¿Nuevos contratos sociales para el nuevo siglo?

Autor: Perri (*) - fuente: revista Deutschland - copyright - Zeitschrift Deutschland

El contrato social es un mito de la capacidad del hombre para transformar la sociedad mediante un convenio entre los poderosos y los débiles. ¿Qué reglas norman esos contratos - y cómo cambiarán esos convenios sociales mediante las nuevas tecnologías y las condiciones demográficas del futuro?

En la Europa actual, tanto la izquierda como la derecha utilizan una retórica apocalíptica. Los neoliberales afirman que los "contratos sociales" ~ como la regulación socialdemócrata del mercado laboral y el endeudamiento fiscal en desmedro de los contribuyentes futuros - que el Estado de bienestar convino en la primera mitad del siglo XX deben ser revocados. Los socialdemócratas son de la opinión que las obligaciones centrales contenidas en esos contratos son compromisos sobre determinadas obligaciones entre las clases y que deben ser cumplidos, aunque para ello haya que buscar nuevos medios y caminos. Y los Verdes dicen que el contrato social entre las clases, sobre el que descansa la sociedad industrial, es lisa y llanamente un complot contra la naturaleza. Todos ellos recurren a la retórica del contrato social - lo que en principio nos debiera sorprender.

Cabe señalar que no siempre los hombres creyeron que las sociedades se basaban en contratos colectivos. El núcleo de esta idea tiene poco más de 600 años; recién a la zaga de la Ilustración se convirtió en la idea predominante sobre la estructura básica de las sociedades europeas, y recién en los 250 años pasados se difundió por el mundo. La idea del contrato social es, sin lugar a dudas, un concepto muy particular. Si se entiende esa idea como una afirmación empírica sobre el modo de cómo hacernos política, desemboca en la idea extravagante de que los hombres firman contratos formales que vinculan a las generaciones futuras. Trátese de la eliminación de la pobreza, del apoyo a los ancianos, de la protección del medio ambiente, del endeudamiento público o de la relación entre inversores y asalariados: también implícitamente, las decisiones sobre derechos y obligaciones no se basan sólo sobre cosas que hemos acordado hacer voluntariamente. Probablemente, ninguna sociedad podría funcionar de esta manera.

Pero no hay que tomar literalmente los mitos fundacionales como el del contrato social. Su función consiste en narrar un determinado tipo de historia sobre los esfuerzos de una sociedad, y sobre quién debe rendir cuentas ante quién de cuáles riesgos. El contrato social es un mito prometeico de la capacidad del hombre para transformar la sociedad mediante un convenio entre los poderosos y los débiles. Una función del mito consiste en fundamentar la siguiente reivindicación: la responsabilidad por los acuerdos sociales también debe ir en desmedro de aquellos que obtienen el menor beneficio de ellos. Otra función es fundamentar la reivindicación de que los acuerdos sociales deber ser claros, inequívocos estables e implementables.

Ninguna de estas reivindicaciones puede ser realizada totalmente, con excepción quizá en el país de Utopía. Sin embargo, su ininterrumpida validez explica por qué se mantiene tan tenazmente la idea del contrato social. Pensemos únicamente cuán a menudo se suelen considerar las reivindicaciones morales, en el marco de las relaciones de poder, bajo la perspectiva de un contrato social. Pero dejemos de lado la retórica del "contrato social y en su lugar formulemos interrogantes relacionadas con los acuerdos sociales que reparten las obligaciones y los derechos entre los hombres: ¿Se están disolviendo realmente? En la mayoría de los casos, se trata de la búsqueda de un nuevo equilibrio de intereses y reivindicaciones. Según Mary Douglas, en cada sociedad hay cuatro tipos básicos de solidaridad: jerarquía, individualismo, igualitarismo y fatalismo. Tal como Douglas ha expuesto convincentemente, toda redistribución de cargas a favor de una de esas formas de solidaridad provoca una reacción de las otras.

