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El Beneficio de litigar sin gastos

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EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. SU PROCEDENCIA EN ORDEN A LAS PERSONAS JURIDICAS

Agregado: 10 de JULIO de 2006 (Por ERICA FRANETOVICH) | Palabras: 10116 | Votar! |
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Categoría: Apuntes y Monografas > Derecho >
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    Autor: ERICA FRANETOVICH (efranetovich@yahoo.com.ar)



    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

    FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

    SECRETARIA DE POSGRADO Y SERVICIOS A TERCEROS

    ERICA IRMA FRANETOVICH

    EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
    SU PROCEDENCIA EN ORDEN A LAS PERSONAS JURIDICAS.

    CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL CIVIL

    SANTA FE 2005

    INDICE:


    I.- INTRODUCCION.

    II.- COSTAS.-

    II.-1. CONCEPTO

    II.-2. CARACTERIZACION

    II.-3.FUNDAMENTO

    II.- 4. LAS COSTAS Y EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

    III.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.-

    III.-1. CONCEPTO

    III.- 2. FUNDAMENTO

    III.-3. FINALIDAD.

    III.-4. REQUISITOS.

    III.-5. CLASES DE POBREZA

    III.-6. EFECTOS.

    IV.- EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y LAS PERSONAS JURIDICAS.-

    IV.-1. LAS PERSONAS JURIDICAS

    IV.-2. SU PROCEDENCIA EN ORDEN A LAS PERSONAS
    JURIDICAS.

    IV.-3. LA BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO

    IV.-3.1. PRIMERA SOLUCIN: CLARIDAD SOBRE QUIN PESA LA
    CARGA DE LA PRUEBA

    IV.3.2. SEGUNDA SOLUCIN: LA CONCESIN PARCIAL DEL
    BENEFICIO

    IV.-3.3. TERCERA SOLUCIN: APLICACIN DE COSTAS EN LOS
    INCIDENTES.

    V.- CONCLUSION.

    VI.- INDICE ALFABETICO

    VII.- BIBLIOGRAFIA.

    I.- INTRODUCCION.-

    Ante el alto costo de promover acciones judiciales en Argentina, el beneficio de litigar sin gastos se ha convertido en un instituto ya no excepcional sino rutinario en nuestra prctica procesal. Sin desconocer los beneficios que l acarrea, al permitir accionar a personas que de otra manera no podran hacerlo, es ampliamente conocido que en la actualidad el mismo facilita la promocin de demandas totalmente desprovistas de fundamento y que persiguen resultados econmicos a travs del hostigamiento del demandado a quien se coloca en una situacin de desigualdad.
    El objeto de este trabajo consiste en reflexionar acerca de la procedencia de la Declaratoria de pobreza en relacin a las personas jurdicas de existencia ideal tornando operativos los derechos individuales de igualdad ante la ley y de defensa en juicio. El mismo pretende ser un pequeo aporte para los estudios sobre el tema, garantizando el derecho de defensa en juicio para todos los justiciables, entendiendo que el ejercicio irregular de las reglas del proceso en el trmite que nos ocupa cercena la legtima defensa del demandado.-
    Como lo ha sealado la Suprema Corte de Mendoza, la carta de pobreza tiende a hacer efectiva la igualdad real frente a la desigualdad econmica de las partes, pues aunque todos somos iguales ante la ley, la ley no es lo nico que rodea al hombre ni el solo mvil de sus actos; por ello, si no se facilitara el acceso a la justicia de los menos pudientes, quedara comprometida la defensa en juicio garantizada por la Constitucin nacional.-
    Y siendo que, en este sentido, la institucin objeto del presente ha sido usada frecuentemente en forma abusiva por quien cuenta con recursos econmicos suficientes para afrontar los gastos de un litigio, resulta necesario un anlisis respecto de la oportunidad de su concesin a dichos entes.
    Por ultimo, y para introducirnos en el tema objeto de estudio se analiza prima facie las costas del proceso, ya que justamente las erogaciones o gastos de las que se vera eximido el peticionario del beneficio son las comprendidas en el concepto de costas, para continuar con el beneficio de litigar sin gastos y finalmente con la posibilidad de su concesin respecto de los mencionados entes.-

    II.- COSTAS.-

    II.-1. CONCEPTO

    Las costas o gastos causdicos son los gastos procesales que tienen al proceso como causa inmediata y directa de su produccin, como son el sellado de actuacin, el impuesto de justicia, los honorarios de los abogados y procuradores de los peritos, etc y que deben ser pagados por las partes que intervienen en l.-


    II.-2. CARACTERIZACION
    Del concepto expuesto se puede advertir que son tres los elementos que conforman la definicin:
    gastos procesales: Las costas constituyen una parte de los gastos procesales, son una especie de un gnero ms amplio que abarca todos los desembolsos de carcter econmico que puede producir el proceso.
    que tienen al proceso como causa inmediata de su produccin: son los gastos que originan en la sustanciacin del proceso ya sea para su iniciacin como durante la tramitacin del mismo.
    que deben ser pagados por las partes: por todas las personas fsicas o jurdicas que intervienen en el proceso o instancia respectiva.


    II.-3. FUNDAMENTO

    Es ampliamente conocido el fundamento de dicha figura procesal desarrollada por el maestro Chiovenda y que consiste en que la actuacin de la ley no debe representar una disminucin patrimonial para la parte a favor de la cual se realiza, y ms precisamente el fundamento de la condena en costas se encuentra en el hecho objetivo de la derrota.-


