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Jurisdicción en Roma

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Trabajo de Derecho Romano, sobre Jurisdicción

Agregado: 28 de ENERO de 2005 (Por Hans Garcia) | Palabras: 3979 | Votar! |
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Categoría: Apuntes y Monografías > Derecho >
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    Publicado por Hans Garcia hagy@softhome.net

     

     

     

     

     

     

     

    “GENESIS Y EVOLUCION DE LA FUNCION JURISDICCIONAL”

     

     

     

     

    I. INTRODUCCION

     

    El presente trabajo de investigación, tiene como título: “GENESIS Y EVOLUCION DE LA FUNCION JURISDICCIONAL”, y está elaborado para la materia de Derecho Procesal Penal II de la carrera de Derecho de la Universidad Salesiana de Bolivia.

     

    En el contenido del mismo, desarrollaremos todo lo referente a la función jurisdiccional en cuanto a la administración del Estado se refiere, remontándonos a sus orígenes, es decir refiriéndose a Roma para llegar a las conclusiones que el tema aconseja.

     

         Espero desarrollar los aspectos mas importantes y relevantes con el tema en cuestión, para que de ésta manera queden absueltas todas las incognitas, caso contrario dejo abierta la posibilidad para la realización de posteriores complementaciones que amplíen o complementen la presente investigación.

    II. DESARROLLO

     

    1. IURISDICTIO, COGNITIO, IUDICATIO

     

    Iurisdictio es una vocablo derivado de ius dicere, pronunciar o decir lo que es derecho en un litigio concreto. El contenido de la iurisdictio así como el de toda la actividad pretoriana está comprendida en la sentencia: "do, dico, addico."

     

    -       Do (o dare) designa la concesión de un juez o árbitro, elegido por las partes o nombrado por el magistrado; también es la facultad de conceder o denegar una acción.

    -       Dico (o ius dicere) alude a todas las declaraciones que el magistrado pronuncia en relación con aquella que es derecho en un proceso determinado; esto es, el derecho que debe ser aplicado.

    -       Addico (o addicere) comprende los actos que atribuyen derechos constitutivos a favor de una de las partes que actúan en el proceso.

     

    Esta facultad era ejercida en el derecho clásico por el pretor urbano, magistratura creada por las leyes Liciniae Sextiae del año 367 A.C. Por otra parte, el pretor peregrino se crea en el año 242 A.C. por la lex Plaetoria de iurisdictione  para ejercer la jurisdicción entre peregrinos o entre ciudadanos romanos y peregrinos. No obstante, esta facultad no era absolutamente exclusiva ya que el pretor podía delegarla a un magistrado inferior sine imperio como eran los magistrados municipales como los praefecti iure dicundo (delegados del emperador), los duoviri (encargados de la potestad suprema citadina, ejercen funciones en casos de manumisión de esclavos, nombramiento de tutor y, como magistrados intervienen en casos de jurisdicción contenciosa; además administran el patrimonio municipal, están a cargo de la defensa militar y pueden eliminar de las listas públicas a decuriones o pontífices indignos), ediles (competentes en los casos referentes a la policía de mercados, abastos y lugares públicos) y los quaestores (administraban la caja pública).

    Distinta de la iurisdictio pretoriana era la iudicatio judicial. El iudex era la persona que decidía, mediante la opinio, cual de las partes litigantes tiene o no derecho y emite la sentencia. Ante él se celebra la prueba, oye los alegatos de las partes litigantes, valora los medios de prueba propuestos y dicta la sentencia. A este iudex se refieren las XII Tablas, pero se presume que con anterioridad existió la figura del arbiter.

    En la época ciceroniana coexisten el unus iudex, los recuperatores (colegio de jueces compuesto por tres o cinco ciudadanos elegidos de la misma forma que el iudex: por acuerdo de las partes o por sorteo. Su origen es de carácter internacional y actuaban en litigios de interés público como lo son los procesos de libertad, delitos de lesiones y de violencia) y el colegio de los centumviri (el más antiguo, responde al número que lo componían: cien miembros o ciento cinco; su competencia se refería a procesos hereditarios. No actuaba en pleno sino por secciones, presididas por cuestiones especiales). Empero, existieron otros colegios judiciales permanentes como los decemviri stilitibus iudicantis, competentes en procesos de libertad y los tres viri capitales, con funciones de policía criminal.