En las últimas décadas, en muchos países se ha observado una tendencia hacia un mayor individualismo en determinados campos de la vida - por ejemplo en la política ocupacional, de formación de patrimonio o de previsión en la vejez, donde se demanda una mayor responsabilidad propia, o en la política de desregulación, que postula disminuir las limitaciones impuestas a las empresas. Con sus leyes federales de 1996, Estados Unidos es el país que más ha avanzado por esta senda. Sin embargo, muchos Estados han considerado necesario aminorar las consecuencias de una reforma semejante, tomando al mismo tiempo medidas de corte igualitarista para ayudar a aquellas personas que fueron afectadas por esa reforma.

Desde los años setenta, cuando el carácter de las empresas comenzó a ser cada vez más internacional y los ingresos por impuestos empezaron a disminuir, obligando a los gobiernos a caer en una relación de dependencia para con las fuentes de financiamiento privado, ha tenido lugar una redistribución M poder a favor de los inversores y en desmedro de los obreros organizados. No obstante, a pesar de ese renacimiento del individualismo la historia de los últimos treinta años es la historia - no escrita - de un extraordinario crecimiento de la jerarquía o de la re-regulación. En el ámbito global surgieron nuevas, y a menudo muy poderosas, organizaciones que establecieron cánones a escala internacional. Los sistemas de poder gubernativo continental regional como la UE, el Nafta, el Mercosur y la Asean se cuentan entre los grandes proyectos de los últimos treinta años. A pesar de las habladurías de moda sobre el "ahuecamiento" del Estado, también en este período los Estados nacionales han adquirido nuevas facultades regulativas, que la industria por lo menos acepta. Entre esas facultades se cuentan funciones regulativas que significan costos para las empresas, como por ejemplo en el campo de la protección de datos o en el abastecimiento de energía. Desde que en Rusia y en otros Estados surgiera, en los años noventa, un capitalismo que no conoce ninguna ley, se ha transformado la corriente principal de la política de los inversores, y la retórica altamente individualista de los años de Reagan, Mulroney, Thatcher y Douglas ha cedido su lugar a la demanda explícita de un sólido fundamento regulador del orden imperante.

Asimismo, las relaciones entre los ciudadanos y los políticos han cambiado en muchos países: en las décadas después del término de la guerra, en muchos países desarrollados se constató una notable y considerable confianza de los ciudadanos en los políticos. Esa confianza ha disminuido rápidamente en los últimos años - como numerosos sondeos lo demuestran. Ante ese cambio, los políticos han tenido que reaccionar, reformando el sistema de financiamiento de los partidos, estableciendo nuevas reglas formales para solucionar los conflictos de intereses, e incluso introduciendo entidades de regulación en los organismos legislativos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones. De manera similar, en Europa y los EE.UU. ha decaído rápidamente la confianza de los consumidores en que los productos ofrecidos son seguros y sanos. En particular, la industria alimentaría estuvo obligada a reaccionar ante esa desconfianza, implementando un costoso marketing y aceptando una regulación pública, cuyas dimensiones hubieran sido, hasta hace poco tiempo atrás, inconcebibles.

En los treinta años pasados, la relación entre los vivos y los que todavía no han nacido se ha desplazado de una manera imprevista al centro del debate político: para la izquierda, en este contexto los asuntos ambientales han desempeñado el papel decisivo; para la derecha, el creciente endeudamiento público. En los últimos años, la atención se ha concentrado en las consecuencias de la biotecnología y en sus secuelas para las generaciones venideras. Ello conduce a un debate sobre nuestras obligaciones para con los hombres del futuro, que sobrepasará muchos de los límites políticos convencionales. Ante estos asuntos, el mundo desarrollado reacciona de forma jerárquica, regulando las contaminaciones del medio ambiente, estableciendo principios éticos para el uso privado de las nuevas tecnologías de reproducción y, lo que ha sido lo más sorprendente, limitando el poder de los gobiernos de aumentar a su gusto el endeudamiento estatal. Esos instrumentos regulativos no han anulado el mayor desplazamiento de poder a favor de los inversores, sino que le pusieron un contrapeso. A pesar de los desplazamientos hacia una mayor jerarquía, en los treinta años pasados los intereses igualitaristas han experimentado un enorme fortalecimiento, a saber en el campo de las leyes contra la discriminación - por ejemplo en cuanto a la igualdad de oportunidades para las mujeres o minusválidos.