    II.-4. LAS COSTAS Y EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

    El art. 83 del Cod. Proc. Civil y Com. de la Nacin, y asimismo el Cdigo Procesal de la Provincia de Entre Rios que lo sigue, establece: Hasta que se dicte resolucin la solicitud y presentaciones de ambas partes estarn exentas del pago de impuestos y sellado de actuacin. Estos sern satisfechos, as como las costas, en caso de denegacin.
    El tramite para obtener el beneficio no suspender el procedimiento, salvo que se pidiere en el escrito de demanda.-
    La norma se refiere al beneficio provisional hasta tanto se resuelva el pedido de beneficio de litigar sin gastos; durante el tramite respectivo la ley coloca provisionalmente al peticionario y a la otra parte en una situacin de igualdad. En virtud del beneficio provisional que la norma citada otorga a ambas partes, estas estn exentas del pago de impuestos y sellado de actuacin correspondientes, tanto al tramite de la peticin cuanto al proceso principal.-
    En atencin a la ndole excepcional de la franquicia establecida, hay que interpretar el parr. 1 de los arts. 80 y 83 con criterio estricto, esto es con apego a su texto.-
    En caso de denegarse el beneficio, el solicitante debe pagar las costas del incidente originado en su pedido, as como los impuestos que hubiere debido pagar de acuerdo con las etapas cumplidas en el proceso principal, sin perjuicio de obtener su reembolso en caso de condena en costa a la contraria. Respecto de los honorarios de los letrados intervinientes el mencionado articulo, condiciona su pago al supuesto de que se deniegue el beneficio de litigar sin gastos, es decir que deja en suspenso la ejecucin de los honorarios durante el tramite del incidente, pero una vez denegado, la ejecucin puede seguirse adelante renaciendo los efectos suspendidos durante ese lapso. Se ha eximido de costas al solicitante del beneficio denegado, si pudo creerse con derecho a hacerlo.-
    Teniendo en cuenta el carcter incidental y contradictorio del trmite de beneficio de litigar sin gastos, como principio, corresponde aplicar las disposiciones del art. 69 del Cod. Procesal de la Nacin. En consecuencia, si hubo oposicin efectiva de la demandada a la concesin del beneficio, o ha ofrecido pruebas tendientes a desvirtuar las ofrecidas por la actora, en caso de hacerse lugar al beneficio, las costas respectivas deben imponerse a la demandada vencida.-
    En cambio, si el demandado no se ha opuesto al pedido del actor, ni ha ofrecido contraprueba, el acogimiento del beneficio debe ordenarse sin imposicin de costas, las que, en principio, seguirn la suerte del juicio principal y debern ser soportadas por el vencido, tal como ocurre con las medidas cautelares. Tal parece ser la solucin mas equitativa y adecuada para este particular asunto, en el que se analiza una situacin fctica del accionante que el demandado normalmente no conoce. Y por otro lado, como lo advierten muchos autores, el trmite del beneficio constituye una actividad necesaria para que el actor ejercitara su derecho de defensa.-
    Si el beneficio se concede, tiene los alcances que marca el art. 84 del Cod. Proc. Nacional, pero debe tenerse en cuenta que el pedido de beneficio no altera las actuaciones precluidas. El mencionado art. 84 establece en tal sentido: El que obtuviese el beneficio estar exento, total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deber pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia mxima de la tercera parte de los valores que reciba.
    Los profesionales podrn exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente, en el caso y con la limitacin sealada en este articulo.-
    La primera parte de dicho artculo seala los alcances del beneficio: el que lo hubiera obtenido estar exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Conforme lo ha sealado la Corte Suprema, el beneficio abarca las erogaciones que demanda la tramitacin de la causa, pero no a las sentencias que reconocen derechos no comprendidos en dicho concepto. El instituto en cuestin tiende a asegurar que la parte que se encuentra en una posicin econmica difcil como para afrontar los gastos derivados de un proceso judicial no se vea impedida de hacer valer sus derechos, procurando as hacer realidad la garanta de defensa en juicio y el principio de igualdad ante la ley.-
    Marca esta parte de la norma que el beneficio tiene vigencia hasta que se cumpla la condicin resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna. Ocurrida esta condicin y ante el mejoramiento de fortuna del beneficiario, pierde sentido el beneficio de litigar sin gastos, razn por la cual renace su obligacin por el pago de las costas o gastos judiciales. Pero el hecho de que el interesado actu con beneficio de litigar sin gastos no significa que no puedan serle impuestas las costas, sino que solo tendr que pagarlas cuando mejore de fortuna.-



    III.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.-

    III.-1. CONCEPTO

    El Beneficio de litigar sin gastos es la franquicia que se concede, a ciertos justiciables, de actuar sin la obligacin de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o solamente provisional, en virtud de la carencia o insuficiencia de recursos.
    Para el Procesalista Lino Palacio se configura el beneficio de litigar sin gastos, cuando sea por disposicin directa de la ley o por concesin judicial otorgada tras la demostracin de que, en un caso concreto, concurren ciertos requisitos que aquella establece, se dispensa a una o ambas partes, en forma total o parcial, definitiva o provisional, de la responsabilidad por el pago de los gastos que ocasiona la sustanciacin del proceso.-
    En el caso de una disposicin directa de la ley, puede fundarse a su vez en el carcter que reviste la parte. As gozan del beneficio las siguientes personas: 1) la nacin, las provincias, las municipalidades y sus respectivas dependencias administrativas; 2) los bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales; 3) las asociaciones y entidades civiles que no persigan fines de lucro.-
    En cuanto a la terminologa utilizada en los Cdigos Procesales para denominar este instituto encontramos Declaratoria de Pobreza, Carta de Pobreza, Beneficio de Litigar sin Gastos y/o Beneficio de Justicia Gratuita.-
    En el orden del acceso a la justicia es importante el concepto de pobreza. Pobre, procesalmente hablando, es la persona que no puede satisfacer los gastos judiciales y a la que se la habilita para que pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales. Sin embargo, la omisin de toda referencia a dicho concepto resulta acertada por ser el mismo contingente y relativo, dejndose librada a la apreciacin judicial, en cada caso concreto, la carencia de recursos de quien invoca el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso.
    Asimismo, resulta mas apropiado hablar de beneficio de litigar sin gastos que declaratoria de pobreza, porque esta puede resultar un tanto peyorativa, y prestarse a equvocos interpretativos.-


    III.-2. FUNDAMENTO

    Se trata de una institucin establecida a favor de quienes por insuficiencia de medios econmicos, no estn en condiciones de afrontar el pago de los gastos que necesariamente implica la sustanciacin del proceso.-
    Su fundamento tiene origen en dos preceptos de neto corte constitucional. Por un lado, en el principio de igualdad de las partes en el proceso: con el se parte de la base de que estas ultimas se encuentran en una sustancial coincidencia de condiciones o circunstancias, comprendiendo entre ellas las de tipo econmico.-
    Por otro lado, se basa en la necesidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la garanta constitucional a la defensa en juicio, contemplando as la posibilidad de ocurrir ante algn rgano judicial en procura de justicia. Resulta evidente que la posibilidad de acceder a la justicia se vera frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en condiciones econmicas de requerir a los jueces una decisin acerca del derecho que entiende los protege, asegurando la prestacin de justicia a los pobres y a los ricos sin distincin.-
    En este sentido, la carta de pobreza tiende a hacer efectiva la igualdad real frente a la desigualdad econmica de las partes, pues aunque todos somos iguales ante la ley, la ley no es lo nico que rodea al hombre ni el solo mvil de sus actos, el hombre con la igualdad jurdica no come ni da de comer a su familia, no se abriga ni viste a los suyos. Si no se facilitara el acceso a la justicia de los menos pudientes, quedara comprometida la defensa en juicio garantizada por la constitucin nacional.-
    Como ha sealado Couture, merced a esta institucin se asegura la prestacin de justicia a los pobres y a los ricos sin distincin. Incluso se ha interpretado que dicho beneficio tiene una verdadera funcin cautelar al salvar el obstculo que significa la condicin de inferioridad econmica de su titular, al observar el principio de igualdad de las partes en el proceso.-
    Uno de los requisitos de una sociedad democrtica es el acceso a la justicia sin distincin de situaciones econmicas, ya que una justicia solamente para los ricos es la negacin de la igualdad ante la ley.-
    Por otra parte no es una dadiva o una extrema generosidad por parte del estado, proviene de una base constitucional, que se asienta en el derecho a la jurisdiccin, ya que la constitucin no puede contener meras normas declarativas. Se procura que la administracin de la justicia este al alcance de todos, para que el derecho a la jurisdiccin se haga efectivo, para quien pretende acceder a la justicia y, para que aquella alcance a todos los ciudadanos igualmente.-


