sustancias controladas, en la que se trata de orientar todo el procedimiento, la parte especial y general de este delito, estableciendo penas para aquellos que emplean a menores en la ejecución de hechos vinculados con la droga.

En el caso de Chile en su ley 19806 del 31 de mayo del 2002 sanciona el consumo de drogas cuando sea realizado en lugares públicos o abiertos al público, recintos privados, cuando se hubieren concertado con tal propósito, o sea que no se penaliza cuando se realiza con privacidad de modo personal o sin acuerdo de consumidores.

En sentido general la utilización del método represivo es la principal estrategia que se ha establecido en la lucha contra las drogas. Las penas que se fijan son elevadas, no se permite una adecuación de conformidad con el daño social causado y no existe una graduación de las penas, sino que se dan mínimos excesivamente altos, imposibilitando la aplicación de la ley de manera proporcional a la gravedad del hecho acusado.

Se emplea el Derecho Penal no como la "ultima ratio", sino como primer mecanismo de control. Tipos penales abiertos, sanciones de conductas que normalmente quedarían impunes, ampliación del catálogo punitivo, diccionarios legales conexos y penas mínimas excesivamente altas, solo nos pueden llevar a pensar en un Derecho Penal "Máximo", violatorio evidentemente de principios básicos del Derecho Penal Garantista.

El uso excesivo de la represión en la lucha contra las drogas no ha permitido la obtención de resultados positivos. El consumo sigue aumentando, así como la diversidad de sustancias psicotrópicas, a pesar de ello han surgido voces que claman por la necesidad de crear nuevos órganos policiales especializados, o al menos se les cambia de nombre -como si con ello fuesen a actuar de forma más expedita-; se habla de producir más leyes, incluso de la creación de un Código en esta materia; algunos hasta proponen construir más cárceles.

Es claro que los centros penitenciarios ya no dan abasto, y es que, con la aplicación de este método, las prisiones han visto aumentar exageradamente su población penal, empeorando en dichos centros de "readaptación social", las ya de por si, precarias condiciones de vida.

Es muy posible que un estudio sobre el tipo de personas que están en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas, concluya con la discriminación de ciertos sectores sociales, no sólo por causas directamente relacionadas con la misma sino, sobre todo, por las características estructurales de un sistema penal que es altamente selectivo, y sostenedor-legitimador de las relaciones económico-sociales.
En cuanto a las medidas legales de cada país, desde el punto de vista de la ONU hay convenciones internacionales en las que se señala que el uso de drogas debería ser permitido sólo para fines médicos y se les pide a los países que pongan en práctica sistemas de control para evitar el trafico y distribución de drogas.
En relación a los consumidores, las convenciones no especifican qué medidas internas o sanciones deben adoptar los países.
Se deja que los países tomen sus decisiones, pero se indica que se deben tomar medidas para ofrecer a los consumidores alternativas a la cárcel cuando sea posible. lo que significa servicios de tratamiento y rehabilitación.
Mientras tanto, los verdaderos líderes de las organizaciones dedicadas a este negocio disfrutan tranquilamente los grandes placeres de éste mundo, evadiendo con facilidad la acción de la justicia mediante su exorbitante poderío económico, contribuyendo eso sí, directamente a la corrupción de instituciones en cada uno de estos países.

 Estrategias Preventiva. Características a tener en cuenta.

Para lograr tales propósitos resulta fundamental cambiar las políticas y estrategias para combatir las dificultades que ocasiona todo lo relacionado con las drogas.

Debe acudirse a medios de control productores de menor violencia, de forma que, al menos no se agrave la situación de las víctimas. La represión aparte de que ha sido un verdadero fracaso, no responde a nuestra realidad.

Consideramos que la solución no está en aumentar el número de policías y cárceles. Las fuertes sumas de dinero que se invierten en políticas de este tipo, deberían ser aprovechadas de manera inteligente en medidas efectivas, orientadas a solucionar las causas y condiciones que ocasionan el grave problema que es el consumo de drogas, recurriendo a la prevención y a programas terapéutico-asistenciales, así como sociales. Se necesita tomar conciencia y dar respuestas de política criminal alternativa.