¿Cuáles nuevos desplazamientos traerá el siglo XXI en esos modelos básicos de las relaciones sociales que, osadamente, llamamos "contratos sociales?" Naturalmente, la mayoría de los desplazamientos de los últimos treinta años no ha sido predecible, al igual que los adivinos del año 1900 no pudieron prever la mayor parte de los cambios y transformaciones del siglo XX. No obstante, hay algunas considerables continuidades entre el siglo XIX y el siglo XX. En la Europa del siglo XIX, el acuerdo fundamental formado por el constitucionalismo liberal, la democracia y el capitalismo se difundió inconteniblemente. Es cierto que en el siglo XX hubo reveses terribles, y a mediados de los años treinta la democracia liberal-constitucionalista y capitalista parecía ser un enclave sitiado. Pero, a fines del siglo XX se ha reconocido que las alternativas a esa democracia son verdaderamente espantosas. De esta manera, podemos partir de la base de que ese acuerdo fundamental sobrevivirá incólume el nuevo siglo.

Aunque no podemos predecir los futuros desplazamientos, es posible identificar algunas de las fuerzas que probablemente estarán presentes en ellos. Algunos desplazamientos en las relaciones básicas estarán determinados por las nuevas tecnologías. A menudo se afirma que estaríamos entrando a una nueva época de la información. Sin embargo, ya desde la invención de la escritura nuestra sociedad es una sociedad de la información. Lo nuevo es que hoy producimos, recolectamos y manipulamos informaciones personales en dimensiones industriales. El nuevo siglo no estará caracterizado por conflictos agudos, sino por conflictos crónicos relacionados con la esfera íntima y los derechos de la personalidad. Los hombres siguen preocupados por su esfera privada. A la zaga de la recopilación - cada vez más rutinaria - de informaciones genéticas individuales, la posibilidad de que las compañías de seguros o los empleadores saquen de ellas conclusiones injustificadas va ocupando cada vez más el centro de la atención.

Otros desplazamientos reaccionan ante la presión demográfica. Mientras mayor sea el porcentaje de ancianos en la población total, más crece su poderío como potencial electoral. Se puede predecir otro conflicto en el siguiente asunto: ¿en qué medida se puede exigir a los contribuyentes, a los niños y a los empleadores que asuman los costos de la jubilación? A pesar de la creciente probabilidad de vida de la población en el mundo desarrollado, no está muy difundida la disposición a aceptar una prolongación de la vida laboral. Y mientras cada vez más personas aceptan el principio de invertir dinero para asegurar su existencia en la ancianidad, ese principio mencionado anteriormente no está aceptado en absoluto. Como contraprestación por una prolongación de la vida de trabajo, habrá quizá para los ancianos una protección contra la discriminación, y para los más pobres habrá mayores subvenciones para los costos de cuidados en la vejez.

Es difícilmente sostenible la afirmación de que el "contrato social" que mantiene en pie al Estado nacional será revocado definitivamente en el siglo XXI, pues hemos visto que los Estados nacionales tuvieron que asumir otras funciones reguladoras en el mismo período en que la globalización alcanzó una importancia decisiva. Podemos partir de la base de que se producirán acciones conjuntas de tipo regulativo todavía mayores. En los temas relacionados con la protección de datos, la política de salud y de seguridad, la protección ambiental o los estándares alimentarios hay ya una coordinación extensa por sobre las fronteras. La globalización no conllevará la extinción del Estado nacional, como tampoco el capitalismo del siglo XIX o el socialismo del siglo XX.