    III.-3. FINALIDAD

    Su finalidad es mantener la igualdad de las partes, si con razn de la inevitable desigualdad de fortuna de los litigantes eventualmente encontrados, uno de ellos no tiene bienes suficientes para solventar su actuacin judicial, asegurando as sus derechos ante la justicia a quien carece de recursos materiales para litigar.-
    Constituye un instrumento que garantiza el derecho a la jurisdiccin, de la que se encontraran privados los carentes de recursos, si debieran afrontar las erogaciones propias de un proceso judicial; el derecho a la jurisdiccin se encontrara cercenado, si no pudiere ser ejercido a causa de una situacin econmica precaria. Como consecuencia de ello, el beneficio libera de aquellos gastos sin los cuales el derecho a obtener un pronunciamiento judicial, que es lo que se pretende tutelar, se frustrara; toda presentacin, todo acto procesal que deben ser precedidos o requieran una erogacin de carcter impositivo, provisional, profesional, etc., pueden realizarse por el beneficiario sin que se le exija el pago; no otra cosa significa litigar sin gasto, estos son los gastos de cuyo pago esta exento el titular de esta franquicia procesal, hasta que mejore de fortuna. Por el contrario, satisfecho el derecho a la jurisdiccin, es decir obtenida la decisin judicial final, el instituto ha cumplido su finalidad: por lo que las consecuencias patrimoniales del litigio concluido, son ajenas al beneficio de litigar sin gastos y no estn comprendidas en el. La condena en costas, impuesta al beneficiario por aplicacin de los principios que la rigen, no constituye gasto para litigar, sino consecuencia de haber litigado y resultado vencido en el pleito.-


    III.-4. REQUISITOS.-

    En cuanto a los requisitos de procedencia tanto el Cod. Procesal de la Nacin como el de la Provincia de Entre Ros exigen a los efectos de la concesin del beneficio, la concurrencia de los siguientes requisitos:
    carencia de recursos econmicos e imposibilidad de obtenerlos.
    necesidad de reclamar o defender un derecho ante la justicia.
    que el derecho a defender sea propio del solicitante del beneficio, de su cnyuge o de sus hijos menores.
    Respecto de este recaudo, se deja librado al prudente arbitrio judicial, en cada caso en particular, la determinacin de la suficiencia o insuficiencia de los recursos del peticionante para afrontar los gastos causdicos del proceso.-
    Ambos Cdigos suministran al juez una regla de juicio, al decir, que no obstara a la concesin del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos, con lo que se excluye la necesidad de que el solicitante del beneficio de litigar sin gastos se encuentre en estado de indigencia o de extrema pobreza.-
    A diferencia de algunos ordenamientos los mencionados ordenamientos no hablan de pobreza, que constituye un concepto difcilmente definible, y dejan librada a la apreciacin judicial, en cada caso concreto, la determinacin de la suficiencia o insuficiencia de los recursos del interesado para afrontar los gastos del proceso de que se trate. Suministra sin embargo una pauta general a la que debe atenerse dicha apreciacin, en tanto establece que no obstara a la concesin del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para su subsistencia, cualquiera fuera el origen de sus recursos.-
    Su procedencia en todos los casos, debe juzgarse en relacin directa a la importancia de la demanda (cualitativa y cuantitativa) y a la situacin socioeconmica del peticionante, distinguiendo la carencia genuina de recursos de la ausencia de liquidez. Ello, por cuanto la idea no es la gratuidad, sino la aplicacin de un criterio prudente y equitativo, para evitar que la desigualdad y marginacin se trasladen al mbito jurdico.-


    III.-5. CLASES DE POBREZA.-

    La doctrina reconoce la existencia de dos tipos de pobreza a considerar:
    Pobreza Objetiva: refiere al caso de indigente incapaz de afrontar las cargas econmicas de cualquier proceso judicial.-
    Pobreza Proporcional: refiere a la incapacidad econmica para hacer frente a las erogaciones propias de la tramitacin de este o aquel proceso en particular.-
    Los elementos que integran el concepto legal de pobreza son de ponderacin objetiva y deben interpretarse ampliamente, haciendo jugar en su caso otras circunstancias que pueden ocasionar la imposibilidad de sufragar los gastos del proceso. Es decir que para que pueda declararse judicialmente la pobreza del litigante no es menester que se halle en estado de indigencia, pues el artculo refiere a una situacin patrimonial que no le permita pagar los gastos de justicia aun cuando tenga ingresos superiores a los indicados en la norma, si acredita tener cargas de familia u otras circunstancias. Indudablemente es elemento a tener en cuenta la cuanta del reclamo a promover por el solicitante del beneficio. Resulta absurdo que, para poder litigar, una persona se vea forzada a vender su hogar o su automotor.-
    La mayora de los Cdigos procesales establecen como requisito de procedencia del beneficio la demostracin de la carencia de recursos, pero resulta pertinente determinar el alcance de la expresin carecer de recursos ya que si bien para un criterio comn se encuentra en esa circunstancia aquella persona cuyos medios econmicos no exceden lo necesario para procurarse una existencia digna, en un sentido jurdico no se trata de demostrar un estado de indigencia, mas tambin es cierto que la excepcin debe ser otorgada ante la efectiva imposibilidad de sufragar los costos del proceso sin convertirse en una franquicia que en vez de ser excepcional se ha tornado de uso habitual para desmedidas pretensiones.-