    La cognitio, en cambio, era el conocimiento de causa realizada para dar o denegar una acción, examinar su propia competencia, dar o denegar la posesión de los bienes o decidir sobre cualquier otro recurso que se le solicite.

     

    2. LAS ACCIONES DE LA LEY

     

    El sistema de procedimiento empleado en la Roma del periodo arcaico es el de las acciones de ley, llamado de esa manera por estar enunciados o reglamentados en la Ley de las XII Tablas o en otras leyes; no así los textos que debían pronunciarse y los gestos rituales que los acompañaban. Aunado a esto, los pontífices determinaba los días hábiles del calendario es decir los días fastos, es decir, aquellos durante los cuales podía acudirse ante el magistrado en procura de justicia y los nefastos, durante los cuales sería imposible.

    Las acciones de la ley son de dos clases: ejecutivas y declarativas. Al primer grupo pertenecían la manus iniectio o legis actio per manus iniectinem y la pignoris capio o legis actio per pignoris capionem (toma de prenda); al segundo, la legis actio per sacramentum (acción de la ley por apuesta o por el juramento sacro), la legis actio per condictionem (acción de la ley por requerimiento) y la legis actio per iudicis arbitrive postulationem (acción de la ley por petición de un juez o un arbitro).

    Las acciones ejecutivas tienen aplicación en aquellos casos en que no se requiere la opinión del juez respecto a la existencia de un derecho sino la aprobación del magistrado para ejercer, posteriormente, la violencia privada contra quien estando obligado a ello no se comporta de la manera esperada impidiendo así la realización del derecho a su justo titular. Es el caso del acreedor, reconocido como tal, que no ha podido, por los medios ordinarios, conseguir que el deudor solucione la obligación contraída.

    Según Gayo, las acciones de la ley son cinco, a saber: por apuesta sacramental, por petición del juez, por condición, por aprehensión corporal y por toma de prenda. Las tres primeras eran contenciosas porque daban lugar a una contienda procesal entre actor y demandado mientras que las dos últimas son ejecutivas.

    Legis actio per sacramentum

     

    Era la más antigua y consistía en una apuesta sacramental dónde quien resultara vencido en el pleito perdía, a título de pena, el dinero de dicha apuesta en favor del pueblo, para lo que se presentaban fiadores. Esta acción tenía dos modalidades:

     

    -       actio legis sacramento in rem, que servía para reinvindicar una cosa propia sea mueble, semoviente, inmueble o persona in mancipium. Este procedimiento seguía una tramitación ritual ante el magistrado que se presenta como un recuerdo de la antigua lucha o duelo entre las partes. Según Gayo "la reclamación se hacia de la siguiente manera: el que reclamaba la cosa llevaba una vara en la mano y asiendo el objeto, por ejemplo, el esclavo, decía así: 'afirmo que este esclavo me pertenece en propiedad civil por causa legítima, como lo digo, ante ti lo someto a mi vara,' y al decir esto ponía la vara encima del esclavo. El adversario, por su lado, decía y hacia otro tanto. Una vez que las dos partes habían reclamado con esta solemnidad, el pretor decía: 'dejad uno y otro al esclavo' y ellos lo dejaban. El que había reclamado primero, preguntaba a su adversario: 'te pido que digas por que causa legítima has reclamado.' Este contestaba: 'como propietario que soy, he impuesto mi vara.' Luego decía el demandante: 'tu has reclamado sin derecho y por ello te reto a una apuesto sacramenta de quinientos ases [el valor podía cambiar]' y el adversario, a su vez: 'yo a ti.' "[1]

    -       legis actio sacramento in personam, utilizada para afirmar un derecho de obligación.

    Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

     

    Aparece mencionada en las XII Tablas  para reclamar deudas nacidas de una sponsio y estipulación y para pedir la división de la herencia. El rasgo más importante del procedimiento es la desaparición del sacramento y así como la indicación de la causa en la que el demandante basaba su reclamo.