Muchos autores consideran que el efecto prohibitivo de las drogas, más bien genera atracción y aumenta el valor del producto en virtud del alto riesgo que genera su comercialización. En algunos países como Holanda y Suiza se ha puesto en práctica la legalización de la venta de drogas, algo de lo que no somos partidario, en nuestra opinión la autorización de la venta de drogas, no es lo que permitirá el verdadero control del fenómeno, al que ven como la comercialización de un producto, y no como lo que realmente es, una grave pandemia que afecta a toda la sociedad.

Haciendo un recorrido por los países latinoamericanos en relación a la existencia de Estrategias Preventivas encontramos que muchos de estos Estados han adoptado medidas asociadas a estas ideas,

Las experiencias en la esfera de las acciones contra la violencia y el delito avanzan enfrentando muchas dificultades, derivadas en primer lugar de la naturaleza del propio sistema social del cual forman parte esas comunidades.

El Grupo Latinoamericano de Criminología ha asumido proyectos sobre violencia y Derechos Humanos en los sistemas penales, el cual tiene como objetivo la elaboración de Estrategias alternativas para el control social en América Latina, a partir de las realidades concretas de cada país.

Autores como M. Puebla y L. Garcés parten de una concepción de la prevención como estrategia centrada en evitar las oportunidades y riesgos de delinquir. Consideran que el tema de la criminalidad y su prevención no encuentra lugar en la agenda política ni en el campo académico de América Latina y apuntan la fragilidad institucional en la región para prevenir el delito y las consecuencias de algunas otras acciones.

Otros autores como León, R. sustentan su posición en el llamado modelo socio-cultural y afirman que una real política preventiva, por ejemplo en la esfera de la droga, no puede ignorar la estructura económica dentro de la cual viven los consumidores de drogas, que es lo que en materia económica y de subordinación a la dependencia a ella lo que incita a la Tenencia de estas sustancias de forma ilegal.
Por su parte Goffman hace mención a el modelo ético-jurídico como el médico-sanitario adoptan un enfoque en donde las sustancias adquieren un papel predominante. Desde el primer modelo se resaltan los efectos perjudiciales de las drogas estableciendo al mismo tiempo una distinción entre las drogas lícitas e ilícitas. Aquí el consumidor, como se ha dicho en otra oportunidad, es visualizado como un delincuente de modo que esto genera un proceso de estigmatización a nivel moral y ético ya que se asocia a las drogas con la delincuencia.
El modelo ético-jurídico posee una visión individual, al igual que el modelo médico-sanitario, en el sentido que considera al sujeto que consume drogas como un ser vulnerable. El hecho de que aquel modelo plantee un clasificación de las sustancias no va a significar que la elección del tipo de droga que efectúe el consumidor va a estar ligada a la misma. La elección del sujeto es independiente de toda clasificación que se encuentre enmarcada dentro de la legalidad-ilegalidad. No obstante muchas acciones preventivas continúan fortaleciendo dicho mensaje.
Como observamos el problema, la mejor forma de fortalecer los esfuerzos multilaterales de la lucha contra las drogas es integrando también los objetivos sociales e institucionales, pues los efectos nocivos del consumo y tráfico afectan a todos y cada uno de los sectores de la sociedad y a sus instituciones.

La farmacodependencia debe ser encarada con enfoque integral, no como un hecho aislado, ni privilegiando la atención al consumidor, a las drogas, a la producción o al narcotráfico, sino como un proceso en el que intervienen muchos factores: social, económico, legal, comunicaciones, educación, biológico, psicológico, espiritual e inmerso dentro de un contexto que es altamente influyente en la salud integral del adolescente.

Las estrategias, por lo tanto deben comprender todos los niveles de prevención, es decir : la prevención primordial ( promoción de buena salud a través del fomento de factores protectores, refuerzo de potencialidades y fortalezas), prevención primaria, secundaria y terciaria, actuando no solo en la adolescencia sino a lo largo de las etapas del ciclo vital, detectando factores de riesgo en los diferentes ámbitos.