    III.-6. EFECTOS.-

    El efecto de la concesin del beneficio consiste en que el beneficiario queda exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales, hasta que mejore de fortuna. En consecuencia, el beneficio comprende el derecho de no abonar suma alguna en concepto de sellado de actuacin y de impuesto de justicia; de que se publiquen los edictos en el diario oficial sin pago previo; de obtener medidas cautelares sin otorgar caucin, de ser representado y defendido por el defensor oficial, sin perjuicio de que el interesado prefiera hacerse patrocinar o representar por abogado o procurador de la matricula.-
    En el supuesto de que el beneficiario resultare vencedor en el pleito, debe sin embargo pagar las costas y gastos causados en su defensa hasta la concurrencia mxima de la tercera parte de los valores que reciba. De manera que si el beneficiario vencedor se hubiese hecho patrocinar o representar por abogado o procurador de la matricula, y se hubiese declarado el pago de las costas por su orden, dichos profesionales podrn proporcionalmente, exigir a su cliente el pago de los honorarios. En el caso de que la parte contraria haya sido condenada al pago de las costas, los profesionales que han patrocinado o representado al beneficiario pueden: 1) Exigir a aquella el pago total de sus honorarios; o 2) Exigir el pago, proporcionalmente, al beneficiario, sin perjuicio de derecho de repeticin que incumbe a este contra su adversario.-
    El otorgamiento del Beneficio de Litigar Sin Gastos no impide la imposicin de costas, sino solo su cobro mientras el beneficiario no mejore de fortuna. El beneficio no otorga pues la indemnidad absoluta y permanente, sino que su objetivo es permitir litigar para defender sus derechos a las personas que no tienen los recursos necesarios para solventar un proceso. No procede asimismo deducir el Beneficio de Litigar Sin Gastos para liberarse de afrontar el pago de las costas a que fuera condenado, por cuanto, si bien esa medida puede invocarse en cualquier estado de la causa, no debe perderse de vista la ratio legis que otorga fundamento al art. 78 y s.s. del C.P.C.C.N..-
    Tambin el cdigo prev en su art. 80 la concesin del beneficio en forma provisional. Dicha exencin provisional comprende a ambas partes en funcin del principio de igualdad, alcanzando el pago de impuestos y el sellado de actuacin comprensivo de la tasa de justicia-, los que sern satisfechos en caso de denegacin. El fundamento del beneficio se basa en la conveniencia de posibilitar desde el inicio el ejercicio del derecho de defensa, que de otra manera se vera efectivamente frustrado.
    Entiende Palacio que tal exencin de gastos comprende tanto el tramite de la peticin como el proceso principal, criterio que no es unnime, pues tambin se ha considerado que la exencin del pago de impuestos, sellados y costas comprende nicamente los gastos derivados del incidente para obtener el beneficio y no los del proceso principal. Ello asi por cuanto se extendera el efecto del incidente del beneficio al principal respecto de aquella parte que no lo ha solicitado. Esta posicin resulta razonable si se observa que carecera de sentido primero extender la exencin en el principal a ambas partes mientras tramita el incidente para luego limitarla a aquella que lo solicito, retirndole a la contraria el goce de un beneficio que, por otra parte, nunca haba solicitado.
    1. Slo es posible la eximicin parcial de los gastos causdicos cuando el tribunal se pronuncie en definitiva sobre la estimabilidad del pedido de concesin del beneficio de litigar sin gastos. Slo all podr el juzgador evaluar las circunstancias de hecho demostrativas de la relativa solvencia patrimonial del peticionante, previa valoracin de la prueba demostrativa de tal extremo y en funcin de ello resolver la medida (total o parcial) de la concesin del beneficio.
    Por ello, la anticipada exencin de costos judiciales impuesto por el art. 103 del Cd. Procesal, (ahora acotada en funcin de la innovacin introducida por la ley 8656, a las "medidas cautelares, conservatorias o urgentes", o a los supuestos en los que la parte contraria impulse el trmite del proceso principal; o, igualmente, cuando dicho impulso sea oficioso), ser siempre otorgado en forma ntegra, sin parcializaciones de ningn tipo, toda vez que es ese el efecto inmediato que se deriva de la sola peticin del beneficio.
    2. Para los sustentadores de la "tesis restrictiva", segn la cual, el Cdigo Procesal Civil no autoriza a la concesin parcial del beneficio de litigar sin gastos, el nico costo susceptible de ser objeto de eximicin parcial ser la tasa de justicia, toda vez que a dicho rubro se refiere exclusivamente, la nica norma que (segn la aludida lnea de pensamiento) habilita el otorgamiento fraccionado del beneficio. Los restantes rubros componentes del "costo judicial" (tales como: aportes colegiales y previsionales, honorarios de abogados, peritos etc., etc.), seguirn siendo objeto de concesin o rechazo total, pues no habra norma alguna que prescribiera expresamente tal alternativa.
    3. Para quienes piensan, en cambio, que el beneficio de litigar sin gastos, an antes de la reforma que comentamos, era susceptible de otorgamiento parcial ("tesis amplia"), advertimos que la modificacin legal bajo anlisis no agrega ni quita nada. Sin embargo, es oportuno apreciar las distintas maneras en que es factible parcializar el otorgamiento del beneficio.
    Veamos:
    a) A primera vista, la forma ms simple de parcializar la concesin del beneficio de litigar sin gastos es limitando la magnitud de la exencin, a un porcentaje del total de las erogaciones que correspondan, o a una suma determinada, cuya trascendencia patrimonial ser mayor o menor, conforme a la capacidad de pago del justiciable.
    b) Sin embargo, como la ley nada establece sobre el punto, no es la aludida la nica manera de "parcializar" la concesin del beneficio de litigar sin gastos. Tambin es posible fraccionar el privilegio eximitorio de costos causdicos mediante la exencin total de pago de ciertos rubros, e imponiendo el pago total de otros. As, se ha otorgado en forma parcial de beneficio cuando se ha eximido al litigante del pago de los aportes previsionales, colegiales y fiscales, pero no el de los honorarios de los abogados intervinientes en la causa.
    c) Por ltimo, debemos sealar que la cuestin relativa al otorgamiento parcial del beneficio presenta algunas dificultades en su implementacin prctica, que se irn disipando (esperamos) sobre la base de las directrices legales que derivan del derecho judicial prctico.
    As, por ejemplo, en relacin a ciertos rubros, cuya mensuracin econmica se conoce con exactitud al tiempo de resolver el incidente de beneficio de litigar sin gastos (como la tasa de justicia, entre otros), el juez no tendr mayores inconvenientes en cotejar la trascendencia pecuniaria de la erogacin, y la aptitud patrimonial del litigante, en funcin de lo cual podr, sin mayor hesitacin, determinar la "medida" de la eximicin de pago.
    Sin embargo, otros conceptos, integrativos tambin del gnero "gastos de justicia" (como el de los honorarios profesionales por ejemplo), recin podrn ser cuantificados al tiempo de fallar la causa principal o incidental, mas sern desconocidos, en su exacta importancia patrimonial, al momento de sentenciar el proceso de eximicin de gastos. Ante tal eventualidad, cmo precisar la amplitud (total o parcial) de la eximicin?; qu ocurrira si el justiciable se encuentra capacitado para afrontar, parcialmente el costo de la tasa de justicia, pero impedido en trminos absolutos para el pago de los honorarios?
    Creemos que la concesin total o parcial del beneficio debe establecerse en funcin de la capacidad de pago del justiciable, en relacin a los costos ciertos que condicionan en forma inmediata el ejercicio del poder de accin (pago de la tasa de justicia, caja de abogados y colegio de abogados). Si luego, su impotencia patrimonial le impidiera el pago, en cualquier porcentaje, de los honorarios que se encontraran a su cargo, en mrito a la condena en costas de que sea pasible, deber solicitar una ampliacin del beneficio, en los trminos del prr. 1 del art. 106 del Cd. Procesal. En tal supuesto, la concesin total del beneficio tendr efectos eximitorios de los honorarios ya devengados, puesto que actuara como una ampliacin de los efectos (slo parciales) del beneficio acordado con anterioridad.