    "El demandante decía: 'afirmo que me debes dar diez mil sestercios a causa de un contrato verbal. Te pido que digas si es verdad o no. El adversario decía que no era verdad, y el demandante decía: 'dices que no, y por ello, a ti, pretor, te pido que nombres un juez o un arbitro."[2]

    Legis actio per conditionem

     

    Es la menos antigua de las acciones de la ley. Fue establecida por una lex Sila del siglo III A.C. para reclamar deudas ciertas de dinero y por una lex Calpurnia de a mediados del siglo II A.C. para reclamar cualquier cosa cierta. Aquí el demandante no tenía obligación de expresar la causa de su reclamación y se limitaba simplemente a solicitar la comparencia del demandado a los treinta días con objeto de elegir el juez.

    2.1. Fase ante el magistrado o in iure

    Citación (in ius vocatio)

     

    La in ius vocatio es la citación del demandado para que acuda ante el pretor. Cuando el demandado no quiere acudir ante el pretor al ser citado, hemos visto que el demandante puede echarle la mano, es decir, ejercer un acto de violencia física sobre la persona del demandado y conducirle de esta forma ante el pretor.

    Aparece la figura del vindex, un fiador que garantiza la comparecencia del demandado. Las XII Tablas disponían quién podía ser vindex y de quién debía serlo en relación a la solvencia de él mismo y del demandado. Podía ocurrir, además, que los litigantes hubiesen acudido ante el pretor, por tanto, también el demandado, pero que las actuaciones procesales no hubieran finalizado en ese mismo día. Por ende, el demandado estaba obligado a presentar otro fiador, llamado vas para que garantizase la comparecencia en el nuevo día señalado.

     

    Litis contestatio y designacion del juez o jueces

     

    Después de la comparecencia celebrada por las partes ante el magistrado, si el proceso continuaba por no haberse producido la confessio o in iure cessio, los litigantes actuaban ante el magistrado de conformidad con las declaraciones solemnes que correspondiesen según la legis actio ejercitada. Estas declaraciones eran acreditadas ante testigos, acto formal que constituía la litis contestatio.

    La designación del juez o del arbitro se procedía por común acuerdo entre las partes o mediante sorteo. Los centumviri y los decemviri actuaban como jueces en este procedimiento para posteriormente confiar al juez, árbitro o jueces el poder de juzgar el caso concreto.

    Fase ante el juez o apud iudicem

     

    Se reanudaba el litigio con una breve recapitulación de los hechos que habían dado lugar a la reclamación, en los comicios o en el foro. No obstante, si una de las partes no comparecía antes del mediodía, perdía el litigio.

    En materia de pruebas, era trascendental que los hechos fueran probados. Los litigantes, además, tienen el deber de aportar las pruebas necesarias de los hechos que alegan; el juez no tiene obligaciones de suministrar los medios de prueba, no de realizar una investigación acerca de los mismos. Estos medios de prueba son: las declaraciones de las partes bajo juramento y los testigos pero en épocas posteriores cobraron importancia los documentos y las pruebas realizadas por los peritos, especialmente las que tenían relación con los procesos hereditarios. El juez, por su partem debe someterse en ciertos casos a reglas determinadas con objeto de apreciar y valorar los medios de prueba aportados por las partes.

     

    La sentencia

     

    El juez jura que fallará el juicio y lo decidirá con arreglo a derecho, pero siendo los árbitros ciudadanos particulares sin conocimientos jurídicos, era frecuente que acudieran en consulta a un jurisconsulto.

    La sentencia, en el caso de la legis actio sacramentum, decide cual de las partes ha ganado la apuesta sacramental, en las demás puede ser condenatoria o absolutoria mientras que en las acciones divisorias (de la herencia, de la cosa común y en la acción del deslinde), la sentencia constituye derechos a favor de cada interesado al haber procedido a la división de cosas que eran comunes y adjudicarlas ahora en partes divididas.

    La ejecución de la sentencia

     

    Legis actio per manus iniectionem

     

    La acción por aprehensión corporal es una de las más antiguas juntamente con la acción de ley por apuesta sacramental. Consiste en un procedimiento ejecutivo que procedía cuando un deudor no cumplía la sentencia dictada por el juez o en caso de la confesión, ya que esta equivalía a una sentencia; y también en algunos casos era concedida por leyes especiales. Al no pagar, el acreedor se lo llevaba a su casa por sesenta días y le ataba con cadenas que no podían pesar más de 15 libras. Durante estos tres días sucesivos debía llevarlo a los comicios y proclamar en público la existencia de la deuda. Si nadie había pagado la deuda, transcurridos los sesenta días, el ejecutante podía venderlo como esclavo o darle muerte.