Esta gran tarea requiere del esfuerzo participativo del Estado, del apoyo social de todos los sectores de la comunidad, de instituciones, de profesionales de distintas disciplinas y de los mismos adolescentes.

 Intenciones integracionistas para la lucha contra las drogas
La Ley De Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación De La Droga - ATPDEA (ex- ATPA: Preferencias Arancelarias Andinas), aprobada en el 2002, trata de renovar y ampliar los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de los Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la que según criterio de diversos autores está dirigida a propiciar el incremento de los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e inversión, a fin de fortalecer las economías andinas y promover la estabilidad política, económica y social en la subregión, con la finalidad de definir e implementar alternativas viables de desarrollo, sostenibles a largo plazo que deberán contribuir a la lucha concertada contra el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos.
Al evaluar la propuesta nos percatamos que se convierte en un anzuelo, con el cual pretenden mantener, los Estados Unidos, el control de los territorio comprometidos con el tratado, sin que se logre un resultado impactante en la lucha contra las drogas.
Contrario lo hasta aquí expuesto, consideramos oportuno valorar nuevas aristas, que a partir de un proceso integracionista, sin la intervención de el Imperio y con la participación mancomunada de todos los Estados Latinoamericanos se puede lograr.

En tal sentido por parte de los Estados Latinoamericanos se han venido desarrollando diversas acciones encaminadas a lograr Estrategias Preventivas para la lucha contra las drogas ilícitas.