    IV.- EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y LAS PERSONAS JURIDICAS.-

    IV.1.-LAS PERSONAS JURIDICAS.-

    El Codificador define, en el art. 32 del Cdigo Civil, a las personas de existencia ideal o personas jurdicas como los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia ideal.
    A su vez, clasifica a las personas jurdicas segn sean de carcter publico o privado, y dentro de las de carcter privado quedan comprendidas tanto las asociaciones y fundaciones que tienen por principal objeto el bien comn, y que se utiliza como criterio para distinguirlas de las otras personas jurdicas privadas enunciadas por el cdigo como son las sociedades civiles y comerciales, que tienen un fin de lucro y que comprenden las diversas formas societarias reguladas en el Cdigo de Comercio.
    El art. 33 in fine, reconoce la calidad de personas jurdicas privadas a las sociedades civiles y comerciales y a las entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorizacin del estado para funcionar. Al reconocerle esa capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones la ley supone la posesin de un patrimonio pero no ya solo como un atributo de la personalidad como en las personas fsicas sino como un requisito de la existencia misma de dichos entes, ya que en virtud del principio de especialidad que los rige ellos solo existen y tienen capacidad para cumplir los fines para los que fueron creadas ya sea fin de lucro o de bien comn como en el caso de las asociaciones y fundaciones. Por ello el patrimonio es necesario para cumplir esos fines y la ley se los exige al momento de su constitucin.-
    Esta exigencia de un patrimonio efectivo para la existencia de la persona juridica es la que origina la discusin objeto del presente trabajo, y que suscita distintas opiniones respecto de la posibilidad de que dichos entes carezcan de recursos.


    IV.2.- SU PROCEDENCIA EN ORDEN A LAS PERSONAS JURIDICAS.-

    El rgimen del beneficio de litigar sin gastos reglado en el Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Rios, otorga legitimacin para impetrar dicho privilegio a los que carecieren de recursos..." sin formular distincin de ninguna especie entre personas de existencia fsica y personas de existencia ideal, lo cual autoriza a concluir, sin cavilaciones de ningn tipo, que dicho privilegio poda ser impetrado, indistintamente para cada una de las categoras sujetos de derecho aludidos. En el mbito de la justicia nacional, la jurisprudencia haba sido contundente en el sentido de admitir el derecho de las sociedades y asociaciones a peticionar y obtener (en su caso) la exencin de gastos causdicos, con el aditamento simplemente, de un mayor rigor en orden a la apreciacin de las circunstancias que tornan procedente la concesin del beneficio, siendo francamente minoritaria la tesis segn la cual, las sociedades y asociaciones carecen de legitimacin para reclamar el cobijo del mentado beneficio.
    En este sentido el Cdigo Fiscal de la Provincia de Entre Ros, no formula distincin alguna, respecto de la posibilidad de peticionar la concesin del beneficio, entre las personas fsicas y de existencia ideal. As, el citado Codigo, en el art. 230, inc. 6 prescribe la eximicin del pago de la tasa de justicia respecto de las actuaciones administrativas o judiciales promovidas por personas que acten con carta de pobreza". Por ello, las personas jurdicas, se encuentran en un pie de igualdad con las personas de existencia fsica, gozando del derecho a peticionar y obtener, en su caso, el amparo protector de la exencin de gastos causdicos en estudio.
    Las razones de dicha postura son:
    a) La norma que excluya a las personas jurdicas del conjunto de justiciables legitimados para la peticin de exencin de gastos judiciales es inconstitucional, toda vez que -por un lado- fractura el derecho a la igualdad (art. 16 de la Constitucin Nacional), puesto que se concedera a cierta categora de justiciables (las personas de existencia fsica), prerrogativas que a otra categora (el de las personas jurdicas) se les niega, sin que existan razones que justifiquen tan grave discriminacin.
    b) Por otro lado y si bien no es el caso del Cdigo Fiscal de la Provincia de Entre Ros, los cdigos que niegan dicho beneficio a las personas jurdicas tambin resultan inconstitucionales. Represe que la imposicin de tributos, tasas y erogaciones de distinta ndole, no obstante condicionar la prestacin concreta del servicio de justicia, son constitucionales, slo en la medida en que el justiciable impedido de asumir tales costos, goce de los remedios legales aptos que faciliten la prestacin del servicio de justicia sin la exigencia del previo pago de los referidos tributos, allanando de tal forma todo obstculo econmico que le impida o condicione el ejercicio del poder de accin.
    Por ello, si las personas jurdicas, en su condicin de tales, no disponen de remedio alguno que los exima del pago de los tributos y costos de justicia, de forma tal que la impotencia patrimonial acte como una cortapisa insuperable para esa categora de sujetos de derecho, nos encontraramos ante un claro supuesto de violacin de normas constitucionales, toda vez que no habra servicio de justicia para la sociedad o asociacin sin disponibilidad patrimonial suficiente.
    Advirtase que no existe norma legal alguna que nos permita suponer que el derecho constitucional de acceso a la justicia o el de defensa en juicio reconocen una tutela menos intensa respecto a las personas de existencia ideal que en relacin a las personas de existencia visible. Por tanto, para algunos autores, si se pensara que la privacin del servicio de justicia a la sociedad o asociacin impedida de asumir los costos del proceso no afecta garantas constitucionales, deberamos asumir idntica conclusin cuando el privado del derecho a la jurisdiccin, por razones econmicas, sea una persona fsica, lo cual, como bien sabemos, resulta insostenible en el estado de evolucin que muestra hoy el derecho constitucional y procesal constitucional.
    Ms an, en determinados sistemas procesales, ciertas personas jurdicas (como las asociaciones sin fines de lucro), en atencin a los fines altruistas o de bien comn que persiguen, encuentran facilitado su derecho de acceso a la jurisdiccin (en comparacin a las personas de existencia ideal), toda vez que de por s, sin necesidad de acreditar un estado de insuficiencia patrimonial, se hallan eximidas del pago de los gastos de justicia. Tal es el caso, por ejemplo, del Cdigo Procesal Civil y Comercial de Mendoza. Ante esta realidad, resulta ms evidente an la repugnancia constitucional que produce la idea de una persona jurdica privada por motivos patrimoniales de acceder a un adecuado servicio de justicia.
    A su vez, encontramos diversas soluciones a nivel jurisprudencial, reconocindose que la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos no se agota en quien es indigente o pobre de solemnidad, pudiendo abarcar a todo aquel que demuestre que no esta en condiciones de sostener los gastos del proceso y del pago del honorario, sin comprometer los medios de su propia subsistencia y la de su familia, y corresponde tanto a las personas fsicas, nacionales o extranjeras como a las personas jurdicas. Pero, respecto de estas ultimas, la jurisprudencia es dispar, se ha dicho que tratndose de una sociedad annima constituida con diversos fines, con muy exiguo capital y carencia absoluta de bienes muebles e inmuebles, sin desarrollar actividad alguna, ello, lejos de permitir un acceso al beneficio de litigar sin gastos, lo impide, pues no se encuentra en situacin de quien, por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permita litigar en defensa de sus derechos hasta que cambie su situacin. El otorgamiento del beneficio exige una mnima intencin de superar su indigencia y no prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas. La sociedad de responsabilidad limitada que solicita el Beneficio de Litigar sin Gastos debe, por lo menos, exhibir los estados contables que reflejen y acrediten su situacin patrimonial.-
    En lo que respecta a la normativa legal del art. 78 del Cdigo Procesal, la jurisprudencia sostiene que el mismo no distingue entre personas de existencia visible e ideal; ergo, la pertenencia a esa ltima categora no obsta, en principio, a la concesin del beneficio de litigar sin gastos; tampoco el carcter comercial de la misma. Ms ser necesaria la demostracin de que la persona de existencia ideal carece de medios econmicos para afrontar los gastos causdicos y le es imposible obtenerlos mediante el ejercicio de su propia actividad. La sociedad comercial debe contar, para la consecucin del objeto para el cual se form, con una infraestructura siquiera bsica y elemental, acorde con el giro mercantil dirigido necesariamente a la produccin o intercambio de bienes o servicios (Art. 1 Ley 19550). Esta circunstancia distingue a la persona de existencia ideal mercantil del comn denominador de los litigantes, pues contando con una estructura orgnica y funcional dirigida a obtener beneficios lucrativos, la imposibilidad de obtener recursos para afrontar demandas vinculadas con sus relaciones comerciales puede constituir, eventualmente, imposibilidad de consecucin del objeto para el cual se form (Art. 94, inc. 4 ley cit.), pero nunca verdadera carencia de medios o imposibilidad de obtenerlos en el preciso sentido tcnico que a tales expresiones le cabe en el marco de los cit. arts. 78 y ss. C.P. Slo puede obtener el excepcional beneficio quien se encuentra imposibilitado de obtener recursos por causas que le son ajenas y que no dependen de su propia voluntad.-
    Asi se han receptado diversas soluciones, la Cmara de Apelaciones de la Ciudad de Concepcin del Uruguay en autos Nieser Argentina S.A. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos ha dicho: El beneficio de litigar sin gastos no puede concederse a quien carece de liquidez o perdida del capital de giro o trabajo- ya que este es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela referida.-
    En este sentido, una postura minoritaria le niega a la sociedad comercial la posibilidad de obtener el beneficio de pobreza -Cam. Nac. Civ., Sala E, 18.12.1974, Rebasa C/Piwen y Cia.- en tanto que una postura mayoritaria, considera que es posible el otorgamiento del beneficio de pobreza a una sociedad comercial, requiriendo que la acreditacin de la carencia de recursos de la misma se efectu mediante balances y libros de comercio Diario e Inventarios y Balances Cam. Nac. Com., Sala D, 24.08.1987.-
    Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que la declaracin de pobreza es una institucin que debe ser enfocada con un criterio casustico; tiene sus principios generales aplicables a todos los casos, y una adaptabilidad de los mismos en funcin de su anlisis frente a cada caso concreto en cuanto hace a la posibilidad efectiva o no de lesionar la garanta constitucional de acceso a la justicia.-
    . Por mi parte, considero que no existe ningn impedimento para conceder el beneficio de litigar sin gastos a las personas jurdicas en general y a las sociedades comerciales en particular. En primer lugar, el otorgamiento del beneficio del carcter de sujeto de derecho a las personas de existencia ideal por el art. 33 del Cd. Civil y por el art. 2 de la ley 19.550 a las sociedades comerciales, cualquiera fuere su tipo o clase, despeja todo tipo de dudas al respecto, sin que obste a lo expuesto la limitacin que surge de esta ltima disposicin legal, pues las restricciones impuestas por el legislador mercantil al expreso reconocimiento de la personalidad jurdica de las sociedades comerciales se circunscriben exclusivamente al mal uso o utilizacin desviada o indebida de dicho recurso tcnico, pues aceptado que la compaa mercantil tiene un patrimonio propio e independiente del patrimonio de sus integrantes, lo cual es consecuencia directa de su carcter de sujeto de derecho, mal puede negarse a las mismas la posibilidad de recurrir judicialmente en defensa de la integridad de ese atributo de su personalidad. Tampoco es necesaria una mayor prudencia por parte de los jueces en el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, cuando la peticionante fuere una sociedad comercial.
    No dudo que el beneficio de litigar sin gastos constituye un beneficio excepcional, pues involucra la desaparicin del riesgo de pagar las costas de un proceso, pero nada autoriza a distinguir a los fines de su otorgamiento entre personas de existencia fsica o personas de existencia ideal, pues la condicin de "carente de recursos suficientes" es aplicable a todos aquellos que tienen patrimonio, como lo son las sociedades comerciales, por expreso reconocimiento legal (art. 2, ley 19.550). La nica distincin que cuadra imponer en torno al otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos en caso de una sociedad comercial es la inadmisibilidad de recurrir a ciertos medios de prueba de discutible idoneidad en general, como es la prueba de testigos, siendo razonable la exigencia, expuesta reiteradamente por nuestra jurisprudencia, de requerir a las sociedades mercantiles peticionarias de tal beneficio la exhibicin de elementos de juicio provenientes de su contabilidad o al menos, contar con la opinin vertida por un profesional competente en la materia.
    Reconocida la posibilidad de concesin del mencionado beneficio a las personas jurdicas, solo cabe Si bien procede la concesin del beneficio en relacin a las personas jurdicas es necesaria una mayor regulacin tanto en lo que se refiere a los requisitos de procedencia especficos para el caso de las personas jurdicas como a los alcances de su concesin.