    La lex Poetelia Papiria del 326 A.C abolió la prisión por deudas, incluso en el caso de ejecución de la sentencia. Sin embargo, las leyes Publilia y Furia trataban de la acción corporal, estableciendo respectivamente la manus iniectio al deudor principal a favor del fiador y ciertas disposiciones de la fianza.

     

    Legis actio per pignoris capionem

     

    Consiste en el apoderamiento de algunos bienes del deudor, sin necesidad de una previa condena y constituye un procedimiento ejecutivo. Los casos en que puede ser utilizada esta acción especial tienen un marcado origen sacral y público que se remonta a las XII Tablas. Estas establecían la pignoris capio contra el que habiendo comprando una res para sacrificarla  a los dioses no pagó el precio y contra el que no paga el alquiler de una caballería, siempre que tal alquiler se hubiese destinado a un sacrificio a los dioses.

    Sumadas a estas condiciones una ley censoria estableció la pignoris capio en favor de los publicanos o cobradores de impuestos del pueblo, contra los que deben algún impuesto legítimo y también de manera consuetudinaria en favor de los soldados.

     

    3. JURISDICCIÓN

     

    La definición que podemos tener de Jurisdicción es: La potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben decidir, es la actividad del Estado encaminada a la actuación del D° Positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto; su instrumento específico es el Poder Judicial.

    1. Históricamente se ha dividido en tres facultades, la notio, conocer el asunto sometido a su resolución, la vocatio (potestad de llamar a juicio), coertio (potestad de constreñir al cumplimiento del rito procesal; la juditio facultad de juzgar propiamente dicha aplicación del derecho al caso concreto y el imperium poder ejecutar lo juzgado, que este a su vez se divide en mero que es el poder para hacer efectivas las sentencias en las causas en que recayere pena de muerte, mutilación a destierro, y mixto para poder ejecutar las sentencias dictadas en los juicios civiles o en los criminales cuando la pena impuesta era inferior a las indicadas.

    La Jurisdicción se diferencia de la competencia en que la primera es el genero y la segunda en que es la especie.

    1. Hay otra división en la historia de la Jurisdicción, se les conoce como secular y eclesiástica, pero en la actualidad esta última ha desaparecido en la generalidad de los países; la secular se subdivide en común (cuando es ejercida por motivos de interés general, arrancando sus principios de la administración de justicia) y privilegiada o especial (limitada a ciertas causas y personas, por razón especial y privilegio).

    2. Otra división es la J. Ordinaria es la que se da para casos generales y la J. Extraordinaria en donde le es atribuida la potestad de administrar justicia a autoridades judiciales distintas de las ordinarias.

    3. Ahora bien por razón de su materia se divide en civil y penal o criminal que viene siendo la J. Civil que esta a su vez se divide en J. Contenciosa (entre personas, resuelve una divergencia de carácter jurídico) y J. Voluntaria (no supone oposición de intereses). Por razón de su origen en retenida y delegada, es un tipo de monarquía absoluta, el jefe de Estado no es sólo el origen de la jurisdicción, sino que puede ejercerla personalmente (retenerla) y por delegación a las personas u organismos que estime convenientes. En la actualidad, la justicia se administra en nombre del Estado (o de la Ley), o del jefe de Estado, pero no personalmente por éste, sino por órganos específicos (juzgados o tribunales). Por razón de su ejercicio se divide en propia (conferida por la ley a los jueces y magistrados por razón del cargo que desempeñan); delegada arbitral (ejercida por encargo o comisión de quien la tiene propia); forzosa (que no puede ser prorrogada ni derogada); prorroga (la atribuida a un juez o tribunal por voluntad de las partes de acuerdo con la ley, en cuyo caso lo que se prorroga es la competencia).

    4. También se ha dividido en acumulativa o preventiva que es la que se le otorga a un juez para que a prevención con el que fuere competente, pueda conocer los asuntos de competencia de este, residiendo, por lo tanto, la jurisdicción en dos o más jueces al mismo tiempo (dentro d los limites indicados) y en la segunda o mejor dicho privativa es la atribuida por la ley a un juez o tribunal para le conocimiento de un asunto determinado o un genero determinados de ellos, con prohibición o exclusión de todo lo demás.