El nuevo proceso de búsqueda de equilibrio - y que tendrá las mayores consecuencias - que se producirá en el siglo XXI afectará probablemente la relación entre el capitalismo y aquellas voces que se levanten para defender los intereses de las generaciones futuras, en particular en cuanto a la calidad del medio ambiente y a la biodiversidad. En muchos países, el debate sobre los riesgos ambientales está altamente polarizado. Por una parte, los defensores del principio de la extrema precaución y de la regulación por medio de las prohibiciones, que no es compatible con una economía capitalista. Al otro lado de la trinchera se encontrarán los representantes de aquella ideología que reza "los últimos pagan los platos rotos", que creen que la esencia de la libertad es traspasar a otros los costos de su actuación. Yo espero que en el transcurso de las próximas décadas se desarrolle un debate más inteligente, en el que ambas partes moderen sus posiciones. Una regulación inteligente tiene muchas posibilidades de abrir nuevas oportunidades en el mercado: creando incentivos para las innovaciones, fomentando una retirada continua de las tecnologías contaminantes en los campos donde hay mejores alternativas, definiendo estándares y apoyando una cultura de consumo que favorezca los productos más ecológicos. Estas son, a menudo, las tareas más importantes de un gobierno, antes que promulgar prohibiciones. Ya en nuestros días, la industria del reciclaje es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo desarrollado. En el nuevo siglo, la importancia de un acuerdo a favor de un capitalismo ecológico será aún mucho más considerable.

Es improbable que se restablezca aquel nivel de confianza que gozaron los políticos en los años de posguerra, y por esta razón esperamos que se amplíen las medidas innovadoras destinadas a crear confianza. En muchos campos, los políticos han implantado estándares de rendimientos, así como contratos basados en rendimientos y dispositivos para medir rendimientos. El último gremio profesional que no está sometido a este nuevo sistema son los mismos políticos. Del nuevo siglo podemos esperar una serie de iniciativas que quizá desemboquen en una "carta de los electores", que podría regular todos los aspectos del trabajo político. Así por ejemplo, esa carta podría fijar el plazo que tienen los políticos para reaccionar ante las consultas, su presencia en los parlamentos y también podría acordar la implementación de recursos legales apropiados para demandar judicialmente a los partidos gobernantes en caso de que no cumplan una promesa formulada en su programa de gobierno o en su programa partidario.

Las relaciones sociales fundamentales, que nosotros llamamos contratos sociales, tienen la tarea de manejar la producción y distribución de riesgos - cabe señalar que todas las sociedades son y han sido "sociedades de riesgo", aunque el sociólogo alemán Ultich Beck tenga una opinión divergente. En los hechos, nuestro acuerdo básico sobre una democracia capitalista, liberal y constitucional, ha podido manejar muchos riesgos. Dentro de este marco, nuestras sociedades desplazan el equilibrio entre jerarquía, individualismo, igualitarismo y el camino que postula entregarse a la esperanza de que todo saldrá bien. Sin embargo, cuando nuestras sociedades desplazan algo en una dirección determinada, pronto se ven obligadas a compensarlo mediante un desplazamiento en otras direcciones.

A pesar de ciertos pronósticos nefastos, en mi opinión podemos estar optimistas de que, en el nuevo siglo que se aproxima, estaremos en condiciones de equilibrar nuevamente nuestras relaciones sociales de tina manera que asegure sus pilares fundamentales: una propiedad privada sometida a una regulación democrática, y ésta limitada a su vez por el constitucionalismo liberal. Tenemos muchas razones para suponer que podremos equilibrar nuestras relaciones sociales sin experimentar una catástrofe, de una manera que la sociedad globalizada sea un lugar aceptable para vivir. En los últimos treinta años hemos desarrollado mayores y mejor coordinadas facultades institucionales para encarar esa tarea, como nunca en una época anterior. Sin lugar a dudas, el nuevo siglo nos deparará una cierta ración de catástrofes y reveses, pero con toda razón podemos suponer que, en cuanto a algunos de los principales fundamentos sociales, seremos capaces de manejarnos por lo menos tan bien como lo hemos hecho en la última cuarta parte del siglo XX.

(*) Perri es uno de los principales científicos de Gran Bretaña en el campo de la política social. Trabaja en la Universidad Stratbclyde, y anteriormente fue -junto a numerosas actividades ~ director del "Think-tank" independiente Demos.