    IV.3.- LA BSQUEDA DEL EQUILIBRIO

    La experiencia muestra que son muchos los abusos que se cometen con el instituto del beneficio de litigar sin gastos a punto tal que muchas veces los tribunales parecieran olvidar los derechos de la parte contraria, la que termina teniendo que cargar con una parte importante de las costas del proceso aun en caso de haber resultado vencedora en el pleito principal. Sin embargo, la existencia de estos antecedentes no debe ser motivo para tomar decisiones o para impulsar reformas legislativas que terminen por cercenar el derecho de acceder a la justicia a quienes carecen de recursos.
    La solucin al problema no debe provenir de una respuesta extrema frente a la tendencia permisiva y generosa que hemos mencionado ms arriba, y que implique una restriccin indebida a este derecho.
    En efecto, la respuesta est disponible para los tribunales y surge de la realizacin de un esfuerzo para alcanzar un anlisis concienzudo y profundo de cada peticin. Los jueces deben sentirse libres de todo prejuicio y ser firmes al exigir a los peticionarios que provean los medios probatorios necesarios para tener certeza de la correccin de su decisin; y slo as resolver si conceden o no el beneficio al peticionario, y adems en qu proporcin. Dentro de esta posicin, la "duda" sobre el nivel de recursos del peticionario, slo debera ser fundamento para admitir la concesin parcial del beneficio, en los casos en que el juez se encuentre convencido de que el juicio no podra continuar si se denegara la franquicia por completo.
    A continuacin se tratan tres soluciones parciales que coadyuvaran para alcanzar un mayor equilibrio en la decisin de los beneficios de litigar sin gastos, tal como se predica en este trabajo.