     

    En los estados federales la jurisdicción se clasifica en federal y local (también ordinaria o común). La federal se ejerce sobre todo el territorio nacional, de acuerdo con las normas constitucionales y la local tiene su actividad limitada al territorio de la entidad federativa que corresponden a los juzgados o tribunales que se ejerzan.

    La Jurisdicción Concurrente  conoce indistintamente a elección del actor, bien los jueces o tribunales locales del orden común; se origina en el citado articulo de la Constitución en virtud que el Poder Judicial Federal tiene una doble función, la propiamente constitucional (proteger las garantías individuales frente a las autoridades y mantener en órbita a la justicia) y la función ordinaria (dirigida a interpretar y aplicar la ley como cualquier juez).

    Los árbitros constituyen un órgano jurisdiccional accidental, integrados por jueces no profesionales, encargados de administrar justicia en un caso concreto, juzgar.

    Calamandrei

    El Poder Legislativo se manifiesta en establecer nuevas normas jurídicas; el jurisdiccional se manifiesta en hacer observar en concreto las normas establecidas.

    En el acto administrativo, aquí persigue los intereses y el jurisdiccional satisface el interés de otro.

     

    4. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

     

    Vicente y Caravantes

     

    Diferencia entre Jurisdicción Voluntaria y Jurisdicción Contenciosa

     

     

     

    Jurisdicción Contenciosa

    Jurisdicción Voluntaria

    Se ejerce entre personas que acuden a juicio contra su voluntad por no estar de acuerdo con sus pretensiones.

    Se ejerce entre personas que se hallan de acuerdo sobre el acto que se ejecuta o la solicitud de una sola persona a quien le importa la practica de algún acto.

    Se verifica con un conocimiento legítimo de causa.

    Sólo con conocimiento informativo.

    Se ejerce pronunciando un fallo o providencia de lo que resulta expuesto por las partes.

    Sólo se pide al juez la intervención de su autoridad para dar fuerza o eficacia al acto.

     

    En la Jurisdicción Voluntaria desde el momento de la contestación, la solicitud es promovida y se hace oposición por alguno que tenga personalidad para formularla, se convierte en contenciosa.

     

    Características:

    • Jurisdicción Voluntaria: Informativas, son lo medios propios para ilustrar la conciencia del juez (datos personales).

    • Jurisdicción Contenciosa: Legítima, es la prueba judicial (según lo que resulte del proceso).

    Guasp

    Organo de la jurisdicción que actúa como administrador (D° Privado).

    Castro

    Siguiendo la ideología de Wach nos hace mención de que es una actividad ejecutiva realizada por los órganos judiciales encaminada a tutelar el orden jurídico mediante la Constitución y por lo tanto frente a todo el mundo.

    Orbaneja y Herce

    Nos dice que si en España a los jueces y a los tribunales se les asigna una función regulada por un libro de Ley de Enjuiciamiento Civil y para su apoyo usen preceptos del Código Civil y el Código de Comercio, es un acto de carácter administrativo.

     

    La Doctrina Francesa niega la Jurisdicción Voluntaria.

    Solus y Perrot

    Es un acto de la naturaleza híbrida que esta en mitad de un acto administrativo (por razón de su objeto) y uno jurisdiccional (por razón de su forma).

    Cuche y Vicent

    Nos dicen que la Jurisdicción Voluntaria es un acto administrativo.

    Chiovenda

    Distingue la Jurisdicción Voluntaria de la Jurisdicción Contenciosa en que en la primera no hay partes, ya que es en esta donde se dan uno o varios solicitantes, mientras que en la segunda existen procedimientos sin contradicción.

    Carnelutti

    Jurisdicción Voluntaria tiene como finalidad vigilar y controlar la actividad jurídica de los particulares.

    Juez actúa para la satisfacción de un interés publico que tiene por objeto la buena administración de los bienes privados.

     

     

    Calamandrei

    Esta en una zona entre la función jurisdiccional y la administrativa, nos dice que son órganos que ejercen una de las tres funciones de soberanía, por excepción, funciones que sustancialmente pertenecían a una de las otras dos funciones existentes.