En este contexto, se puede apreciar que la mayoría de los Estados de la región concertaron varios acuerdos bilaterales y multilaterales de asistencia mutua y se está estudiando la posibilidad de concertar otros.
Fue firmada la declaración en San José firmada por los siete presidentes Centro Americano en 1997, en la que esos Estados se comprometían a desarrollar un plan de acción para combatir problemas comunes relacionados con las drogas y el delito. Se está elaborando una estrategia común para la fiscalización de drogas, sin embargo, y con resultados similares a la anterior, continua sin una solución efectiva a la problemática existente.
En una reunión en la cumbre celebrada en mayo de 1997, los gobiernos de 12 Estados del Caribe, junto con los Gobiernos de Belice, los Estados Unidos de América, Guyana y Suriname, firmaron un acuerdo denominado declaración de principios de Bridgetown. El acuerdo contiene, entre otras cosas, disposiciones para la promoción de programas de reducción de la demanda, para la adopción de medidas contra la corrupción y el lavado de dinero y para el mejoramiento de los sistemas de justicia penal.
Como resultado del plan de acción de Barbados ha sido seguida de varios acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación entre organismos de represión, incluidos varios acuerdos de cooperación marítima. En 13 países y 9 territorios del Caribe se han elaborado estrategias de fiscalización de drogas.
En 1996 se inaugura en Jamaica, en 1996, de un centro regional de capacitación en aplicación de la ley sobre estupefacientes.
En América del Sur, con la excepción de Guyana, que no es parte de la Convención de 1961, todos los Estados de América del Sur son partes en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas.
Se han celebrado en la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay seminarios sobre prevención, fiscalización de productos químicos, lavado de dinero y la función del sistema judicial, y que está previsto organizar seminarios similares.
Con estos elementos, podemos considerar que ellos, constituyen un antecedente de lo que podemos lograr a partir acuerdos justos, objetivos y alcanzables, orientados en lo fundamental a incrementar los niveles de bienestar social en cada uno de nuestros países.
 La Alternativa Bolivariana para las Américas. Una opción para la prevención de las drogas ilícitas.
Aunque hasta la fecha, no se ha abordado el tema, al menos en las informaciones divulgada, si podemos plantear la posibilidad que desde el punto de vista jurídico, social como político puede significar el logro de acuerdos en esta materia, como parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas.
Si partimos del hecho de que para el logro de una labor preventiva, con un carácter transnacional y con el propósito de prevenir los daños que en todos los órdenes ocasiona la droga a nuestras sociedades, se puede traducir conceptualmente en el conjunto de acciones, coherentes, armónicas llevadas a cabo por los Estados, con el total respeto la soberanía de cada uno de los integrantes, en apego a los principios del derecho internacional, orientadas a erradicar las causas y condiciones favorecedoras de el incremento del narcotráfico internacional, el consumo, las cosechas y fabricación de drogas, en donde juegue un papel primordial la eliminación de la pobreza y la elevación de todos los valores de los que puede ser portados el hombre.
Teniendo en cuenta estos aspectos, entonces podemos proyectar elementos que pueden ser tomadas en cuenta para alcanzar tales propósitos y con ello dar un primer paso para lograr la firma de estos acuerdos.
Uno de los objetivos de la Estrategia para la Prevención para las Drogas Ilícitas es fomentar la coordinación y la cooperación orientada a fortalecer y desarrollar políticas nacionales y regionales referidas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Los Principios Rectores de la reducción de la demanda de drogas y medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas se contienen en los compromisos asumidos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Junio de 1998.
Tendrá en cuenta de que el uso indebido de drogas constituye una seria y persistente amenaza a la humanidad y a la estabilidad de los valores sociales y culturales de la sociedad de todos los Estados y que las redes criminales del narcotráfico son una amenaza para la gobernabilidad de las estructuras políticas, económicas y ponen en riesgo la soberanía y la seguridad del Estado
Reconocerá la importancia de reforzar los esfuerzos nacionales por medio de la cooperación entre los estados firmantes, a través del la creación de Proyectos para el Fortalecimiento de los Sistemas de Prevención y Desarrollo de Sistemas Nacionales de Lucha contra las drogas, incluyendo la modernización de las leyes en tal sentido, el perfeccionamiento de las políticas y planes nacionales y la descentralización de la acción preventiva en el uso indebido de drogas .
Deberá recoger que el fortalecimiento de los Sistemas de Prevención, es sustancial para mejorar la coordinación para la planificación y ejecución de las respectivas estrategias nacionales, incluyendo la descentralización de las acciones de control de la oferta y de la reducción de la demanda, y el aporte de toda la sociedad civil en su conjunto.
Apoyar, impulsar y colaborar al más alto nivel político de los Gobiernos, así como coadyuvar con los otros Poderes e Instituciones del Estado, para lograr el desarrollo de las siguientes acciones: fortalecimiento de las políticas de los Estados y desarrollo de sistemas nacionales sobre drogas; modernización de la ley sobre drogas; asignación presupuestaria de acuerdo a las necesidades fiscales de cada uno de los Estados así como a la magnitud del problema de las drogas, para asegurar el fortalecimiento y desarrollo de los Sistemas de Prevención; dotación de personal permanente técnicamente cualificado, de modo que los Sistemas de Prevención puedan ejecutar de manera eficaz el papel de institución rector y coordinador de la política sobre drogas del Estado.
Fortalecer las políticas nacionales sobre drogas para lograr una respuesta eficaz y eficiente por parte del Estado a las amenazas que surgen de la actividad ilícita del narcotráfico y sus actividades conexas que atentan contra la vida, la salud pública, seguridad interna, seguridad externa y desarrollo integral del ser humano y la familia. Esta política ubica el abordaje del fenómeno del combate a las drogas entre las prioridades del gobierno y permite coordinar las acciones de los diferentes poderes del Estado integrados en un sistema de Prevención, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, dentro del espíritu de la responsabilidad compartida.
Dicha política requiere la participación coordinada de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, y promueve la construcción de una sociedad libre del uso de drogas ilícitas y del abuso de drogas lícitas, a través de la participación y la integración en ella de toda la sociedad civil. Además, privilegia la prevención del uso indebido de drogas, especialmente en el sector educativo y comunitario; impulsa la prevención y la sanción del tráfico ilícito de las drogas y de sus actividades conexas, tales como el blanqueo de capitales y el desvío de sustancias químicas dentro de un marco legal moderno y adecuado para enfrentar este tipo de criminalidad.
Desarrollar el sistema Bolivariano de Prevención para las drogas, que se orienta por el principio básico de responsabilidad compartida entre Estado y sociedad, adopta como estrategia la cooperación mutua y la articulación de esfuerzos entre los Gobiernos, monitoreado y evaluado por un sistema de seguimiento eficaz y eficiente.
Este sistema promueve y favorece la participación de las comunidades y entidades locales en las actividades relativas a la reducción de la oferta y la demanda de drogas a través de la coordinación con los Sistemas de Prevención Nacionales.
Igualmente definirá las responsabilidades institucionales de acuerdo a los objetivos de la política y las acciones determinadas dentro de las estrategias nacionales. Estamos convencidos de que sin la integración de las instituciones del Estado y de toda la sociedad en su conjunto para llevar adelante los programas en un sistema único y coordinado, es imposible lograr progresos considerables en esta materia.
Impulsar un ordenamiento jurídico moderno que permita a los órganos de investigación y juzgamiento de los delitos referidos al narcotráfico y actividades conexas, contar con los procedimientos más eficaces para combatir el delito.
Se deberá disponer de la implementación de técnicas especiales de investigación, la creación de estatutos regulatorios y normas sustantivas y procesales para impedir y reprimir el blanqueo de capitales; la posibilidad del comiso y la administración en deposito de los bienes incautados con fines de producción e inversión; el establecimiento de normas de cooperación internacional que permitan, sin mayores dilaciones, procesos de extradición, ejecución de medidas cautelares a pedido de otro Estado, traslado provisional de detenidos a otro país para fines investigativos y validación de las pruebas producidas en el extranjero, entre otras.
El marco jurídico moderno debe crear las herramientas necesarias para desarrollar el sistema de Prevención sobre drogas que aseguren la aplicación efectiva de las políticas nacionales y para permitir a estos coordinar, asesorar y evaluar la ejecución de las estrategias nacionales. Además debe facilitar la creación del fondo de las estrategias nacionales con fuentes de financiamiento específicas y efectivas, incluido el beneficio del comiso definitivo de los bienes del narcotráfico y delitos conexos y el producto de su inversión.
Impulsará con mayor decisión la cooperación bilateral y regional específica, en el marco de acción del Sistema de Integración Bolivariano para las Américas, para enfrentar los efectos nocivos originados por el trafico ilícito de drogas, el desvío de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas controladas, el tráfico de armas, el lavado de activos y el secuestro, impidiendo que los Estados y la región en su conjunto sean utilizados por las organizaciones criminales para el desarrollo de sus actividades.