    IV.-3.1. PRIMERA SOLUCIN: CLARIDAD SOBRE QUIN PESA LA CARGA DE LA PRUEBA

    Como se anticipara en el punto anterior, la solucin del problema requiere de un cambio de actitud por parte de los tribunales frente a los incidentes de beneficio de litigar sin gastos.
    Los jueces deben tener en claro que frente al peticionario existe otra parte, y que con la concesin del beneficio se impone a la contraria la obligacin de pagar ciertos gastos, por ms que no hayan dado motivo alguno para la iniciacin del reclamo.
    Los jueces tambin deben tener presente -en todo momento- que es el peticionario del beneficio quien tiene la obligacin legal (y moral) de aportar las pruebas que resulten necesarias para acreditar la carencia de recursos invocada. Fundamentalmente, los jueces deben tener muy en claro, que en estos casos no cabe flexibilizar la prueba porque no existe ningn impedimento de hecho para obtenerla. Cabe preguntarse qu peticionario no se encuentra en condiciones de probar la cuanta de sus bienes y de sus ingresos. Ms an si consideramos que el Cdigo Procesal Civil y Comercial tanto de la Nacin como de la Provincia autorizan todo tipo de pruebas, y que su produccin (incluso los pedidos de informes normalmente arancelados) resulta siempre gratuita.
    Para la doctrina esta cuestin es muy clara y se funda en reconocer que el beneficio de litigar sin gastos es un privilegio restrictivo y excepcional, y que le corresponde al solicitante la carga de la prueba que demuestre la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos.
    Por otra parte, cabe sealar que la reforma al Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin, introducida por la ley 25.488, termin de manera definitiva con el debate acerca de cul era el verdadero alcance del derecho de la parte contraria de participar en el incidente del beneficio de litigar sin gastos. Actualmente se le reconoce a la parte contraria no slo la posibilidad de fiscalizar la prueba del peticionario sino la de ofrecer otras pruebas, en el entendimiento de que la decisin del beneficio acarrear un perjuicio patrimonial concreto para el demandado al colocarlo en una situacin de desventaja procesal respecto del beneficiario.
    Sin embargo, no debe confundirse esta potestad de la parte contraria, con algn tipo de inversin en la carga de la prueba. En efecto, si bien la parte contraria est autorizada a aportar las pruebas que tenga a su alcance, la realidad es que el ejercicio de ese derecho no le resulta nada fcil en la prctica. Generalmente, es muy difcil para la parte contraria poder conocer la forma de vida del peticionario, cules son sus gastos, sus fuentes de ingresos, sus ahorros y sus bienes. Toda esta informacin resulta incluso mucho ms difcil de obtener en aquellos casos en que la parte contraria recin ha tomado conocimiento de la existencia del peticionario al momento de recibir la cdula de notificacin. Adems, gran parte de esta informacin -esencial para el tema a decidir- es confidencial o no se encuentra disponible en registros pblicos, por lo que su conocimiento depende exclusivamente de la voluntad y sinceridad del peticionario.
    As, es poco lo que puede reprocharse a la parte contraria. Ya sea por la aplicacin del principio legal, o por la aplicacin de la teora de las cargas dinmicas probatorias, no existen dudas de que debe ser el peticionario el que aporte la prueba acabada sobre su situacin patrimonial, sin dejar la menor duda al respecto. Cualquier omisin en este sentido resulta solamente imputable al peticionario y no puede beneficiarlo.
    Si se tuviera clara esta cuestin, los jueces se apartaran de la tentacin de invocar "principios" para otorgar el beneficio en casos de "duda".
    En efecto, la solucin correcta de todos estos casos es la de proceder al rechazo de la peticin por falta de pruebas. Afortunadamente, ya existen algunos fallos que sostienen que no puede admitirse una permisividad tal que torne la concesin del beneficio en injusta y altere el equilibrio procesal de las partes por concederlo aun cuando existan dudas sobre el real estado patrimonial del requirente, a partir de los elementos obrantes en el proceso.
    El rechazo se impone adems en los casos "dudosos" por cuanto la resolucin no causa estado y simplemente puede ser revertida mediante el aporte de nuevas pruebas de que ya no son ciertas las circunstancias de hecho tenidas en cuenta al momento de rechazar la peticin.
    La jurisprudencia correcta es aquella que dispone que no corresponde apreciar ligeramente la prueba producida, ya que el juzgador se encuentra habilitado para exigir la concurrencia de todos los elementos de juicio sobre cuya base pueda estructurar el proceso lgico y racional que distingue la "conviccin" de la mera "sensacin".
    Los jueces tienen adems la facultad de ordenar la produccin de prueba de oficio y/o exigir a los peticionarios la presentacin de los elementos que consideren necesarios para evacuar esas "dudas" si es que consideran disvalioso rechazar la peticin por falta de pruebas.
    En este sentido es muy valiosa la tendencia de ciertos tribunales que exigen a los peticionarios la presentacin de una declaracin jurada sobre su situacin patrimonial. Sin embargo, se reconoce -desgraciadamente- que no se advierte una conciencia en el sentido de punir las declaraciones juradas inexactas, por lo que esta buena medida no cumple su cometido en muchos casos.


    IV.3.2. SEGUNDA SOLUCIN: LA CONCESIN PARCIAL DEL BENEFICIO

    Como se ha visto, la justicia del instituto no surge de su propia existencia, sino de la correcta decisin en cada caso en particular, la que deber ajustarse a la verdadera capacidad econmica del peticionario.
    La experiencia demuestra que los tribunales suelen conceder los beneficios en forma total, sin tener en consideracin la capacidad del peticionario de afrontar al menos en alguna proporcin las costas del proceso, y que errneamente dejan reservada la concesin parcial para los casos "dudosos".
    Sin embargo, la concesin parcial del beneficio es la que debera imponerse en todos aquellos casos en que tanto el rechazo como la concesin total impliquen la quiebra del equilibrio que el ordenamiento persigue. Esto por cuanto con el rechazo indebido se desatiende la incapacidad patrimonial del peticionario, y, en sentido opuesto, con la concesin total injusta se destruye el equilibrio buscado de emparejar a los contendientes mediante este instituto, otorgando al peticionario una ventaja frente a la contraria.
    La ley ha permitido una graduacin que va desde un extremo, el pago absoluto, hasta el otro, la eximicin total. Es decir que no ha establecido un sistema bipolar sino uno que genera ms equidad al permitir otorgar el beneficio en forma parcial.
    En efecto, la concesin parcial es la solucin para todos los supuestos en que, de la prueba aportada en el incidente, no surja acreditada la imposibilidad absoluta de afrontar los gastos del proceso. Justamente sta es la finalidad que se tuvo en miras en la reforma introducida en el ao 1967 al Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin, y no cabe aplicarla para otros supuestos.
    Al parecer, la escasez de decisiones que conceden el beneficio en forma parcial estara dada por el modo en que se realiza el anlisis de cada caso. En lo que aqu respecta, en lugar de analizar si el peticionario tiene la capacidad patrimonial de afrontar el total de las costas del proceso (lo que al parecer es lo que se realiza en la actualidad), resultara mucho ms simple y conveniente determinar cunto es lo que s puede afrontar el peticionario, y en su caso conceder el beneficio en todo aquello que exceda esa capacidad material.
    A los fines de dar justicia al instituto no importar si el peticionario puede afrontar el cien por ciento, el veinte por ciento o tan slo el uno por ciento de las costas involucradas, sino simplemente que deba hacerse cargo de la proporcin que est a su alcance.
    Por otra parte, en algunos casos puede resultar complejo determinar de antemano qu porcentaje sobre las costas que se devengarn durante el curso del proceso deber afrontar el peticionario, y puede existir el temor consecuente de que dicho porcentaje termine resultando elevado.
    Para evitar este problema los tribunales pueden perfectamente dictar sentencias que concedan el beneficio de litigar sin gastos en forma parcial, mediante la exclusin de algunos de los rubros que integran las costas o simplemente dejando de lado una suma de dinero determinada que deber afrontar el peticionario en concepto de costas, y que luego se distribuir proporcionalmente entre los rubros que finalmente las integren.
    Sobre este ltimo punto, resulta interesante mencionar la diferenciacin que se formula en algunos fallos entre las costas cuya necesidad de pago puede poner en riesgo el derecho de acceder a la justicia, de aquellas otras que no. As, se ha aplicado el criterio benvolo slo para conceder el beneficio de litigar sin gastos con relacin a la tasa de justicia y otros gastos judiciales (ya que sin su pago no se puede acceder al tribunal), pero se ha rechazado con relacin al pago de los honorarios judiciales, ya que el rechazo con relacin a ese concepto slo conduce a que el peticionario quede sometido -como cualquier otro litigante- a las contingencias del resultado del pleito.