    Deberían de clasificarse como jurisdiccionales pero debido a sus fines y efectos se clasifican en administrativos.

    J. Voluntaria: Administración ejercida por los órganos jurisdiccionales.

    J. Contenciosa: Es jurisdicción, es una actividad social.

    "El límite entre una Jurisdicción Voluntaria y la otra Contenciosa es el acto jurisdiccional que tiene como finalidad constitutiva de nuevas situaciones jurídicas"

    Rocco

    Actividad administrativa.

    Kisch

    Especie de administración de D° Privado en el cual se aplica razones de oportunidad y convivencia.

    Rosenberg

    La diferencia sólo puede tener base sobre el D° Vigente

    Relación:

    JV <->JC

    Igual procedimiento (viceversa)

     

    III. CONCLUSIONES

     

    Actualmente, el dogma de separación de poderes apadrinado especialmente por Montesquieu durante la Ilustración, ha insistido concretamente en que la protección y la seguridad de los ciudadanos  exige que los tribunales sean independientes de las posibles presiones del poder ejecutivo, y que los jueces estén sometidos sólo a la ley y no puedan recibir, por tanto, ordenes en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. En Roma y Bizancio no existió tal separación y ni tal ideal, tal como lo demuestra la existencia de diferentes tribunales para tratar la asignación de tutores para ricos y pobres.

     

         El mundo tuvo que evolucionar mucho para encontrar el balance expresado en el sistema de contrapesos, paradigma que pregona un judicial independiente fuera de la esfera de los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo. Si bien es cierto que en Roma existió derecho procesal antes de aquella igualdad ante la ley, fue para suplir aquella necesidad de rutina que el hombre necesita para sentirse cómodo con su entorno.

     

         El derecho procesal, como tal, tiene un origen relativamente reciente y se da especialmente por las doctrinas kelsenianas que buscan la integración del derecho positivo como único fuente de derecho, sin embargo, el extremismo ha llevado al traste tan noble ideal, especialmente con la tesis de Radbruch: en un conflicto entre la justicia y el derecho positivo, regularmente se le dará la razón al derecho positivo salvo cuando esta ley sea “insoportable”. El concepto de aequitas ha sido reemplazado por un literalismo que en palabras del mismo autor puede tornarse insoportable.

     

         Hoy en día, cuando vemos un incremento en el rol del órgano judicial en nuestras democracias, debemos estar conscientes de la historia que llevó a los tribunales a su privilegiada posición contemporánea. Antes, la corte era la salvaguarda de las costumbre y de los dioses ancestrales; hoy es la última línea de defensa de la Constitución y los derechos humanos; pero igual, todo tuvo un origen… un comienzo que empezó, a paso firme y decidido, en los parajes que protege el Monte Aventino.

     


    BIBLIOGRAFÍA

     

    1.   TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO. Eugene Petit.

    Edit. Albatros. Bs. As. 1985.

     

    2.   DERECHO ROMANO I. Juan Carlos Ghirardi. Edit. Eudecor. Córdoba. 1993.

     

    3.   MANUAL DE DERECHO ROMANO. Luis Rodolfo Argûello. Edit.

    Astrea. Bs. As. 1998.

     

    4.   LEZIONI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO. Giuseppe Grosso.

    Editore G. Giappichelli. Torino. Italia. 1965.

     

    5.   DERECHO ROMANO. Ricardo Panero Gutiérrez. Tirant lo blanch libros.  Valencia. 1997.

     

    6.   DERECHO PROCESAL. José Gaspar Gómez Fleitas. Edit.

    Intercontinental. Asunción. 1998

     

    7.   INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL. Adolfo

    Alvarado Velloso. Edit. Rubinzal – Culzoni. Bs. As. 1997.

     

    8.   DERECHO PROCESAL (Parte general). Hugo Alsina. 2da edición. Bs. As. 1963.

     

    9.   TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. James Goldshmidt. Edit Labor.



    [1] Gayo 4.16 citado por García Garrido, Manuel; Derecho Privado Romano.   

      Manuel García Garrido © 1989 p. 190

    [2] Gayo 4.17 a citado por García Garrido, Manuel; Derecho Privado Romano.

      Manuel García Garrido © 1989 p. 191

     

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