CONCLUSIONES

Primera : El mecanismo diabólico montado por los Estados Unidos de América en lo que han denominado Guerra contra las Drogas no tiene ninguna funcionalidad y es completamente ineficaz, a pesar de el empleo de un estronduoso presupuesto destinado a esta lucha no tiene ningún fruto sobre la sociedad , que no sea manipular a poblaciones enteras y así justificar su trabajo y mantener la atención de todos lejos de problemas mucho más graves.

Segunda : Se busca a los culpables entre los eslabones mas débiles de la cadena, entre ellos los países del Tercer Mundo, haciendo colapsar íntegramente economías nacionales, desestabilizar gobiernos y crear puntos de conflicto y guerras, produciendo desastres ecológicos irreparables con fumigaciones insostenidas y condenando a países enteros a vivir bloqueados económica y culturalmente, y consecuentemente condenar a todos sus ciudadanos a vivir en la pobreza. No ataca de una forma lógica a todas las esferas sociales y económicas implicadas directamente .

Tercera : A lo largo de estos años de lucha contra éste flagelo, nuestros Estados han estado inmerso en la búsqueda de soluciones preventivas, con resultados incipientes y por ende no se ha logrado disminuir las consecuencias de las actividades relacionadas con las drogas ilícitas, de ahí que sea necesario considerar oportuno una nueva vía que nos permita acortar el camino y con ello llegar con mayor prontitud al fin que nos proponemos, que es igual a plantear un Sistema de Prevención Integrado, dentro del marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

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ALBA.Una opción de lucha contra las drogas

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