    IV.-3.3. TERCERA SOLUCIN: APLICACIN DE COSTAS EN LOS INCIDENTES

    Hemos sealado ya la parcial indefensin en que se encuentra quien es demandado por una altsima suma por quien goza del beneficio de litigar sin gastos, ante la perspectiva de verse condenado en costas en los incidentes que se generen durante el pleito (incluido el propio incidente del beneficio de litigar sin gastos), aunque finalmente triunfe plenamente en la cuestin principal.
    Esta indefensin se hace ms evidente an si se aplicara la obligacin de tener que pagar el monto de las costas reguladas en un incidente (o de darlo a embargo), a fin de poder proponer otro posterior, obligacin que existe sin perjuicio de que la resolucin del incidente o la regulacin de honorarios haya sido recurrida y no se encuentre firme.
    Ante este problema se vislumbran soluciones posibles desde varios frentes. Una posible solucin sera crear una corriente jurisprudencial que, en procesos de este tipo, no aplique de manera automtica el principio objetivo de la derrota en los incidentes, excepto en aquellos cuya improcedencia sea manifiesta, basndose en la regla de la segunda parte del art. 68 del Cd. Procesal Civil y Comercial de la Nacin.
    Otra solucin sera la de posponer la decisin sobre las costas y la regulacin de honorarios en los incidentes hasta el momento de la sentencia definitiva del proceso principal, donde el tribunal podr apreciar debidamente la verosimilitud del derecho invocado por el actor (sin temor de prejuzgar) y la conducta procesal de las partes al momento de proponer la demanda y los incidentes generados.
    Asimismo, de este modo se procede a efectuar una nica regulacin por todos los trabajos de los abogados, tanto los cumplidos en los autos principales como en sus incidentes, tal como lo recomienda la jurisprudencia.
    Por ltimo, tambin podra solucionarse el problema mediante la correcta determinacin del monto sobre el cual proceder a la regulacin de honorarios.
    Frente a la jurisprudencia que sostiene que en caso de rechazo total de la demanda corresponde tener en cuenta de todos modos, el monto del reclamo, existe otra corriente que distinguir correctamente los distintos tipos de reclamos.
    La propia Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha decidido que si el actor obtuvo el beneficio de litigar sin gastos y la demanda fue rechazada, resulta necesario apartarse del monto reclamado en la demanda para efectuar las pertinentes regulaciones de honorarios, y considerar a tal fin el mximo que estimativamente habra podido representar la indemnizacin por el dao reclamado.
    La Corte Suprema de Justicia de la Nacin tiene en claro que el monto de la pretensin en estos casos es una estimacin meramente subjetiva, formulada sin riesgo ni responsabilidad ulterior para su proponente.
    Asimismo, los tribunales inferiores tambin reconocen que el derecho no ampara la actitud de quien formula reclamos desmesurados, y que con una prudente regulacin de honorarios debe protegerse al demandado que si bien gana el pleito debe pagar los honorarios de sus letrados y parte de los honorarios de los peritos.



    V.- CONCLUSIN

    En este trabajo se han reseado algunos abusos que se presentan en la prctica cotidiana con relacin al instituto del beneficio de litigar sin gastos. Se ha narrado que la causa de estos abusos est dada tanto por la actitud inescrupulosa de muchos peticionarios, como por la actitud generosa de muchos tribunales frente a estas peticiones, los que parecen haber olvidado que sus decisiones perjudican irremediablemente a la parte contraria, la cual -aun sin ser condenada en costas- terminar pagando los honorarios de su abogado y hasta el cincuenta por ciento de los honorarios de los peritos. Bien se podra intentar acabar con el accionar de los peticionarios inescrupulosos mediante la imposicin de sanciones a quienes soliciten beneficios sin tener fundamentos. La reforma introducida por la ley 25.488 ha avanzado en algo sobre este aspecto, pero una vez ms, la realidad de nuestros tribunales es que la imposicin de sanciones es casi inexistente.
    Frente a ello, la otra solucin que se vislumbra -y que se anticipa como ms factible para la idiosincrasia de nuestros tribunales- estara dada por promover un cambio de actitud de parte de los jueces para con el trmite y decisin de estas peticiones.
    Esta nueva actitud, que deber tener en cuenta el derecho de la parte contraria tanto como el del peticionario del beneficio, debera tender a elevar la consideracin que se tiene en los tribunales de estos incidentes, con plena conviccin de que es el peticionario quien debe aportar la prueba necesaria para arribar a una decisin fundada y que decida no slo si el peticionario merece el beneficio o no, sino en qu medida le corresponde.
    Dentro de esta tesitura, la concesin total debera ser la excepcin reservada slo para aquellos casos en los que se haya concluido que el otorgamiento parcial de la franquicia puede conculcar los derechos que el beneficio otorga a los justiciables.
    En efecto, bien cabe esperar que una proliferacin de sentencias que concedan el beneficio de litigar sin gastos slo en forma parcial, y que por ende obliguen a los peticionarios a pagar el "mximo" de sus recursos disponibles (claro est sin afectar "lo indispensable para procurarse su subsistencia"), tenga por efecto reducir la cantidad de reclamos infundados y recomponer el equilibrio que debe existir entre ambas partes del proceso.
    Esta solucin es la que corresponde para una infinidad de casos en los que resulta demasiado rgida la opcin entre conceder el beneficio en forma total a pesar de existir algn activo patrimonial que excede lo indispensable, o rechazarlo, colocando al actor en la imposibilidad prctica de promover la accin. Si existe alguna capacidad econmica, parece razonable que algn riesgo deba correr el actor, por lo menos para que la insolvencia reconocida judicialmente no sea la causa o el incentivo de actitudes aventuradas.
    Es necesario ubicarse en el justo medio, lo que implica conceder el beneficio slo a quien lo necesita y en la proporcin correcta.



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